Como parte del doble discurso kirchnerista y presentado como acto federalista, el lunes 10 Cristina Fernández de Kirchner anunció un “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas”. Estaban presentes varios gobernadores que celebraron la iniciativa, porque que, según ellos, aliviaría la situación fiscal caracterizada por el déficit primario y financiero de 16 jurisdicciones.
El Boletín Oficial publicó el 12 de mayo el Decreto 660 de creación de dicho programa y las provincias tienen 10 días para adherir al mismo.
En los considerandos del decreto se dice que las provincias “poseen un alto endeudamiento producto de la generación de desequilibrios financieros recurrentes durante la década de los años noventa, situación que hiciera eclosión con la crisis de los años 2001 y 2002”. Agrega que “los gobiernos provinciales debieron acudir en forma permanente al endeudamiento bancario y a la emisión de títulos públicos en condiciones de altas tasas de interés”.
La historia completa no es precisamente la que señala el Decreto 660 y la respuesta a la grave situación de endeudamiento de las provincias no debe ser simplemente la reprogramación.
Historia del despojo
En agosto de 1992 el gobierno menemista le impuso a las provincias el llamado Pacto Fiscal I, a través del cual la Nación se quedaba con el 15% de la masa de la recaudación de impuestos nacionales coparticipables antes de que se procediera a la distribución primaria, que es la que fija el reparto entre el gobierno nacional y todas las provincias, con el argumento de que las provincias debían ser solidarias con el pago de las jubilaciones nacionales.
Por lo general no existe difusión y conciencia de lo que ha significado este despojo a las provincias. Tomando como base el año 1993, como año completo de vigencia del Pacto Fiscal I y hasta el año 2009, la recaudación de impuestos nacionales que formaron la masa de coparticipación establecida por la Ley 23.548, de enero de 1988, sumó un billón 114 mil millones de pesos. De esta cifra el 15% retenido por el Tesoro Nacional en estos 17 años asciende a $ 167 mil millones. Si a este monto se aplica el porcentaje del 57.66% de distribución primaria que le correspondía a las provincias según dicha ley el monto cedido por las provincias ascendió a $96.292 millones. El gobierno haciendo nuevamente gala de sus mentiras presenta como una gran cosa la reprogramación de $65.522 millones, que es lo que ellos llaman la “deuda elegible” que entra en la reprogramación. Si se tratase de una verdadera decisión federalista el anuncio debería haber sido lisa y llanamente la de condonación de la deuda de las provincias. Lo único que se concreta según el Decreto 660 es que la Nación, como parte de una burla y estafa, obliga a las provincias a cederle los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que por la Ley 23.548 les son propios; se otorga un período de gracia de claro contenido electoral para el pago de capital e intereses hasta el 31 de diciembre de 2011 y se reprograma la deuda para que se siga pagando en 228 cuotas (19 años) con una tasa nominal anual del 6%, a partir de enero del 2012.
Usura sobre la usura
Otro aspecto importante a tener en cuenta son las fabulosas ganancias de los bancos, muy superior a lo que se logra en cualquier país del mundo. En el año 2003 se concretó el canje de la deuda que las provincias tenían con la banca privada, que ya venían desde 1995 haciendo grandes negocios con las necesidades de financiamiento que tenían las provincias.
Para beneficiar a los bancos el gobierno de Duhalde emitió el Decreto 1579 con el cual se comenzó a programar dicho canje. El mismo se concretó bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El ministro Lavagna, en octubre de 2003, resuelve que el Banco Nación toma la deuda de las provincias y le entrega a los bancos acreedores el Bono Garantizado 2018 (Bogar 2018), con el cual hasta el día de hoy los bancos por sus tenencias lograron el ajuste por el CER mas un interés del 2% anual. Entre los años 2004 y 2009 los bancos ganaron un 56% de intereses sobre este canje de las deudas provinciales.
Las 16 provincias que entraron en ese canje arrancaron con una deuda convertida a Bogar 2018 de $25.479 millones y pasaron a ser deudoras del gobierno nacional, quien les cobró las amortizaciones de capital e intereses con CER e interés del 2% anual. Ahora cuando se anuncia con bombos y platillos que se reprograma el monto de la “deuda elegible” que deben las provincias, ésta asciende a $65.522 millones, debido a que se les aplicó el CER más la tasa de interés del 2% anual sobre el monto original y las reprogramaciones parciales que se fueron haciendo desde el año 2004. Como vemos, extraordinario negocio para el capital financiero, que es parte del verdadero poder en la Argentina, para quienes gobiernan los Kirchner, como antes lo hicieron otros. Para las provincias enormes pérdidas y mayor endeudamiento. Y a esto Cristina Fernández de Kirchner llama “pacto federal”.
Es por ello que la exigencia del momento en relación al anunciado plan consiste en exigir la condonación total de la deuda que las provincias tienen con la Nación y al mismo tiempo que se derogue de inmediato el Pacto Fiscal I y se cumpla con el artículo 7º de cláusula de garantía de la Ley 23.548 que dice textualmente que “el monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no carácter de distribuibles por esta ley”. Dentro de esta cláusula hay que exigir la coparticipación del 57,66% del impuesto al cheque y de las retenciones al complejo sojero. Junto a ello las provincias deben coparticipar los fondos de garantía que tiene actualmente la Anses y que ascienden a $147 mil millones, porque fueron ellas con su 15% del Pacto Fiscal I las que contribuyeron a formarlos.
