Este miércoles 22, mientras distintas organizaciones se movilizaban frente al Ministerio de Salud de la Nación para rechazar el nuevo proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei, Ernesto era desalojado del departamento que alquilaba sobre la calle French, en el barrio porteño de Recoleta. Tiene 60 años, una discapacidad, y acumuló dos años sin poder afrontar el alquiler, las expensas ni los servicios. Jubilado de la mínima, sin margen financiero y sin respaldo familiar, su situación condensa en una imagen lo que miles de personas con discapacidad enfrentan cada mes: un ingreso que no alcanza y un gobierno que, lejos de reforzar los apoyos, amenaza con recortarlos aún más. El mismo gobierno cuyos funcionarios se robaron todo lo que pudieron con negociados en la Andis, antes de disolverla.
Ahora vuelven a la carga contra las personas con discapacidad, buscando no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad -vetada por el presidente, reafirmada por el Congreso y reglamentada en febrero de este año después de un fallo de la Justicia Federal-. El Ejecutivo mandó al Congreso un nuevo proyecto que implicaría un retroceso sin precedentes en el acceso a derechos fundamentales.
El proyecto se llama “Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. Ya desde el título estigmatiza a quienes dependen de esas pensiones para sobrevivir. De aprobarse en el Congreso, afectaría no solo el ingreso mensual de las personas con discapacidad, sino también el acceso al sistema de prestaciones básicas que regula la Ley 24.901 desde hace casi treinta años: terapias, transporte, educación especial, entre otras. El gobierno, sostienen las organizaciones, sigue usando el relato de las “pensiones truchas” para justificar un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Volver a 1948: la incompatibilidad con el trabajo regresa
Lo primero que quiere el gobierno con este proyecto es eliminar miles de pensiones. Por eso plantea un reempadronamiento de todos los beneficiarios, prevé suspensiones para quienes no actualicen su información y modifica los mecanismos de auditoría y control.
Este nuevo engendro de Milei elimina las auditorías periódicas basadas en criterios de salud y en una evaluación integral de la situación socioeconómica de cada persona. Habilita suspensiones preventivas basadas únicamente en cruces de bases de datos administrativos, sin que la persona sea notificada previamente. Si la pensión es suspendida, la carga de demostrar que corresponde rehabilitarla recae sobre el propio beneficiario.
Uno de los cambios más regresivos del proyecto es la reinstalación de la figura de «Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral», volviendo a la Ley 13.478 sancionada en 1948, y que fue declarada inconstitucional en múltiples ocasiones por ser contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.
Se reinstala la incompatibilidad entre percibir la pensión y tener un empleo. La consecuencia práctica es brutal: quien quiera trabajar deberá renunciar a su único ingreso fijo. Hoy ese monto equivale al 70% de la jubilación mínima. Si ya con la mínima se condena al hambre a la mayoría de las y los jubilados, ni hablar para las personas con discapacidad, cuyos gastos son mayores.
El gobierno, como con toda su política, castiga con este proyecto a las personas con discapacidad de menores ingresos, pretendiendo que se queden en la casa o se sumen a los millones de precarizados que buscan ganarse la vida con changas o trabajando en negro.
El caso de Ernesto -jubilado de la mínima, sin posibilidad de complementar ese ingreso sin arriesgar su pensión- es una muestra de esto.
El fin del Nomenclador Único: prestaciones a precio de cada obra social
Uno de los cambios más profundos es la eliminación del Nomenclador Único de prestaciones básicas. Hoy, la Ley 24.901 garantiza que terapias, apoyos y servicios tengan valores arancelarios unificados para todo el país, independientemente de la cobertura de cada persona. Eso asegura que alguien atendido por PAMI, por una obra social, por una prepaga o por Incluir Salud reciba la misma prestación bajo las mismas condiciones.
El nuevo proyecto establece que cada financiador puede negociar los aranceles con sus propios prestadores. Si una obra social fija valores más bajos, los prestadores podrían simplemente dejar de atender a sus afiliados con discapacidad. Así, miles de personas pueden perder el acceso a prestaciones que hoy les garantiza la ley.
Además, el gobierno con este proyecto quiere que el financiamiento de las prestaciones para personas sin obra social deje de correr por cuenta del presupuesto nacional -a través de Incluir Salud-, y quiere distribuir ese costo entre las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Tesoro Nacional según sus «respectivas competencias». En la práctica, eliminar el acceso a terapias, transporte y educación especial en las provincias más pobres.
En la jornada del miércoles 22, organizaciones, personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector volvieron a reclamar, frente al Ministerio de Salud de la Nación y en otros puntos del país, una actualización urgente de los aranceles, pagos mensuales regulares a los prestadores y la cancelación de la deuda acumulada. Rechazaron el proyecto de ley y afirmando que “el fraude es este gobierno”, ratificaron que la lucha va a seguir para sostener los derechos de las personas con discapacidad en Argentina.
hoy N° 2106 29/04/2026
