El ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, fugador serial de miles de millones de dólares, en el gobierno de Macri y ahora con Milei, trata de juntar dólares de donde sea, para llenar las vacías arcas del Banco Central y poder afrontar los abultados pagos de la deuda externa. Eso sí, su plata sucia no la trae, como denunciaron algunos diputados opositores. Sigue a buen resguardo en paraísos fiscales.
Esta denominada Ley de Inocencia Fiscal invierte la lógica básica del control sobre los flujos de dinero. Hasta ahora, el principio era claro: quien acumula patrimonio debe poder explicar de dónde proviene. Cuando esa explicación no existe, el dinero es considerado sospechoso y habilita la intervención del Estado. La nueva ley rompe con ese criterio y establece que, si el Estado no logra probar un delito específico, el dinero debe considerarse “inocente”.
Con esto, el Estado deja de investigar de dónde sale el dinero que se deposita en el sistema bancario. Una fiesta de evasión y lavado, ya que el dinero sin origen comprobable deja de ser un problema y pasa a ser legal por defecto.
Esta situación favorece directamente a grandes evasores, redes de corrupción política y organizaciones criminales. El lavado de dinero funciona sobre la base de la dificultad de probar el delito original. Por eso se utilizan testaferros, sociedades ficticias, efectivo y circuitos financieros complejos. La ley legitima ese mecanismo.
En otra muestra de cómo este gobierno es un fiel sirviente de las peores lacras de las clases dominantes, con esta ley deja en claro que lo único que va a controlar son los ingresos de los trabajadores registrados, los jubilados o los pequeños comerciantes y empresarios.
En cambio, quien ocultó dinero durante años, lo fugó o lo acumuló fuera del sistema financiero queda ahora en una situación más favorable.
Algo similar ocurre con el narcotráfico. Las organizaciones criminales manejan grandes volúmenes de efectivo y dependen del blanqueo para consolidar su poder económico. Debilitar los controles patrimoniales y fiscales implica renunciar a una de las principales herramientas para combatir el crimen organizado: seguir la ruta del dinero.
Esta “inocencia fiscal” es además en “defensa propia”, ya que protege directamente a todos los coimeros y corruptos, de los cuales este gobierno está hasta las manos.
hoy N° 2097 18/02/2026
