Luego de la media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares, los días 25 y 26 de marzo se realizó la “Audiencia Pública” conseguida con la lucha popular en las jornadas masivas que se dieron en todo el país, con marchas en al menos 30 ciudades, incluyendo puntos clave como Mendoza, Córdoba, Rosario, Bariloche, Esquel y otras localidades. La actual Ley de Glaciares 26.639, es la que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
De inicio la Audiencia fue denunciada previamente y por algunos oradores por “no cumplir con lo que establecen La Ley general del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el convenio 169 de la OIT, además de que sus modificaciones violan el art 41 de la Constitución Nacional y el principio de no regresividad socio-ambiental consagrado por tratados internacionales” según denunció una representante de AMPAP (Asambleas Mendocinas por el Agua Pura).
Más de 100 mil personas de todo el país se inscribieron con el objeto de dar a conocer la voz de organizaciones ambientales, técnicas, científicas y personales sobre la ley y sus modificaciones. En forma bochornosa los diputados responsables de la organización dejaron afuera a la inmensa mayoría de los inscriptos, pudiendo solamente 200 personas expresar su opinión. Numerosos representantes del campo técnico profesional, ambiental, de pueblos originarios y diversos estudiosos del tema fueron excluidos. Sumado a eso, no pudieron expresarse personas inscriptas y presentes y si lo hicieron, a favor de los cambios, algunas no registradas inicialmente. El resto de los miles de inscriptos debieron dar su opinión en forma virtual o mediante audios o videos.
Tal como fue denunciado por el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, fue una audiencia mentirosa, amañada y preparada para cumplir el objetivo del gobierno: entregar la cordillera al saqueo y la contaminación de los verdaderos beneficiarios de las modificaciones de la Ley: “las grandes empresas internacionales mineras como Vicuña (BHP), Barrick Gold, Glencore (Black Rock), Rio Tinto , etc.”, y denunció la complicidad de legisladores como Flavia Royón con tales empresas.
Esta audiencia ya generó diversas denuncias por irregularidades, como la realizada a la citada diputada y la presentada por la comunidad Huarpe Guaytamari de Uspallata ante la OIT por violación al convenio 169.
Después de esta farsa, Diputados se prestará a tratar la ley. Entre otros elementos la Ley permitirá a los gobiernos provinciales clasificar qué zonas son periglaciares y cuales no, al margen de los organismos técnicos especializados como el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), con la clara intención de facilitar su explotación. Los glaciares son reservorios estratégicos de agua dulce que hoy abastecen el 40% de las cuencas hídricas nacionales. Su destrucción generará consecuencias irreversibles.
Esta reforma se impulsa en un contexto en el que el gobierno nacional anunció un acuerdo comercial con Estados Unidos, caracterizado por una apertura extrema a las importaciones norteamericanas en sectores estratégicos y por un profundo sometimiento nacional. Entre los puntos conocidos en relación con los minerales, el acuerdo establece que “Argentina permitirá y facilitará la inversión de Estados Unidos en su territorio para explorar, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales críticos y recursos energéticos”. Es decir, se busca facilitar la explotación de minerales estratégicos —litio, cobre, tierras raras— claves para la transición energética, la industria informática y de telecomunicaciones, y el equipamiento militar. La reforma de la Ley de Glaciares no puede entenderse por fuera de esta embestida imperialista ni del avance de los factores de guerra a nivel mundial.
Todo este proceso se desarrollará bajo la órbita del RIGI, que otorga gigantescos beneficios impositivos y comerciales. En otras palabras, se subsidia a los monopolios para legalizar el saqueo de minerales estratégicos a costa de un desastre ambiental de enormes proporciones.
Solo la lucha del pueblo en las calles podrá frenar estos proyectos que, junto con la reforma laboral y otras iniciativas, buscan legitimar el saqueo, la sobreexplotación y la entrega de la soberanía, transformando a nuestro país en una simple fuente de materias primas y mano de obra barata.
Corresponsal
Hoy N° 2103 8/4/2026
