La Justicia misionera volvió a ponerse al servicio del poder político y económico de la provincia. Este miércoles 26, la jueza Marcela Leiva dictó una condena aberrante contra los docentes y dirigentes de la CTA Autónoma Mónica Gurina y Leandro Sánchez, por su participación en el Acampe Docente sobre la Avenida Uruguay de Posadas durante las históricas jornadas de lucha de 2024.
Tras prolongar la espera de la sentencia por casi dos horas luego de los alegatos, el Secretario del Juzgado anunció el fallo: 10 meses de prisión en suspenso para Gurina, 8 meses en suspenso para Sánchez, más la imposición de realizar tareas comunitarias.
La reacción no se hizo esperar. Las organizaciones sociales, sindicales y políticas que acompañaron a los acusados repudiaron de inmediato el fallo, mientras los sindicatos docentes no oficialistas convocaron a un paro provincial de 24 horas con asambleas zonales para el jueves 27/11. Además, llamaron a movilizar el lunes 1 de diciembre al Palacio de Justicia, cuando se leían los fundamentos de la condena.
Un mensaje político
La jueza “condenó” a los docentes sobre la base de testimonios de policías, y con la argumentación de la Fiscalía encabezada por la Dra. María Laura Álvarez. Para ellas, Gurina y Sánchez tienen un “poder de direccionamiento total” sobre las protestas docentes, como si miles de trabajadores carecieran de criterio propio.
La defensa anunció que llevará la apelación “a todas las instancias judiciales nacionales e internacionales”.
Pero para los luchadores docentes y sociales de Misiones, el mensaje detrás de la condena es claro: disciplinar la protesta y castigar a quienes se organizan por salario digno, alimentos en las escuelas y condiciones mínimas para enseñar y aprender.
Graciela de Melo: “El poder real no conoce la entrega de estos maestros”
La compañera Graciela de Melo, secretaria del PCR misionero y coordinadora de la CCC provincial, quien estuvo presente en la sala los dos días del juicio, junto a dirigentes nacionales de la CTA A, mientras compañeras y compañeros hacían el aguante fuera del juzgado, decía en las redes sociales: “Dicen que son instigadores, como si los docentes no tuvieran ideas propias para decidir. Los enjuician por cortar una avenida, cuando lo que reclamaban era salario digno y alimentos en las escuelas para que ningún niño tenga que estudiar con hambre”.
La dirigente también apuntó al verdadero trasfondo político de la condena: “Es tristísima la realidad en la provincia: la Justicia queriendo disciplinar a maestros que luchan por salarios y por un plato de comida para los pibes. Salgan al barrio a enfrentar a los narcos que llenaron de drogas a nuestros jóvenes, porque eso sí es delincuencia”.
En referencia directa al maestro Leandro Sánchez, uno de los condenados, de Melo destacó su compromiso social: “Condenaron a un maestro que, además de luchar por salarios y comida para los niños, sale a cocinar y a servir en los barrios populares de Oberá. Evidentemente el poder real no conoce”.
La condena no frenó la bronca ni la organización. Por el contrario, reforzó la convicción de que solo la unidad y la movilización en las calles pueden frenar estos atropellos.
Como señaló Graciela de Melo, reflejando el sentir de muchos: “Mientras persigan a quienes luchan por los pibes, vamos a estar en cada movilización, en cada barrio y en cada escuela. No nos van a disciplinar”.
hoy N° 2088 03/12/2025
