La compañera Julia arranca contando que su participación en las investigaciones que luego interesaron a Martel surge de trabajos realizados durante su formación en la carrera de Arqueología en Tucumán. “He sido parte de dos equipos que han trabajado sobre el tema. Uno desde una cátedra de mi formación de grado donde trabajábamos con documentos del Archivo Histórico de Tucumán. Y otro desde un proyecto de voluntariado con la profesora Josefina Racedo, cuyos resultados se publicaron en un libro alrededor de 2015”, señala.
Las investigaciones se centraron en documentos coloniales vinculados con la comunidad indígena de Chuschagasta, ubicada en el departamento de Trancas, al norte de Tucumán, donde era autoridad indígena de la comunidad Javier Chocobar, asesinado el 12 de octubre de 2009.
El equipo de arqueólogos dice Lund, analizó expedientes judiciales, documentos de escribanía, registros parroquiales y otras fuentes históricas. Uno de los ejes del trabajo fue revisar críticamente un documento colonial que afirmaba que esas tierras estaban “vacas y realengas”, es decir, vacías y despobladas.
“Lo que nosotros hicimos fue cruzar distintos documentos. Algunos compañeros trabajaban con actas de bautismo y matrimonio, que se pueden encontrar en bases documentales históricas. Yo trabajé con documentos de escribanía que daban cuenta de procesos de remate de tierras. Y a partir de ese entrecruzamiento de información pudimos demostrar que esas tierras no estaban vacías”, explica.
Los registros muestran que en ese territorio vivía población indígena identificada como “naturales de Chucha”, con apellidos que continúan apareciendo en la comunidad actual. La arqueóloga señala que esos procesos se inscriben en la historia más amplia de despojo que sufrieron las comunidades indígenas durante la colonia.
La lucha por la tierra y el asesinato de Javier Chocobar
Este trabajo histórico brindó elementos sobre la historia del conflicto territorial, que forman parte del documental de Martel, y en el juicio realizado años después por el asesinato de Chocobar, integrante del Consejo de Ancianos de la comunidad.
“El conflicto se da cuando un empresario que venía hostigando a la comunidad, con la colaboración de expolicías, termina asesinando a un comunero. Ese hecho marcó profundamente a la comunidad”, relata Lund.
“Nosotros no sabíamos si todo el trabajo que habíamos hecho iba a tener alguna repercusión. Cuando nos invitaron al estreno de la película de Martel nos encontramos con que habían usado parte de nuestros artículos y del trabajo del voluntariado. Fue una sorpresa”, cuenta y resalta la importancia de que ese trabajo académico pueda contribuir a visibilizar la historia y la lucha de las comunidades indígenas por la tierra.
El Pozo de Vargas y la arqueología forense
Además de estas investigaciones, Lund participó durante varios años en el trabajo arqueológico en el Pozo de Vargas, en Tucumán, uno de los sitios donde se arrojaron cuerpos de personas secuestradas durante la dictadura genocida.
Julia explica que el pozo había sido construido originalmente por los ingleses para abastecer de agua al sistema ferroviario. Se trataba de una estructura profunda, revestida en ladrillo, que captaba agua subterránea.
Durante el terrorismo de Estado, ese lugar fue utilizado como sitio de enterramiento clandestino. Julia cuenta que primero se realizó un trabajo sistemático para ubicar el pozo, con técnicas arqueológicas. La estructura había sido destruida y rellenada para ocultarla. En los primeros sondeos profundos aparecieron restos humanos.
El trabajo arqueológico permitió recuperar parte de estos restos y objetos asociados a las víctimas: “En muchos casos los cráneos conservaban vendas o mordazas. También aparecían ataduras en las manos y en los tobillos”, relata Lund. Los restos recuperados eran enviados al Equipo Argentino de Antropología Forense, encargado de realizar los análisis genéticos y las identificaciones.
Las condiciones del pozo favorecieron la conservación de parte de la evidencia. “Al haber sido sellado se generó un ambiente sin oxígeno que permitió preservar bastante bien los huesos. En algunos casos se pudieron identificar incluso impactos de bala”, señala.
Hasta ahora se han identificado más de un centenar de víctimas cuyos cuerpos fueron arrojados allí, aunque todavía quedan perfiles genéticos sin identificar.
Arqueología y compromiso social
Para Lund, experiencias como estas muestran el papel que puede cumplir la arqueología en procesos sociales y políticos. “Nuestra profesión tiene una historia con las comunidades indígenas que a veces fue conflictiva. Pero hoy vemos cómo arqueólogos y profesionales de distintas disciplinas pueden integrar equipos que abordan causas comprometidas con lo que ha pasado y con lo que sigue pasando en nuestras comunidades”, afirma.
En ese sentido, destaca que la arqueología puede aportar tanto a la reconstrucción histórica de los pueblos originarios como a las causas judiciales vinculadas al terrorismo de Estado.
“Se trata de aportar desde nuestra disciplina a causas donde la memoria y la historia son fundamentales. Y más aún en estos tiempos de tanto ninguneo hacia las ciencias sociales”, concluye.
hoy N° 2101 18/03/2026
