El lunes 3 de noviembre, tras cuatro años, dos absoluciones en la etapa de instrucción y 8 audiencias del juicio oral, el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21 de la Ciudad, a cargo de Cristina Beatriz Lara, absolvió a los compañeros Pérez y Nardulli. Fue emocionante el aguante de los compañeros de la CCC de la Capital Federal y del Conurbano, que junto a los del Frente Darío Santillán, al que pertenece Diosnel, se bancaron bajo una torrencial lluvia el veredicto y recibieron con emocionados aplausos y abrazos a los compañeros a la salida del juzgado.
La sala de audiencias, repleta de dirigentes políticos, sociales y de derechos humanos, estalló en aplausos al conocerse el veredicto. En la calle, tanto en entrevistas a los medios, como en un acto, Pérez y Nardulli agradecieron a los compañeros, el trabajo de los abogados defensores, de Liberpueblo, y ratificaron la continuidad de la lucha por los derechos de los trabajadores.
La jueza Cristina Lara, expresando la posición de fondo que defiende esta “justicia”, ratificó que “la ocupación del parque constituyó una usurpación”, pero que no pudo demostrar que Pérez y Nardulli fueran sus organizadores, afirmó en el veredicto.
Crónica de una injusticia
El viernes 31 de octubre entró en sus tramos finales el injusto juicio contra Diosnel Pérez y Luciano “Tano” Nardulli. Ambos dirigentes sociales fueron acusados de “usurpación” por el fiscal general adjunto de la Ciudad, Luis Cevasco.
Semejante persecución política se entiende en el marco de la criminalización de la protesta que impulsa el gobierno de Macri, en esto en un todo de acuerdo con el gobierno nacional. Cuatro años después de que miles de personas ocuparan el Parque Indoamericano en un desesperado reclamo de vivienda, el personal policial responsable de dos asesinatos está impune; no se ha construido una sola vivienda en la zona y fueron llevados a juicio dos luchadores sociales. Así, este Estado aborda los problemas sociales de la ciudad.
“Abran paso, llegó la CCC”
El viernes 31, centenares de compañeras y compañeros de la CCC junto a los del Frente Popular Darío Santillán, que estaban apostados en las bocacalles valladas que impedían llegar al Juzgado, las derribaron e hicieron retroceder a la Policía Metropolitana, que tiró gas pimienta sobre los compañeros pero no pudo evitar que se plantaran frente al edificio reclamando por la absolución de Pérez y Nardulli.
Dentro de la sala de audiencias, en la primera fila del público, Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora y Cristina Cabib, de Madres de Quilmes, con sus pañuelos blancos, encabezaban a una veintena de dirigentes sociales y políticos que, junto a los familiares, concurrieron para solidarizarse con los dirigentes juzgados.
Últimos testigos de la defensa
Los últimos testigos de la defensa, Gustavo Moreno, asesor tutelar de segunda instancia y miembro de la Pastoral Social y Enrique Fukman, dirigente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, ratificaron lo expresado por los anteriores testigos (ver hoy 1542) en el sentido del rol de dirigentes sociales de Pérez y Nardulli, reivindicando su accionar en defensa del derecho a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Fukman, en su carácter de miembro de AEDD y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia manifestó, al finalizar su testimonio, la preocupación de los organismos de derechos humanos ante estos juicios con los que el poder político “utiliza a la justicia para criminalizar la protesta”.
Un fiscal reaccionario
El fiscal de la Ciudad, Cevasco, al fundamentar la acusación de usurpación, insistió en las vaguedades desarrolladas en los siete días del juicio, hablando del carácter de “dirigentes”, y del “rol protagónico” de Pérez y Nardulli esos días de diciembre de 2010. Como era de esperar, justificó los dichos de sus testigos (en su mayoría personal policial) y buscó ubicar como víctimas a las fuerzas represivas.
Pero derrapó cuando quiso filosofar sobre quiénes pueden vivir en la Ciudad de Buenos Aires, diciendo “Es atractivo venir a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Pero es limitada la ciudad. No podemos decir que porque yo quiero venir a Buenos Aires a trabajar tengo derecho a que el Estado me construya o me dé una vivienda. Ese discurso en la ciudad de Buenos Aires no es posible. Hay derecho a la vivienda, sí, en la medida que quepan en Buenos Aires” (subrayado nuestro). Como si esto fuera poco, agregó que si se acepta que la gente tome el parque, se genera entonces un derecho a que otros vengan, lo que puede terminar en que la Ciudad no sea “vivible”. Todo un reaccionario que se arroga el derecho de decidir quién puede vivir en la Ciudad.
Tras semejante declaración de desprecio hacia los sectores más pobres de la capital argentina, Cevasco, argumentando “la actitud solidaria demostrada por los imputados” y su falta de antecedentes penales, pidió dos años de prisión con cumplimiento en suspenso para Nardulli y Pérez, y que se les impongan las costas del proceso.
Alegatos de los defensores
“Nada de lo escuchado tiene relevancia penal”, manifestó Paula Quinteros, abogada defensora, quien denunció también la persecución política a Nardulli y Pérez Ojeda. Además denunció al Estado por el incumplimiento de la ley 1770, de urbanización de la Villa 20. Quinteros reiteró lo expresado al comienzo del juicio en cuanto a que la Fiscalía utiliza el derecho penal de autor (derecho penal que es de acto y no de pensamiento). “Es grave querer usar su pensamiento político para acusarlo de una ocupación y organización de la que no fue parte… “El derecho a manifestarse no es un delito, menos ante una situación represiva que generó tres muertos”, manifestó Quinteros.
Otro de los abogados defensores, Nicolás Tauber, tras demoler la acusación cuestionando hasta la fecha de inicio de la ocupación, tal como lo planteó la Fiscalía y demostrando que ni Nardulli ni Pérez se encontraban ocupando o dirigiendo la ocupación, rechazó los planteos del fiscal. “Parecería que el crimen fue involucrarse”, dijo Tauber. Frente a los dichos del fiscal Cevasco que Nardulli y Pérez quisieron “consolidar” la ocupación con su pedido de baños químicos y agua potable para los ocupantes, manifestó Tauber “tenemos criterios humanitarios distintos. Porque el reclamar agua era simplemente para paliar la situación de las personas, y permitir una solución política, sin que se mueran antes”.
Por último Tauber refutó las declaraciones de Cevasco afirmando “No conozco ningún artículo de Constitución Nacional, ni la de la Ciudad, que diga que alguien no pueda establecerse en la ciudad de Buenos Aires”, y reafirmó el carácter de dirigentes sociales de Pérez y Nardulli, y que como tales se involucraron en los hechos del Indoamericano, y hasta fueron invitados a reuniones en la Casa de Gobierno, por lo que pidió la absolución para ambos.
Compromiso de lucha
“La absolución de los compañeros es un triunfo del pueblo, de todos ustedes”, expresó la compañera Julia Rosales, dirigente de la CCC de la Capital, al finalizar el juicio. Reafirmó la lucha por justicia por los asesinatos del Indoamericano, y el derecho a la vivienda, al trabajo y a la rebelión para hacer cumplir esos derechos”. Un compañero del Frente Darío Santillán reafirmó estos conceptos, diciendo “esta lucha no se detiene”.
Diosnel Pérez agradeció a todos los compañeros que hicieron el sacrificio de asistir “dejando su casa inundada, para acompañarnos”. “Le demostramos al Estado que no van a doblar la mano a los que luchamos por una vivienda digna”.
Por su parte, Nardulli reafirmó que ocupar no es un delito. Usurpación es lo que hacen los ingleses con las Malvinas. Usurpar es lo que hicieron los milicos en el 76. Nosotros, los desposeídos, no somos usurpadores ni delincuentes. Los delincuentes son los que combaten a los pobres y son responsables de la pobreza”. Nardulli reiteró el agradecimiento a los abogados Nicolás Tauber, Paula Quinteros y Denis Turnes, de Liberpueblo.
El acto, con la gente firme bajo la lluvia, terminó con un vibrante ¡presente! al nombrarse a los tres compañeros asesinados en el Indoamericano.
