El gobierno de Alberto Fernández, a través de su ministro Guzmán, continúa extendiendo los plazos para lograr una renegociación con los tenedores de bonos argentinos bajo legislación extranjera, proponiendo la postergación y reducción del pago de sus intereses y vencimiento de sus montos (ver “Las pujas por la deuda”, hoy N° 1803).
Como hemos analizado en nuestro semanario esa deuda con grandes bancos y fondos de inversión que operan en Nueva York suma un poco más de 60 mil millones de dólares, pero su negociación es considerada fundamental para evitar los juicios en tribunales extranjeros.
La mayor parte de la deuda del Tesoro Nacional en pesos y en dólares (un equivalente a 270 mil millones de dólares) no se incluye en esta propuesta, siendo que entre ellos hay otro equivalente a 60 millones de dólares en bonos en pesos y en dólares (incluidos los que nos legaron Caputo y Macri), la mayor parte en manos de sucursales de grandes bancos y fondos imperialistas. Para esta deuda radicada en Argentina la estrategia del ministro Guzmán sigue siendo hasta ahora la de postergar (“reperfilar”) los pagos a bonistas en dólares con vencimientos hasta agosto; la de canjear los bonos en pesos que vencen por otros bonos de más largo plazo ajustables a una tasa de interés bonificada, y en el caso de los bonos que tienen los organismos públicos, canjeárselos directamente por otros bonos de hasta 10 años de plazo a la misma tasa que a los bonistas privados.
Esto hace que este endeudamiento del Tesoro y sus intereses, al que hay que agregar los de las provincias y municipalidades, del Banco Central, bancos y otros organismos estatales, se siga renovando y acrecentando con sus intereses que, aunque los nuevos intereses sean ahora más bajos que antes, tienen que pagar siempre un plus que cubra la inflación «esperada». Una consecuencia de la todavía vigente Ley de Entidades Financieras de 1977, sancionada por la dictadura videlista que quitó las potestades de regulación al Banco Central.
Por todo esto sigue siendo necesario replantear todo el tema de la deuda pública y, junto a la necesaria investigación de su legitimidad, suspender todos sus pagos y reprogramar todos los vencimientos de bonos de la deuda pública nacional, provinciales y municipales y de las letras del Banco Central y demás bancos nacionales y provinciales, respetando las tenencias de pequeños ahorristas. Al mismo tiempo es necesario acabar con todos los mecanismos de indexación de los contratos económicos, comerciales y financieros, con una drástica reducción de las tasas de interés y ampliación de los vencimientos de las tarjetas de crédito y todos los préstamos, créditos o contratos financieros que ahogan a las familias populares y llevan a la quiebra a los pequeños emprendimientos y Pymes.
En este camino es necesario recuperar la potestad soberana del Banco Central sobre el sistema financiero, declarando de utilidad pública como actividad esencial a la operatoria de los bancos, haciendo que dichas entidades lo hagan por cuenta y orden del Banco Central como concesionarios monopólicos que son de esos servicios públicos, garantizando la intangibilidad de los depósitos y la orientación de todos los créditos hacia las prioridades de la emergencia sanitaria y alimentaria y las necesidades productivas y de reactivación de la economía.
Escribe Eugenio Gastiazoro
Hoy N° 1814 13/05/2020
