La Argentina atraviesa una tremenda crisis que se expresa en los índices de inflación, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo. También hay otro termómetro, menos visible pero igual de alarmante, que marca el pulso de la época: la salud mental.
Las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Milei han profundizado el deterioro del bienestar psíquico y el sufrimiento social. Según los datos del último informe de la UCA, casi el 49% de la población argentina reporta altos niveles de ansiedad y estrés crónico. El país lidera el ranking regional de malestar emocional y, al menos, un 6,5% de los ciudadanos se encuentra en riesgo directo de desarrollar un trastorno mental severo. La crisis económica dejó de ser una variable exclusivamente económica: sus efectos se sienten hoy en la salud física y mental de las personas.
El estrés crónico se instala cuando no se llega a fin de mes, crece el endeudamiento permanente y la amenaza de perder el empleo, o no conseguirlo, las jornadas laborales extenuantes, tener dos o tres trabajos, pedir préstamos, intentar devolverlos, malabares financieros cotidianos y aun así no alcanza. Ese esfuerzo no solo agota el bolsillo: desgasta también la salud física y mental. El insomnio, la irritabilidad y la desconexión con el propio cuerpo son las formas en que el malestar se expresa. Además, la crisis se filtra en los vínculos: las tensiones generan conflictos familiares y profundizan el aislamiento. La salud mental no puede pensarse por fuera de las condiciones materiales; la pobreza y la exclusión también enferman e impactan directamente en nosotros.
El gobierno de Milei redujo el presupuesto destinado a salud en general y a salud mental y adicciones en particular. Durante el año pasado se produjo el cierre de más de 30 dispositivos CAACs, y se achicó e intervino el Hospital Bonaparte, principal institución especializada en salud mental del país.
Una compañera de la zona norte del Gran Buenos Aires nos contaba: “Este gobierno cerró algunos lugares y en otros hubo médicos que decidieron irse porque no les pagaban lo suficiente. Tampoco hay internación y los lugares de atención están totalmente colapsados. En el centro que teníamos en la zona, primero fueron sacando a los profesionales. De dos psiquiatras y psicólogos quedó uno de cada uno. Luego sacaron los grupos y la gente, hasta que finalmente lo desmantelaron totalmente y cerraron. Con la crisis que está viviendo nuestro pueblo, aumenta la gente con problemas de salud mental, con depresión, que están medicados, todo se agrava”.
El impacto de la crisis es más grave en los sectores populares y en las barriadas. Por eso fue tan importante la lucha que vienen dando las organizaciones de desocupados y precarizados por la continuidad del pago del salario social complementario. Si bien está congelado en 78 mil pesos desde que asumió Milei, sigue siendo importante. Si a esto se le suma la disminución de trabajos temporales, comer una sola vez al día pasó a ser la normalidad en muchísimas familias.
Los adultos mayores conforman otro sector especialmente castigado. Con jubilaciones que perdieron más del 30% de su poder adquisitivo en el último año, muchos se ven obligados a elegir entre remedios y alimentos. El aislamiento social que ya traía la pandemia se profundizó con la pérdida de actividades y centros de día que el ajuste clausuró. La depresión en personas mayores de 65 años, frecuentemente subdiagnosticada y normalizada como «cosas de la edad», creció de manera sostenida y silenciosa.
Las personas con discapacidad también están en el centro de la tormenta libertaria. Los recortes en la Andis y las demoras o suspensiones en las prestaciones de salud mental (sesiones de psicología, psiquiatría, acompañamiento terapéutico) dejaron a miles sin cobertura efectiva. Para quienes dependen de esos servicios para sostener su vida cotidiana, la interrupción no es un inconveniente administrativo: es llevar a las personas a una crisis segura.
La feminización del ajuste
Si la crisis impacta sobre toda la sociedad, no lo hace de manera igualitaria. Las mujeres seguimos siendo quienes absorben la mayor parte del costo invisible. En un sistema de cuidados que históricamente recae sobre nosotras, la sobrecarga se profundiza: más tareas domésticas, más contención emocional, menos recursos.
A esto se suma la precarización laboral. Las mujeres suelen ocupar empleos más inestables y, en tiempos de ajuste, son las primeras en ser expulsadas del mercado. Esta pérdida de autonomía económica es peligrosa: funciona como un factor que agrava las violencias de género, al aumentar la dependencia y dificultar la ruptura de vínculos abusivos.
Jóvenes y suicidio: la emergencia de un futuro clausurado
El dato es demoledor: en lo que va de 2026, los suicidios en la población de entre 18 y 29 años crecieron más de un 40%. Lo que estamos viendo no es una «decisión privada», sino el síntoma más trágico de una generación que siente que esta política y este sistema le cerró el futuro.
La compañera nos comentaba: “Después de la pandemia se vio que muchos chicos desertaron del colegio. Tuvimos muchas consultas de familias o de madres con chicos adolescentes que de alguna manera intentaban demostrar que no estaban pasando por buenos momentos, se cortaban, o tomaban pastillas”.
Para miles de jóvenes, el título secundario o universitario ya no es un pasaporte al trabajo digno, y el empleo registrado se ha vuelto una quimera. Esta «incertidumbre existencial» no es gratuita: produce una fragilidad emocional profunda en la que la frustración se convierte en una forma de identidad.
A esta realidad se suman los y las jóvenes que provienen de hogares en situación de pobreza, quienes cargan con una doble vulnerabilidad. Por un lado, la presión de sostener económicamente a sus familias desde edades tempranas los empuja fuera del sistema educativo y hacia empleos informales y mal remunerados. Por otro lado, el acceso a tratamiento psicológico, cuando se reconoce la necesidad, está vedado por los costos o por la ausencia de dispositivos públicos en los barrios.
Cuando este gobierno desmantela los derechos y las políticas de acompañamiento juvenil, el vacío lo ocupa la desesperanza. El impacto de las redes sociales (con sus imperativos de éxito inmediato y vidas filtradas) choca de frente con la realidad de una heladera vacía o la imposibilidad de independizarse del hogar familiar. Para muchos, el futuro dejó de ser una expectativa para convertirse en una amenaza. La construcción del proyecto de vida es cada vez más difícil, quedando atados a satisfacciones inmediatas para escapar de esto. Esto lo vemos principalmente en el aumento del consumo de drogas y la baja de la edad de inicio del consumo.
El suicidio en esta franja etaria aparece como el desenlace de un aislamiento social inducido. El discurso de la «meritocracia» y la «libertad individual» termina siendo una trampa cruel: si no lográs éxito el sistema te expulsa, y la lógica libertaria te dice que el fracaso es solo tuyo.
Infancias en riesgo
Los niños y niñas no escapan a este panorama. Un informe de la UCA indicó que 6 de cada 10 niños en Argentina son pobres. Además, 3 de cada 10 no comen regularmente. Los equipos de orientación escolar reportan un aumento sostenido de consultas por problemas de conducta, dificultades de atención y síntomas de ansiedad en alumnos de nivel primario. La escuela, que históricamente operó como red de contención además de espacio de aprendizaje, se encuentra desbordada: los docentes absorben una demanda emocional para la que no fueron formados y que tampoco es su responsabilidad exclusiva. Sin equipos interdisciplinarios reforzados, sin psicólogos escolares suficientes, la institución educativa no puede sola.
Al luchar también construimos salud mental
Las políticas de Javier Milei no sólo recortan presupuestos: desarman redes de contención y vacían instituciones. El acceso a la salud mental se ha vuelto un privilegio de clase: el 43% de quienes necesitan terapia afirman no poder pagarla. La atención psicológica empieza a convertirse en un bien de lujo mientras la demanda no para de crecer. Esto se agrava porque los espacios comunitarios y de atención pierden financiamiento.
La lógica libertaria insiste en leer el padecimiento como una falla individual. Se exige resiliencia mientras se destruyen los recursos para sostenerla. Lo que se produce no es eficiencia: es sufrimiento social organizado.
No hay salud mental posible en una sociedad empujada a la intemperie. El malestar no se resuelve con discursos motivacionales, ni yendo a terapia solamente o tomando medicación, sino con trabajo digno, educación pública y redes comunitarias. Por eso es importante la pelea para organizarnos y dar vuelta esta situación. Al luchar también construimos salud mental.
Escribe Aimé Floyd
hoy N° 2110 27/05/2026
