A principios del mes, un cable de Noticias Argentinas hacía público un secreto a voces: “El Gobierno congela la Ley de Radiodifusión hasta el 2009” (NA, 2 de octubre de 2008).
Esta ley data de tiempos de la dictadura de Videla, y el gobierno nacional presentó un proyecto de modificación en abril de este año, en medio de su pelea con el grupo Clarín durante la rebelión agraria, tras dejar caer decenas de proyectos de modificación presentados estos años de “kirchnerismo automático” legislativo.
Parece ser que la “madre de todas las batallas”, como la describía el interventor del Comfer (Comité Federal de Radiodifusión), Gabriel Mariotto, para “garantizar pluralidad informativa” de la que hablaba tanto la presidenta, ha pasado para tiempos mejores en las cámaras legislativas, hoy entretenidas con el pase al Estado de la suculenta caja de las AFJP.
Sólo con ver las últimas tapas de Clarín, y también de La Nación, se percibe que ha culminado un nuevo round entre el multimedios y el gobierno, por ahora con una tregua, dejando en los cajones del Congreso la necesaria derogación de una norma (Ley 22.285) que ya cumplió 28 años (5 bajo el kirchnerismo), puesto que fue  promulgada el 15 de septiembre de 1980.
Para darse una idea de la importancia de esta ley, recordemos que incumbe a todo el “espacio radioeléctrico”, desde la radio (AM y FM) a la TV, sea abierta o por cable; quiénes pueden ser propietarios, las cuotas de publicidad, etc.
Uno de los temas pendientes, vinculados a esta ley, es la definición acerca del tipo de TV digital que adoptará la Argentina. Hay una feroz disputa entre los tres posibles: la norma yanqui, impulsada por el grupo Clarín; la europea, propuesta por el grupo Telefé, y la japonesa, ya incorporada por Brasil.
Seguramente los próximos capítulos de esta disputa los veremos ligados a quién se queda con este gigantesco negocio de la digitalización, que además de obligar en un proceso al cambio de todos los aparatos de TV, permite, además de ver TV, acceder a Internet y a la telefonía tanto fija como celular.
Todo muy lejos de las verdaderas necesidades de la mayoría de nuestro pueblo, en lo que hace a la producción, el control, y el acceso a los medios de comunicación, tarea que las organizaciones populares deben tomar en sus manos con urgencia, en el camino de hacer realidad, con un gobierno popular revolucionario, lo que propone el Programa del PCR: “Con el objeto de asegurar a los trabajadores y ciudadanos la libertad efectiva de palabra, se nacionalizarán la prensa, radio y televisión y otros medios de comunicación, en manos del imperialismo, los terratenientes y la gran burguesía intermediaria. Y además del libre acceso a los mismos, se garantizará la entrega de todos los elementos necesarios para la publicación de periódicos, libros, etc., y su libre difusión en todo el país”.