Ante la grave sequía que afecta prácticamente a la mitad de la República, desde Chubut a Formosa, pasando por toda la región Pampeana y el Litoral, a la presidenta de la República no le quedó más que decretar la emergencia agropecuaria “para aquellas regiones que estén afectadas por este fenómeno (se refiere a la sequía, no a la política de su gobierno) y que involucra a municipios y provincias”, dijo. Sin embargo, para que nadie piense que esté dispuesta a resignar “caja” este año, no dijo que la postergación de impuestos era para el 2009 sino para… ¡el 2010! Así su anuncio fue que “desde el 2010 y por un año los productores no pagarán el pago del impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Renta Mínima Presunta”.
Aunque al cierre de esta edición no se conoce todavía la letra chica del decreto, si a la presidenta la traicionó el subconciente y la emergencia implica una prórroga por un año de los pagos de esos impuestos, hasta el 1º de febrero de 2010, como interpretan los diarios (La Nación, 27/1/2009), lo cierto es que igual los productores afectados por la sequía no van a estar en condiciones de pagar los vencimientos de impuestos de 2009 y ni que hablar de que puedan hacerlo en 2010. Por lo que la “generosidad” de la presidenta se pone en duda de una u otra manera: resigna algo que no va a poder cobrar igual. Lo que se refuerza en el hecho de que no habló de “resignar” aunque sea algo del principal impuesto que hoy recae sobre la producción agropecuaria, las retenciones. La ministra de la Producción, Debora Giorgi, fue terminante ante la consulta periodística: “No se trabaja en ningún aspecto la reducción de las retenciones”, declaró.
Apremiados por la situación, los gobiernos de Entre Ríos y Chaco ya habían sido autorizados a declarar la emergencia agropecuaria en sus territorios, aunque solo por 180 días. El tema es que la emergencia agropecuaria solo permite la postergación del pago de impuestos y de vencimientos bancarios. Los productores reclaman que se declare el estado de desastre agropecuario, ya que eso permite condonar impuestos y deudas en bancos estatales, y que esto tenga vigencia por lo menos hasta el 31 de marzo de 2010.
Cuestión de vida o muerte
El reconocimiento de la emergencia o desastre agropecuario por las provincias es muy importante, pero no deja de ser un paliativo muy débil frente a una situación en que el gobierno nacional, a través de las retenciones a las exportaciones, se sigue llevando un tercio o un cuarto de las cosechas. Si la situación ya se hacía insostenible para los pequeños y medianos productores con la caída de los precios internacionales, ahora con la sequía directamente es decretar su muerte.
El gobierno nacional quiere seguir haciendo caja sobre la miseria de los productores y las provincias, mostrando su sensibilidad con “ayudas” que no superan el 5% de lo presupuestado como ingresos por retenciones a las exportaciones, que no coparticipa con las provincias. Son 50.000 millones de pesos que el gobierno tiene presupuestados como ingresos por las retenciones para 2009, mientras se estima que el total de las “ayudas” del gobierno nacional en el mejor de los casos podría llegar a los 1.000 millones…
Es cierto que los ingresos para el gobierno nacional no van a ser tantos por la caída de los precios internacionales y la disminución de las cosechas por la sequía. Pero para los pequeños y medianos productores esas retenciones, que implican recibir un tercio o un cuarto menos de la cosecha, a precios y cantidades disminuidas, significan la vida o la muerte. Aun cuando las provincias declaren el desastre agropecuario, la gravedad de la sequía y de la crisis requiere algo más que “ayudas” del gobierno nacional para alimentar los animales flacos.
El kirchnerismo habla contra la oligarquía y los pules, pero con su política de mantener las retenciones lo que hace es acelerar la expulsión de los chacareros del campo en beneficio de los grandes terratenientes y pules.
Como el kirchnerismo no da puntada sin hilo, junto a esta “generosa” declaracion de emergencia, la presidenta aprovechó para darle un golpe a la Federación Agraria, quitándole el manejo de las cartas de porte para las exportaciones, al módico costo de unos 200 millones de pesos, una cifra irrisoria en relación a las multimillonarias pérdidas de los productores.
El problema de la sequía no se resuelve con tan mezquinos anuncios. Lo que se trata es que deje de seguir saqueando a los chacareros, eliminando todas las retenciones a los pequeños y medianos productores, segmentándolas o reemplazándolas por un impuesto directo –progresivo y coparticipable– sobre el patrimonio y las ganancias extraordinarias de los grandes terratenientes, pules y monopolios, , que garantice los fondos necesarios para resolver la crisis a favor de los trabajadores y la producción nacional.
