La reciente media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años marca un peligroso punto de inflexión en la política criminal argentina. Bajo la promesa de un nuevo «Régimen Penal Juvenil», lo que se asoma no es una solución a la inseguridad, sino un retroceso en materia de derechos humanos que elige el castigo por sobre la prevención.
Un cambio de paradigma hacia el encierro
El régimen actual es claro: los menores de 16 años son inimputables. La iniciativa aprobada este jueves abre la puerta para que adolescentes de 14 y 15 años enfrenten procesos penales y condenas de hasta 15 años de prisión.
Este giro punitivista ignora que la privación de la libertad debe ser, según tratados internacionales, el último recurso. Al bajar la edad, el Estado no está ofreciendo justicia; está reconociendo su incapacidad para intervenir antes de que el delito ocurra.
Los datos contra el relato
Frente al discurso que asocia la baja de edad con una reducción de la violencia, las estadísticas oficiales ofrecen una realidad distinta. En una Argentina donde viven aproximadamente 12.200.000 de niños y adolescentes, la conflictividad penal juvenil es marginal.
Con el 58,5% de nuestros pibes y pibas en la pobreza, sólo el 0,55% está vinculado a causas penales.
Estas cifras demuestran que el problema no es la «impunidad» de los menores, sino una extrema vulnerabilidad estructural. Cuando casi 6 de cada 10 chicos viven bajo la línea de pobreza, el foco debería estar en la restitución de derechos y no en el endurecimiento de las penas.
Frente a la vulnerabilidad el avance del narco
Es innegable que existe un problema gravísimo cuando el crimen organizado capta a menores. Sin embargo, la solución no puede ser castigar al eslabón más débil de la cadena. En muchos territorios, el Estado se ha retirado de los barrios, dejando vacantes las escuelas y los clubes, espacios que rápidamente son ocupados por el narcotráfico.
Perseguir al chico y no al adulto que maneja la red es, además de injusto, ineficaz. Se encarcela a un adolescente reemplazable para el crimen organizado, mientras las estructuras de poder real permanecen intactas.
El fracaso de la respuesta punitiva
Bajar la edad de imputabilidad no es una política de seguridad; es una confesión de la estrategia de este gobierno de vulnerar derechos y descartar a una parte de la población que para este gobierno “sobra”. Es la respuesta más barata y, a la vez, la más cruel que puede dar el gobierno de Milei que no quiere, o no sabe, atacar las raíces del conflicto social. Se pretende convencer a la sociedad de que el encierro de un adolescente de 14 años traerá la paz que décadas de desigualdad han estructurado. Es una mentira peligrosa.
La verdadera inseguridad nace allí donde el hambre se hace costumbre. No habrá patrullero ni celda que alcance si no se discute la redistribución de la riqueza en un país donde la mayoría de sus niños nace en la pobreza. Para bajar el delito, primero hay que subir los salarios, garantizar el acceso a la vivienda y crear fuentes de trabajo.
El gobierno avanza en destruir la educación, la salud y el fomento al empleo, deja el territorio servido para que el crimen organizado se convierta en el único empleador y referente de nuestros pibes. Castigar al menor es, en última instancia, castigarlo por haber sobrevivido a un sistema que ya lo había descartado antes de nacer.
La salida no es el cerrojo, sino el abrazo de una comunidad organizada. La seguridad real se construye con escuelas de jornada completa, con clubes de barrio fortalecidos y con un proyecto de nación que incluya a las nuevas generaciones en lugar de perseguirlas. No necesitamos leyes que llenen las cárceles de pobres; necesitamos políticas que llenen las mesas de comida y los barrios de oportunidades. Bajar la edad es rendirse ante la violencia; rescatar a la infancia es empezar a fundar la verdadera justicia.
Desde la Juventud Comunista Revolucionaria, el Movimiento Ni Un Pibe Menos Por La Droga y la juventud de la CCC venimos empujando organizar a todos los pibes y pibas en los barrios para luchar y cambiar la realidad en que vivimos, bajar la edad de imputabilidad no es una respuesta, es descartar a los pibes y pibas más vulnerables.
Escribe Aimé Floyd
hoy N° 2097 18/02/2026
