Hispania tiene el mando de la empresa hace ocho años. Los primeros tres años como arrendataria pagó en arriendo $ 20.000 mensuales, mientras sus ganancias eran de $ 1.500.000 por mes. Durante los siguientes años se convirtieron en dueños de la empresa con la compra de la misma, como resultado de negociar con un familiar del gobernador, por 150.000 dólares, siendo los únicos presentes en el remate. En esos años Hispania tuvo ganancias millonarias.
Al abrirse una crisis en el sector textil, Ignacio Toledo –quien fue ministro del gobierno de Palito Ortega, cuñado del diputado de la nación Carlos Alfredo Dato y actual dueño de Hispania–, tomó la decisión de enfrentar esta crisis cerrando las puertas de la empresa de un día para el otro. Para fundamentar el cierre puso como excusa estar padeciendo una crisis económica; esto le permitió poner la fábrica en convocatoria de acreedores, y con el mismo pretexto no respetar el convenio de trabajo.
A partir de esto, los obreros a través de la lucha con cortes de ruta y marchas, lograron que la empresa reconozca la deuda que tenían con ellos. Producto de esto, el sindicato textil, la AOT, realizó con la empresa un acuerdo en el cual los obreros no podían hacerle juicio a la misma durante un año. Este supuesto arreglo tiene como objetivo, según figura en el convenio, “el no quiebre de la empresa en forma inmediata, lo cual le permitiría reabrir sus puertas a partir de buscar nuevos socios, arrendarla o ponerla en venta” (como si los obreros pudieran esperar un año sin trabajar). Este acuerdo fue firmado por todos los obreros, y si no lo hacían no cobraban la deuda reconocida por la empresa, el fondo de desempleo de forma inmediata (tramitado por el sindicato). Además, la empresa les “garantizaba” a los obreros, con la firma del acuerdo, el volver a trabajar una vez reabierta la fábrica.
Pero en realidad este convenio no garantiza en nada la apertura de la empresa, ya que esto depende de los negociados de los empresarios, y deja a los obreros y a su continuidad laboral en total dependencia de sus “arreglos”.
Los trabajadores con los delegados internos se organizan para poder exigirle al gobierno que garantice la apertura de la fábrica. A la vez, se le exige que se haga cargo de la situación que vive el sector textil, ya que distintas fábricas como Pol Ambrosio (grupo TN&platex) y Alpargatas (grupo brasilero Camargo Correa dueña de Loma Negra en la Argentina) hoy están suspendiendo o dando vacaciones del año 2009 sin goce de sueldo.
Estas empresas, como otras, toman estas medidas alegando el conflicto del campo, la crisis energética, etc. Además, aducen que la crisis se agravó con los productos que son importados de Brasil y China, y que le es imposible competir. Esta dura realidad por la que están atravesando los obreros textiles da por tierra con el discurso de la presidenta que continuamente habla del desarrollo de nuestro país. La política kirchnerista pone a la industria textil argentina en condiciones desfavorables: un kilo de hilado argentino tiene un costo de $ 12 a $ 15; mientras que un kilo de remeras China entre $ 14 a $ 18.
03 de octubre de 2010
