Bajo la excusa de la sostenibilidad fiscal, el gobierno avanza en un esquema que profundiza la dependencia energética y traslada el costo del ajuste directamente a los bolsillos de la población.
El discurso oficial plantea un escenario de escasez y la necesidad de eliminar un «subsidio injusto», argumentando que un sector de trabajadores financia a otro. Sin embargo, esta narrativa esconde el verdadero problema de fondo: la resolución de la provisión energética en la Argentina. Mientras se discute si el criterio debe ser geográfico o por ingresos, se ignora una realidad estructural: el 30% de los hogares argentinos no tiene acceso a gas de red, como ocurre en Malargüe, zona paradójicamente rica y pobre en términos energéticos.
La soberanía energética como asignatura pendiente
Para comprender la gravedad de la situación actual, es necesario volver la mirada hacia una referencia histórica ineludible: la Constitución de 1949, derogada de facto en 1955. Aquel texto, ignorado por los gobiernos democráticos posteriores, establecía con meridiana claridad que las fuentes de energía, con excepción de las vegetales, son propiedad de toda la Nación y deben destinarse al bienestar del pueblo.
Este marco legal respondía a la pregunta fundamental de quién es el dueño de los recursos y en función de qué proyecto deben aprovecharse. Bajo esa lógica, los recursos no deberían ser un «botín de los monopolios extranjeros» ni un bien de lucro para particulares. En términos prácticos, si se recuperara esa soberanía para beneficio de la patria, el costo del gas no sólo podría mantenerse para las zonas frías, sino extenderse a todo el país.
¿Quién financia a quién?
El análisis de los economistas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) revela que el sistema actual favorece la rentabilidad corporativa sobre el interés nacional. Según el economista Emilio Furlán, el Plan Gas.Ar permite a las empresas cobrar hasta 4,5 dólares por millón de BTU, cuando su costo de producción es de apenas 0,75 dólares. El Estado utiliza fondos públicos para estimular a las empresas, un costo que finalmente recae sobre las familias. En Argentina, los usuarios pagan boletas entre tres y cuatro veces más caras que los consumidores en Estados Unidos o Canadá, financiando ganancias extraordinarias en la explotación de hidrocarburos. El investigador cuestiona por qué, en lugar de profundizar el recorte sobre los hogares -exigiendo incluso la inscripción en registros para acceder a beneficios limitados- el Estado no busca financiamiento a través de impuestos a sectores de mayor poder económico.
La decisión política
Para el investigador Marcelo Alós, la cuestión es política: «La decisión de este gobierno no es que paguen el ajuste quienes más tienen». Ante la disyuntiva de si alcanza el financiamiento actual, la respuesta es una preferencia por el ajuste sobre los sectores populares en lugar de gravar a quienes concentran la renta energética.
Hoy, la disputa se presenta como un enfrentamiento entre el modelo ajustador y entreguista de la gestión actual y la tradición del «monopolio patriótico» estatal que encarnó Enrique Mosconi. Mientras tanto, la política energética sigue consolidando un esquema donde el gas no se gestiona como un recurso soberano para el desarrollo nacional, sino como una renta para el beneficio de unos pocos, dejando al usuario final al descubierto frente al invierno en curso.
Corresponsal
hoy N° 2111 03/06/2026
