Al gobierno sufrió una derrota parcial de su proyecto de reprivatización de Aerolíneas Argentinas en la Cámara de Diputados. Debió eliminar del texto la referencia al acta-acuerdo firmada por el secretario de Transporte, Jaime, y el grupo español Marsans. También tuvo que sacar el artículo sobre su reprivatización.
Esos dos cambios son positivos y fueron triunfos arrancados al kirchnerismo. Pero no son suficientes. El problema está en el primer artículo, que establece “el rescate”, a través de la compra de acciones. De esa manera, de hecho, el Estado nacional se hace cargo de los activos y de las obligaciones, es decir, de la deuda provocada por el vaciamiento de la empresa, ejecutada por el grupo español y avalada por el gobierno kirchnerista. El gobierno, para zafar de sus responsabilidades, busca evitar que se investigue el vaciamiento, que dejaría a la vista su complicidad.
Lo que corresponde, al ser AA un servicio público, es declarar la caducidad de las concesiones, restituyendo AA al Estado, y aplicando a Marsans las sanciones que le corresponden por incumplimiento de sus obligaciones y por vaciar la línea de bandera argentina.
