Más de 30 funcionarios del gobierno nacional accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos que van de $100 millones a $510 millones. El total otorgado ronda los $2.500 millones, con un promedio de $272 millones por funcionario.
Los tres mayores beneficiarios son: Pedro Inchause, director del Banco Central, con $510 millones; Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo, con $373 millones; y Federico Furiase, secretario de Finanzas, con $367 millones. La lista incluye a casi tres docenas de funcionarios con acceso a montos inalcanzables para la mayoría de los empleados públicos.
Estos préstamos se otorgaron durante la gestión de Daniel Tillard como presidente del Banco Nación, en un contexto de fuerte restricción crediticia para el público general por las altas tasas de interés. En paralelo avanzaban maniobras para privatizar el Banco con asesoramiento del estudio Liendo, incluyendo un decreto para transformarlo en sociedad anónima.
Tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el presidente Javier Milei defendieron la operatoria, afirmando que no hubo ilegalidad y que se ajustó a las normas del Banco. Al mismo tiempo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a Leandro Massaccesi, uno de los beneficiarios. También accedió a un crédito la diputada Lorena Villaverde, quien no pudo asumir como senadora tras conocerse su vínculo con el narcotraficante Fred Machado.
Hay otros casos graves: diputados que obtuvieron créditos mientras cambiaban su voto a favor de leyes impulsadas por el Gobierno, y el de la directora Carolina Píparo, quien desde que llegó al Banco canceló deudas por $53 millones.
Este reparto de créditos millonarios ocurre mientras el gobierno impulsa la privatización del mismo Banco Nación que usaron para beneficiarse, aprovechando su línea de préstamos con tasas más bajas que las del sistema financiero. Además de la celeridad con la que accedieron a los préstamos cuando a cualquier persona le demoran más de dos meses, se adecuaron las normativas internas del Banco en septiembre de 2024 para que pudieran encuadrar. El sitio “Cuánto deben” expone que los préstamos más abultados quedaron en manos de dirigentes de La Libertad Avanza, todos otorgados por el banco estatal.
Hoy acceder a un crédito hipotecario exige ingresos, estabilidad y capacidad de ahorro que la mayoría de los trabajadores no tiene. La inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la precarización expulsaron a millones del sistema crediticio. Mientras las familias se endeudan con tarjetas a tasas impagables para cubrir necesidades básicas, funcionarios acceden a financiamiento privilegiado para comprar segundas propiedades, incluso en countries.
Dos realidades opuestas: el pueblo se endeuda para comer, el poder accede a créditos para ampliar su patrimonio. En plena crisis habitacional, con alquileres y viviendas inaccesibles, que funcionarios concentren préstamos millonarios no solo es injusto: expone la hipocresía de quienes decían venir a combatir a la casta. La falta de ética y moral también es un acto de corrupción.
El gobierno de Javier Milei impulsa desde el primer día la privatización del Banco Nación mediante el DNU 70/2023 y luego en la Ley Bases. Las y los bancarios lo enfrentamos desde el primer momento: con asambleas multitudinarias como la del 20/12/2023 en Casa Central, con la campaña del millón de firmas que recorrió todo el país, y con una medida cautelar que hoy mantiene suspendida la transformación del Banco en S.A.
La Justicia ya pidió la documentación al Directorio del Banco, que se comprometió a entregarla en tiempo y forma. Más allá de la culpabilidad legal, queda claro que quienes llegaron prometiendo terminar con la corrupción y el gasto del Estado, hoy se sirven de él a espaldas del pueblo.
La lucha continúa. Nuevamente quedó en evidencia que este gobierno vino a vaciar el Estado nacional para beneficiar a monopolios y bancos extranjeros, mientras se enriquecen sus funcionarios.
Corresponsal
hoy N° 2104 15/04/2026
