Mientras Angela Merkel festeja su amplio triunfo en las recientes elecciones legislativas en Alemania, se conocen más datos de las consecuencias sociales de la actual crisis económica internacional.
Mientras Angela Merkel festeja su amplio triunfo en las recientes elecciones legislativas en Alemania, se conocen más datos de las consecuencias sociales de la actual crisis económica internacional.
Según la oficina de estadísticas Eurostat, el número de pobres en la Unión Europea durante 2011 se elevó a 120 millones de personas. De éstos, 13 millones son de España, donde el número de pobres aumenta medio millón por año. La fundación Intermón Oxfam, sobre la base de estos datos concluye que: “Europa y España se encaminan a una sociedad dual, mucho más pobre, más injusta y más desigual”. Como un signo de los tiempos actuales, el actual rey de Holanda, Guillermo, conocido por estas playas por su mujer, Máxima Zorreguieta, declaró recientemente “El estado del bienestar de la segunda mitad del siglo XX ya no es sostenible”. Esto lo dijo quien posee una de las más grandes fortunas de Europa, incluso con importante participación accionaria en la Shell.
El imperialismo yanqui tampoco se puede vanagloriar. Según datos oficiales del 2012, el número de pobres se elevó a 46 millones y medio de personas, lo que representa el 15% de sus habitantes, y 48 millones de norteamericanos carecen de seguro médico privado o público.
Huelgas en Grecia
La clase obrera y los pueblos de Europa siguen dando batalla contra las políticas de los gobiernos, que pretenden descargar las consecuencias de la crisis sobre sus espaldas.
En Grecia, al salir esta edición a la calle, está transcurriendo la segunda semana consecutiva de huelgas de empleados públicos. Profesores, personal administrativo de las universidades, empleados municipales y de la Seguridad Social que protestan contra los despidos y el ajuste, recibieron con movilizaciones a los funcionarios de la “troika” (Banco Central Europeo, Unión Europea, FMI), que anduvieron por el país helénico supervisando sus reaccionarias políticas, que implican, en lo inmediato, sumar 12.500 empleados públicos en el llamado esquema de movilidad laboral. Este es un paso previo al despido o el traslado, que puede durar 8 meses, durante los cuales el trabajador percibe el 75% de su salario.
