En el comienzo de este 2021 se ha cometido casi un femicidio por día, mujeres asesinadas por cuestiones de género.
El contexto de pandemia profundiza esta problemática de la violencia de género, pero la cuestión es qué políticas se están desarrollando en la Argentina para frenar esa violencia machista.
En dos de los últimos casos las muertes tienen un denominador común, habían denunciado a sus victimarios y el Estado no tuvo la presencia suficiente para evitarlas. Úrsula Bahillo, de Rojas, tenía 18 años, hizo 18 denuncias, la mató su ex pareja, un policía bonaerense. Marina Patagua, de Jujuy, el viernes 12 fue víctima de su ex pareja Juan Carlos Gutiérrez, quien había sido detenido por las denuncias de violencia de género en diciembre, liberado el 21 de enero se sintió tan impune y con tanto derecho a seguir violentando que a los pocos días la asesinó.
La abogada jujeña Mariana Vargas, en declaraciones a los medios, expresaba que en Jujuy ya no hay solo una cuestión de ausencia del Estado, «sino de promoción y empoderamiento de los violentos con el Juez Pullen Llermanos que liberó al femicida cuando había informes que ya planteaban el riesgo de esa libertad y la oposición de la Fiscalía en este caso concreto», señalando que los violentos que ejercen la violencia son legitimados por las decisiones judiciales y no se les pone freno, por lo que se sienten empoderados y legitimados en su accionar.
El Estado es responsable en toda la línea, porque no da respuestas. Urgen políticas públicas reales y efectivas para prevenir y erradicar la violencia de género.
Por eso reclamamos la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres, con presupuesto para las medidas necesarias de asistencia y prevención, refugios, etc.
Escribe Liliana Robles
