Frente a las propuestas de derogación incluidas en el paquete de reformas, es imperioso analizar su relevancia actual, sus raíces históricas y las razones por las cuales su eliminación atentaría contra derechos fundamentales de los trabajadores y la sociedad.
Para comprender la génesis de esta ley hay que remontarse al período de efervescencia sindical en la Argentina de las décadas de 1930 y 1940. En 1938, la Federación Argentina de Periodistas (FAP) celebró su primer Congreso en Córdoba, un hito que no solo instituyó el 7 de junio como Día del Periodista, sino que también delineó las bases para un estatuto laboral específico. Los delegados, representando a trabajadores de prensa de todo el país, reclamaron protecciones ante la precariedad que contrastaba con la opulencia de las empresas periodísticas.
Como se detalla en documentos históricos de la época, el Congreso enfatizó la necesidad de una jubilación especial y regulaciones que garantizaran estabilidad, reconociendo la particularidad del oficio periodístico expuesto a presiones políticas y económicas. No fue un camino sencillo el que transitaron aquellos dirigentes. Fue necesario un proceso de organización colectiva, lucha y negociaciones con las empresas y el Estado para avanzar.
En 1944, bajo la Secretaría de Trabajo y Previsión dirigida por Juan Domingo Perón, se promulgó el Decreto-Ley 7618 el 24 de marzo, que sentó las premisas para el estatuto. Perón, en su rol como secretario, participó en discusiones con la FAP, facilitando un marco regulatorio que respondía a demandas acumuladas. En octubre de ese año, durante el quinto Congreso Nacional de la FAP, Perón declaró: “El panorama social que ofrecía la prensa mostraba el contraste tremendo entre unas empresas demasiado ricas con periodistas demasiado pobres (…) A vosotros corresponde ahora la defensa de los derechos y las conquistas”.
Esta intervención, enmarcada en el ascenso del peronismo como fuerza política, reflejaba la relación entre movimientos sindicales y el Estado. Fue el fruto de años de lucha obrera, impulsada por los primeros sindicatos de periodistas surgidos en 1919 en plena oleada revolucionaria, junto a la FAP y otros actores sociales, lo que permitió conquistar la Ley.
La sanción definitiva de la Ley 12.908 llegó el 18 de diciembre de 1946, durante el primer gobierno peronista, consolidando un régimen laboral adaptado a las particularidades del periodismo. Esta norma no surgió en vacío: fue el corolario de debates en el Congreso Nacional, influenciados por el contexto de posguerra y el auge de los derechos laborales en América Latina. Legisladores de diversas corrientes, junto a representantes sindicales, moldearon un texto que equilibraba la libertad de expresión con protecciones laborales, alineándose con principios internacionales como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Qué dice el Estatuto del Periodista
En su esencia, la Ley 12.908 establece derechos y garantías fundamentales que trascienden lo meramente laboral, impactando en la esfera democrática.
Primero, protege la libertad de prensa y de pensamiento como derechos inalienables, estipulando que no se puede negar, retirar o cancelar la matrícula profesional por opiniones expresadas. Esto actúa como escudo contra represalias de poderes políticos o económicos, asegurando que los periodistas puedan informar sin temor a censuras o persecuciones. En un país con historia de intervenciones estatales en medios, como durante dictaduras o en periodos de concentración mediática como en la actualidad, esta cláusula es vital para garantizar la pluralidad de voces.
Segundo, regula la estabilidad laboral, detallando causas de despido, indemnizaciones y antigüedad. Ante despidos injustificados, ofrece mecanismos de protección específicos, reconociendo la vulnerabilidad del sector ante ciclos económicos o cambios editoriales. Por ejemplo, establece que la antigüedad se compute de manera favorable y prohíbe despidos sin causa legítima, lo que contrarresta la precarización inherente a un mercado donde contratos freelance y presiones por productividad son comunes.
Tercero, norma el acceso y ejercicio de la profesión, promoviendo estándares éticos y formativos que elevan la calidad del periodismo. Incluye disposiciones sobre riesgos laborales, como coberturas en situaciones de conflicto o emergencias, reconociendo que el periodismo no es un empleo estándar: implica exposición a amenazas, horarios irregulares y demandas intensas.
Estos elementos no son obsoletos, como argumenta el gobierno libertario de Milei, que invoca avances tecnológicos para justificar derogaciones. Al contrario, en la era digital, donde plataformas como redes sociales y algoritmos concentran el poder informativo en manos de corporaciones globales, el Estatuto adquiere mayor vigencia.
Protege contra la uberización del periodismo, donde trabajadores independientes enfrentan inestabilidad sin redes de seguridad. Derogarlo generaría desigualdades: quienes ya gozan de sus beneficios quedarían en un limbo, mientras nuevos ingresos se verían desprotegidos, exacerbando la brecha en un sector ya golpeado por cierres de medios y despidos masivos.
Otro paso en los ataques de Milei a las y los periodistas
A todo lo que venimos analizando debemos sumarle que desde diciembre del 2023 hay un plan sistemático y persistente para atacar a quienes ejercemos la comunicación. Según un informe de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) en el 2025 aumentó un 66% comparado con el 2024 la cantidad de periodistas y fotógrafos que sufrieron agresiones por las fuerzas de seguridad durante la cobertura de manifestaciones. La política de Milei forma parte de un patrón de estigmatización contra trabajadores de prensa, con agresiones públicas, persecuciones y vaciamiento de medios estatales como Télam, Radio Nacional o la TV Pública.
Al proponer derogar el Estatuto, como parte de la reforma laboral que el gobierno pretende aprobar en el Congreso, ignora que estas leyes no otorgan privilegios sino derechos ganados mediante lucha colectiva. En lugar de eliminarlos, el debate debería centrarse en extenderlos al conjunto de trabajadores, adaptándolos a realidades actuales como el teletrabajo o la inteligencia artificial en redacciones.
Históricamente, el Estatuto se inscribe en un movimiento más amplio de conquistas sociales en la Argentina de los ’40, donde sindicatos y asociaciones de prensa nucleados en la FAP tuvieron un rol protagónico. Su sanción fue posible gracias a la presión de bases trabajadoras y un Congreso que reflejaba tensiones entre capital y trabajo.
En conclusión, derogar la Ley 12.908 no solo precarizaría un sector vital, sino que erosionaría pilares democráticos como el acceso a información. En tiempos de fake news y polarización, esta norma garantiza un periodismo crítico, protegido de aprietes.
Su defensa no es nostálgica: es una batalla por derechos laborales universales, enraizada en la historia de luchas colectivas que definieron la Argentina. Mantenerla implica honrar esa herencia, uniendo esta lucha a la pelea general de las y los trabajadores y el pueblo contra la reforma laboral antiobrera, el ajuste y la entrega del gobierno.
Escribe Facundo Arzamendia
hoy N° 2095 04/02/2026
