La ola de calor que castiga duro al pueblo ha desnudado la gravedad de la crisis energética. Cada verano, los picos de temperatura preanunciaron que se marchaba al colapso del sistema energético que hoy estamos sufriendo.
La ola de calor que castiga duro al pueblo ha desnudado la gravedad de la crisis energética. Cada verano, los picos de temperatura preanunciaron que se marchaba al colapso del sistema energético que hoy estamos sufriendo.
El gobierno kirchnerista se negó a reconocer la existencia de la crisis energética. Desperdició “la década ganada” continuando y profundizando la política menemista de entrega del sistema energético (combustibles, generadoras y distribuidoras) en manos de un puñado de monopolios imperialistas, a los que entregó –y sigue entregando– gigantescos subsidios (con los que se hicieron grandes negociados que hay que investigar), que incumplieron los contratos actuando como simples recaudadoras, usufructuaban las obras realizadas cuando esas empresas fueron estatales.
Ante el estallido de la crisis, el pueblo ha quedado como rehén de la pelea entre el gobierno y las empresas. El gobierno no ha tomado ninguna medida seria, “ahora” descubre que las empresas incumplen sus contratos, pero no las pena o lo hace parcialmente aceptando que no paguen, y lanzó a la calle 24.000 hombres del aparato represivo amenazando a los piquetes de los damnificados. Y las empresas pretenden “lavarse las manos”, presionando para aumentar las tarifas.
La organización que brota en los barrios y localidades, con piquetes, cuadrillas y comités de emergencia, tomando en sus manos la exigencia de resolución inmediata de su situación, es el camino para dejar de ser rehenes de la pelea del gobierno y las empresas. Se ha creado una situación de crisis social que requiere medidas de emergencia, en el camino de la recuperación de toda la matriz energética (petróleo, gas, carbón, y generación y distribución de electricidad), mediante su estatización, con control de sus trabajadores, técnicos y la población de la zona.
Propuesta de medidas inmediatas para la emergencia eléctrica
1. Declaración de emergencia social y energética nacional, provincial y municipal. Comités de emergencia social, nacional, provinciales, municipales y por barrios.
2. No al aumento de tarifas. Fondo de emergencia nacional de $20.000 millones, a cargo del Estado nacional, disponible ya para los Comités de emergencia social, para los gastos de la crisis energética y las indemnizaciones a los damnificados. Para cubrir los gastos de ese fondo, retener los impuestos y contribuciones cobrados en las facturas de inergía, inmediata imposición de multas con efectivo cumplimiento, a las empresas distribuidoras, y establecer un impuesto al juego y a las transacciones financieras que no pagan.
3. Inmediata intervención de las empresas distribuidoras a cargo de representantes del Estado, los trabajadores y usuarios, en camino a anular sus contratos por su incumplimiento.
4. Creación de centros de atención efectivos de reclamos de los usuarios, a nivel nacional, provincial y local, que registren la gravedad de la situación y aporten la información necesaria a los comités de emergencia social.
5. Apertura de centros de evacuación bajo control de los propios evacuados y los Comités de emergencia social.
6. Plan inmediato de reparación de subestaciones, cámaras y tendidos. Formación de cuadrillas en los barrios, con trabajadores desocupados, vecinos voluntarios, trabajadores de luz y fuerza en actividad y jubilados voluntarios, técnicos e ingenieros.
7. Garantizar 20 horas de energía, como mínimo, a toda la población. Plan provisorio de cortes programados y anunciados por todos los medios de prensa.
8. Apagado y racionalización obligatorios de todo consumo de energía que pueda ser prescindible en las situación de emergencia, en todas las localidades del país, tanto privado como del Estado.
9. Durante la emergencia, todas las empresas que tengan autogeneración de energía, total o parcial, deberán ponerlas en funcionamiento asegurando la fuente de trabajo. El Estado deberá asegurarle el suministro de combustible.
10. Declarar de utilidad pública todos los generadores de electricidad, excluyendo a los necesarios para vivienda, pequeños y medianos comercios, industria o producción agraria. Dichos generadores, incluyendo todos los de salas de juego, casinos, espectáculos deportivos y otras actividades que puedan ser suspendidas o cambiadas de horario, quedan en disponibilidad transitoriamente para garantizar la energía de hospitales y demás servicios básicos, y las urgencias populares.
Coordinación de las organizaciones sociales, culturales, deportivas, religiosas, políticas, etc., para exigir estas medidas y otras que surjan de los Comités de emergencia social. Fijar fecha para una jornada nacional, con piquetes y cacerolas, contra todas las instancias gubernamentales y las empresas energéticas que resistan la aplicación de un plan de emergencia.
