En Argentina una mujer muere cada tres días producto de la realización de un aborto inseguro. Es una cifra que no se ha logrado bajar en las últimas dos décadas y se estima que anualmente se realizan alrededor de 500 mil abortos en todo el territorio nacional.
En Argentina una mujer muere cada tres días producto de la realización de un aborto inseguro. Es una cifra que no se ha logrado bajar en las últimas dos décadas y se estima que anualmente se realizan alrededor de 500 mil abortos en todo el territorio nacional.
Las que mueren son las mujeres pobres, las que no pueden acceder a las condiciones de salubridad necesarias en el sistema de salud público. Es una de las formas más crudas en la que se expresa la doble opresión que sufrimos las mujeres. Las que pueden pagarlo o cuentan con una red de apoyo, pueden hacerlo en una clínica privada sin riesgos para su salud. Sin embargo, todas lo hacen en la clandestinidad.
A esto se le suma que, a pesar de que existe una ley nacional de Educación Sexual Integral, la misma no llega a todas las escuelas. Ni hablar de la falta de acceso a los anticonceptivos gratuitos en hospitales y centros de salud. Por eso desde hace años que desde el movimiento de mujeres venimos reclamando “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir”.
Esta es una realidad a la que el gobierno nacional, con Cristina a la cabeza, le viene haciendo oídos sordos. A pesar de que este año la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito cumplió nueve años, aun no se le pudo torcer el brazo al gobierno para avanzar en una legislación que ponga como principal la protección de la vida de las mujeres, y no los valores morales de un sector de la sociedad. El tema estuvo en agenda mucho tiempo, hoy pareciera que vuelve a estar en las sombras.
Si bien se han dado avances producto de la lucha y el consenso social es cada vez más amplio, aun el Congreso de la Nación no debatió el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que este año se ha presentado por quinta vez en la Cámara de Diputados con más de 60 firmas de diputados y diputadas de diversos bloques. Aunque el gobierno se llena la boca hablando de las supuestas medidas que tomó en favor de las mujeres….del aborto no se habla. Cristina manifestó públicamente en los primeros días de su primer mandato que estaba en contra de legalizar los abortos y en este tema coincide con los sectores reaccionarios de la Iglesia Católica.
Por otra parte, sigue siendo preocupante que tampoco se cumple en la mayoría de las provincias con el aborto no punible. Es decir, que cualquier mujer pueda acceder a la práctica en un hospital público si el embarazo es producto de una violación o si corre riesgo su salud. Fue conocido el caso de una niña de Moreno, provincia de Buenos Aires, a quien se le negó el aborto en un hospital público, cada vez aparecen mayores dificultades y el Ministerio de Salud no baja una directiva clara al respecto. Se conoce que el ministro de salud Manzur es portador de fuertes valores conservadores.
Los abortos son una realidad que se cobra la vida de cientos de mujeres, una realidad que el gobierno no quiere ver. O ve, y le da la espalda. La ilegalidad lo único que hace es descargar todo el peso de la criminalidad sobre las espaldas de quienes no tiene dinero para pagarse un aborto. Hoy es un problema de Salud Pública que exige redoblar la lucha para torcerle el brazo al gobierno, lograr la mayoría parlamentaria y que finalmente haya una ley que ponga como sujetas de derechos a las mujeres que, sea cual sea la causa del embarazo, decidan realizarse un aborto.
¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir!
