Las imágenes de cámaras de seguridad, junto con testimonios y denuncias de familiares, vecinos y organizaciones de derechos humanos, mostraron el momento en que el oficial Gastón Miño efectuó los disparos. La autopsia confirmó que González murió por lesiones provocadas por proyectiles de munición múltiple en tórax y abdomen, lo que derivó en severas hemorragias internas y externas.
La respuesta comunitaria fue inmediata: se autoconvocaron familiares, vecinos, movimientos sociales y organizaciones políticas en el barrio para exigir justicia por Gabriel, denunciando el hostigamiento cotidiano de la policía.
El oficial Miño fue detenido el miércoles 31 e imputado por homicidio agravado. Mientras la familia de González reclama que se investigue también la cadena de responsabilidades políticas. “No queremos que quede como un caso más. Queremos justicia y que se termine la violencia institucional”, dijo uno de sus hermanos.
Este trágico hecho de violencia institucional se enmarca en la política de Milei y Bullrich, y en este caso involucra al Jefe de Gobierno de CABA Jorge Macri, que dan impunidad a la policía, institucionalizando el gatillo fácil como política de Estado. Este caso se suma a denuncias previas contra fuerzas de seguridad por uso excesivo de la fuerza en barrios populares.
Resulta imprescindible investigar la responsabilidad política detrás de este asesinato. La policía actúa con la certeza de contar con el aval del poder político, lo que habilita prácticas abusivas y letales.
En los barrios populares, la presencia policial suele traducirse en operativos excesivos, detenciones arbitrarias y estigmatización. En lugar de políticas de inclusión, se refuerza un esquema represivo que profundiza desigualdades y legitima el uso excesivo de la fuerza. Un modelo de seguridad que privilegia la represión sobre la protección de derechos.
En la Villa 20 de Lugano, la Navidad de 2025 quedará marcada por el recuerdo de Gabriel González. Su muerte se convirtió en símbolo de una problemática que atraviesa a los barrios populares: la tensión permanente entre seguridad y derechos humanos, y la necesidad de que el Estado garantice protección en lugar de represión.
