El 26 de junio se cumplirán 5 años de la brutal represión que terminó con la vida de dos jóvenes luchadores: Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, y que dejó una cifra de 30 compañeros desocupados heridos con balas de plomo.
En un vergonzante juicio, fueron condenados por su asesinato los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta. Lejos quedaron las promesas de Kirchner cuando recién asumía –de entrada nomás comenzó a mentirle al pueblo–, de investigar y condenar a los responsables políticos “caiga quien caiga”.
Muchos son los que aún siguen impunes por la masacre de Puente Pueyrredón, empezando por Duhalde, al gobernador Felipe Solá, Juan José Alvarez –algunos de ellos kirchneristas de la nueva hora– por lo que es aún hoy una imperiosa necesidad el juicio y castigo para los responsables políticos.
Son estos momentos en que el gobierno ve resquebrajarse su discurso “progre” de defensor de los derechos humanos: acaban de impulsar la votación de una fascista ley antiterrorista; Julio López sigue desaparecido; cientos de torturadores y asesinos de la dictadura continúan libres al igual que los responsables del asesinato de 34 compañeros en el Argentinazo; están impunes los responsables políticos y materiales de la muerte de los compañeros Cuellar e Ibáñez de Jujuy; el gatillo fácil y Cromañón se llevan la vida de miles de jóvenes; continúan procesados más de 4.000 luchadores sociales; Las Heras sigue militarizada; se reprimen luchas de los trabajadores (como pasó con los petroleros de la Patagonia, y recientemente los del Casino en Bs. As.); matan a Carlos Fuentealba al reclamar salarios.
Por todo esto, organizaciones de desocupados, derechos humanos, políticas y sociales preparan este 26 una vigilia y gran marcha a Plaza de Mayo desde Avellaneda, porque el crimen de Maxi y Darío no puede continuar impune.
