En los ’90, nosotros nos opusimos a la privatización de las jubilaciones y pensiones y siempre reclamamos que vuelvan al Estado. En este sentido entendemos que es justa la medida del gobierno. Pero la cuestión es si esta decisión de ellos es un convencimiento o es para resolver un problema del momento. Porque si uno repasa, vemos que los informantes en la Cámara de Diputados cuando se privatizaron, son los mismos de hoy… el caso de Parrilli por ejemplo.
Además, actualmente están usando los fondos del Anses para pagar la deuda, algunas obras, etc. Uno entiende que el gobierno tiene una situación frente a la crisis mundial y la caída de los precios internacionales. Además de, no pudieron implementar la Resolución 125, cayó la recaudación, y se va a una situación de mayor desocupación –sobre esa base intentan que no haya aumentos salariales–. Tienen planes para el año que viene de pagar 20.000 millones de dólares más de deuda externa, la caja para las elecciones de 2009 –para pagar obras y el aceite que le permita tener con la cabeza gacha a intendentes y gobernadores–, etc.. Es por todos esos motivos que pasan las jubilaciones privadas al Estado. Hace seis meses se hizo una campaña de pase al sistema de reparto, pero no se tocó ni a una sola AFJP. Por eso llama la atención que hoy se tome esta medida, sacada a las apuradas.
Por lo tanto entendemos que el tema fundamental del gobierno es la caja. Por eso, como condición para que el Poder Ejecutivo (PE) no toque esos fondos, es necesaria la intangibilidad de los depósitos.
—¿Qué reformas harían falta para que el PE no meta mano sobre ese dinero?
—En primer lugar el proyecto que fue enviado al PE tiene que ser modificado. Tiene que ser controlado por una comisión donde estén los trabajadores y los jubilados, que son fundamentalmente a los que está destinado.
Parte de esta discusión está atada al tema del presupuesto, porque mientras sigan existiendo los superpoderes, ellos pueden disponer de la plata como quieren. Por lo tanto, es indispensable sacar los superpoderes. Y en segundo lugar, tiene que haber un mecanismo de intangibilidad de los depósitos, con un control estrecho de quienes son los destinatarios de esos depósitos.
El gobierno habla de que van a hacer modificaciones, que darían garantías de que no va a ser usado para pagar la deuda externa, pero no niegan, que en relación a otros problemas de caja que tienen, sí usarían el dinero. Porque el problema fundamental del PE es que los 100 mil millones de pesos (acumulados en las AFJP) que dicen que existen, en realidad están en bonos –cerca del 60% de esos bonos son propiedad del Estado–, no en efectivo. Hay acciones de empresas, fondos fiduciarios, etc. Por lo tanto no es que el Estado va a recibir plata en efectivo. El problema de fondo es la recaudación, y las AFJP por los aportes que hacen los afiliados, reciben unos 15.000 millones de pesos al año (eso sí sería en efectivo, son 5.000 millones de dólares), con esto compensarían lo que no consiguieron con las retenciones.
Hay que evitar que usen ese dinero y que los jubilados sean estafados nuevamente como han sido estafados siempre.
—¿Cómo tendría que ser la estatización?
—Tendría que haber sido en un proceso más largo, con un período de debate, no metido así de golpe, porque en esta situación de crisis mundial, con la situación de desempleo que comienza a haber en Argentina, hay 15 mil empleados que pueden perder su trabajo. Porque si bien dicen que el Estado va a absorber a todos, en realidad según los dichos de Tomada y Boudou, el Anses va a absorber a 2.500, no a 15 mil, por lo cual se crea una situación de desempleo muy grande. Además, se va a generar un problema legal, porque sería un robo, porque las AFJP han logrado ganancias, se han quedado con el 30% de la gente, etc., pero la plata es propiedad de cada uno de los aportistas, por lo tanto va a haber juicios. Cualquier persona que pida que le devuelva la plata, tiene derecho a recuperarla. Después recuperará los años de aportes del Estado…
—Cristina dice “estatizamos porque las AFJP nos han pedido plata para pagar salarios en el marco de la crisis internacional” y que el Estado viene resolviendo un servicio privado…
—El Estado siempre ha solventado una parte de lo que se le paga como jubilación a los que están en las AFJP. El otro tema es que esas empresas, con Caballo, han sido usadas para gerenciar al Estado… Nosotros decimos entonces, que se investigue el negocio de las AFJP, que se investigue a fondo a que los que propusieron la privatización de las jubilaciones y que son parte de este gobierno, a los dirigentes sindicales que han estado implicados, porque la gente que tiene capitales ahí no es la culpable…
Si bien nosotros vamos a seguir peleando por el 82% móvil del salario, el gobierno tiene que aumentar ya las jubilaciones y la mínima tiene que estar ya en $ 1.000, porque el dinero existe, lo tienen y si están tan interesados en los jubilados que lo den ya.
