Una delegación de derechos humanos, partida desde Buenos Aires en la madrugada del 15/6 fue retenida y deportada al arribar al aeropuerto internacional El Alto, en La Paz. La misión había sido convocada formalmente por legisladores, organizaciones sindicales y campesinas, pueblos originarios y sociedad civil boliviana, con el objetivo de relevar y documentar las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen perpetrando desde hace más de cuarenta días en el marco de una feroz represión estatal contra el pueblo que ejerce su legítimo y constitucional derecho a la protesta.
La represión impulsada por el gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinados. Además, se denuncian centenares de presos políticos sometidos a torturas en los lugares de detención, ausencia de asistencia médica a los heridos, secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y de pueblos originarios, agresiones a la prensa durante las protestas, estigmatización de los manifestantes y actos de discriminación y racismo.
La delegación portaba invitaciones formales de diputados bolivianos, de la Central Obrera Nacional (CON), de organizaciones campesinas y originarias del Movimiento Mujer, y de la Asamblea del Alto, todas solicitando la presencia de observadores internacionales ante las reiteradas denuncias de violación de derechos humanos. Sin embargo, ninguna documentación alcanzó: la decisión política de no dejarlos ingresar ya estaba tomada.
“Nos subieron por la fuerza al avión”
Matías Bohl, integrante del Comité Central del PCR y dirigente nacional de la Federación Nacional Campesina, que formó parte de la misión junto a Facundo Arzamendia, secretario de Prensa del Cispren (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación), relató lo ocurrido.
“Pasamos Santa Cruz, la delegación declaró los motivos por los cuales fuimos, presentamos todos los papeles y las invitaciones. Nos detienen en La Paz, en el aeropuerto, alegando que no habíamos declarado que íbamos como turistas -lo cual es mentira- y que no habíamos proporcionado un lugar de estadía”.
Bohl fue categórico: “Quedó claro que fue una decisión política del gobierno boliviano no dejarnos pasar. Nos sacaron los documentos por más de cinco horas y nos subieron por la fuerza a un avión, donde también permanecimos cuatro o cinco horas. Hubo intentos de detención contra el compañero César Vilca, que es boliviano e integraba la delegación. Finalmente, fuimos deportados”.
Lejos de protestar por el atropello, el canciller argentino Pablo Quirno salió a avalar la decisión del gobierno boliviano. La expulsión de la misión constituye una violación flagrante de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
En un comunicado al regreso, la Misión planteó en un comunicado “Estamos ante una decisión política. Las organizaciones sociales, sindicales y de DDHH de Bolivia advierten del riesgo inminente de que se decrete el Estado de Sitio y se generen las condiciones para una masacre, como las que ocurrieron en 2019. Ante esta situación, nuestra Misión continuará con su actividad”.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia se pronunció de manera contundente frente a lo ocurrido: “el accionar del régimen de Rodrigo Paz, al cerrar las puertas a veedores internacionales, es el de una dictadura que no desea que sus crímenes salgan a la luz”.
Las organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos que conformaron la misión ratificaron su posición: mantener la denuncia y la solidaridad con el pueblo boliviano. Se habilitarán canales virtuales para recibir denuncias de persecuciones a luchadores populares, golpizas y encarcelamientos. Hay más de 400 detenidos y se siguen registrando muertes.
Bohl y Arzamendia denunciaron que “Lo que vivimos nosotros es una milésima parte de lo que está sufriendo hoy el pueblo boliviano”, reiteraron la solidaridad con la lucha del pueblo boliviano y llamaron a la marcha que se realizaba al salir esta edición a la calle (17/6) a Plaza de Mayo.
hoy N° 2113 17/06/2026
