En medio de una creciente polémica por la política energética del gobierno nacional, el 18 de febrero el Directorio de YPF SA resolvió adjudicar el estratégico yacimiento Manantiales Behr al Grupo Pérez Companc, luego de que el Grupo Rovella no cumpliera con el pago acordado en la operación anterior. La decisión fue tomada sin explicaciones públicas sobre el cambio de adjudicatario ni sobre las condiciones finales del traspaso.
Según trascendió, el grupo Rovella no abonó el 60% de los 575 millones de dólares comprometidos en su oferta. Ante esa situación, el Directorio encabezado por Horacio Marín avanzó con la adjudicación a Pérez Companc por 410 millones de dólares: 140 millones al contado y el resto en un esquema de entre 12 y 24 cuotas, que se pagarían con la propia producción del área. Distintos sectores gremiales, políticos y sociales denuncian que se trata de una nueva maniobra que profundiza la entrega de recursos estratégicos.
Desde organizaciones vinculadas al sector petrolero señalaron que la operación forma parte de una orientación general del gobierno de Javier Milei que apunta a reducir el rol estatal en la explotación energética y a favorecer la rentabilidad de grandes grupos privados. En ese marco, se reafirmó la necesidad de luchar contra la política entreguista y por la recuperación de los recursos estratégicos en el camino de una YPF 100% estatal y federal, con control social, de los trabajadores y las provincias.
En un comunicado público, el Movimiento en Defensa del Petróleo de Chubut —integrado por organizaciones gremiales, políticas y sociales— había rechazado previamente la venta del yacimiento a Limay Energía, empresa vinculada al Grupo Rovella, y el retiro de YPF de la provincia. Allí denunciaron que la falta de pago confirmaba las sospechas de una operación especulativa, con el agravante de que el área representa cerca del 7% de la producción total de la empresa.
El documento advierte que estas decisiones golpean el futuro productivo y social de la región, afectando el empleo, las pymes locales y el desarrollo de la Cuenca del Golfo San Jorge. También recordó que YPF, fundada en 1922 en Comodoro Rivadavia, fue concebida para garantizar la soberanía energética y como base de una industria nacional independiente, alrededor de la cual crecieron comunidades, escuelas, hospitales y universidades.
En contraposición, las organizaciones denunciaron que el objetivo actual de la política energética nacional es “aumentar las ganancias de las empresas petroleras”, tal como surge de documentos oficiales del propio Directorio de YPF. Señalan que el denominado Plan Andes ya provocó miles de despidos y una profunda crisis social en la región patagónica.
Además, el Movimiento reclamó al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que rechace el acuerdo de cesión del yacimiento y brinde explicaciones públicas sobre posibles vínculos entre funcionarios provinciales y el Grupo Rovella. También declararon persona no grata al titular de YPF, Horacio Marín, a quien responsabilizan por la venta y por el retiro de la empresa estatal de Comodoro Rivadavia.
“Con el Plan Andes de Milei – Marín se vienen produciendo más de 15.000 despidos y una gran crisis social y económica regional en la Cuenca Golfo San Jorge (Chubut – Santa Cruz Norte). Se provoca el despoblamiento y abandono de la Patagonia, dejando el Atlántico Sur, nuestras Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur y la Antártida Argentina a merced de la voracidad del imperialismo yanqui y demás potencias mundiales”, plantea el Movimiento en Defensa del Petróleo de Chubut.
Corresponsal
hoy N° 2098 25/02/2026
