Una y otra vez los medios de comunicación reproducían los esfuerzos oficiales para instalar la idea de que los ministerios que entienden en la discusión paritaria, Trabajo y Economía, no estaban imponiendo ningún techo, ni porcentaje tope. Así, el ministro de economía Axel Kicillof aseguraba la semana pasada, en plena discusión de los principales gremios por sus aumentos salariales, mientras que Carlos Tomada desde la jefatura del Ministerio de Trabajo explicaba a principio de mes cuando iniciaban las negociaciones que “nosotros no lo vamos a fijar, no es que hemos establecido un número, un porcentaje, y de eso no nos movemos. Creemos, y en esto quiero ser muy claro, que tenemos derecho, como lo hacemos todos los años, a plantear un tema de responsabilidad. Creemos que no se puede tirar al voleo un número, jugando livianamente con un activo que nos pertenecen a todos”.
Sin embargo esta semana, luego de una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que duró más de 5 horas y donde se había logrado uno de los primeros avances tras casi tres meses de negociación (el acuerdo vigente venció el 31 de marzo), entre las cámaras de empresas aceiteras y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, los trabajadores denunciaron en un comunicado que “las empresas condicionaron el acuerdo a un aval del Ministro de Trabajo que, consultado en ese momento, manifestó que no se aprobaría un convenio de esas características”. Y aseguraron que “la huelga continúa, pero ya no solo contra las patronales, sino también para que el Ministerio de Trabajo destrabe el acuerdo y garantice la vigencia de paritarias libres”.
Los aceiteros vienen llevando adelante una huelga nacional con numerosos bloqueos de fábricas y en algunos casos cortes de ruta en los accesos a los puertos como los que la semana pasada protagonizaron junto a la CGT San Lorenzo en el cordón industrial aledaño a Rosario. En el comunicado emitido el viernes 22 de mayo explican que “deslindamos toda responsabilidad por las consecuencias de las medidas de fuerza en curso en tanto se ha demostrado que obedecen a la irracionalidad de las empresas y a la actitud regresiva del gobierno nacional”. Esto a partir de que las cámaras aceiteras comenzaron a denunciar en los medios el supuesto desabastecimiento que podría ocasionar la medida en el mercado de aceites domésticos.
Paritarias calientes, anuncios y desmentidas.
Esta pelea en el núcleo de la exportación sojera y que a esta altura afecta a 40 plantas y 15 buques que esperan en el Paraná, es el telón de fondo de una pelea que llevan adelante el conjunto de los gremios en Argentina por un sueldo acorde a las necesidades de los trabajadores. En esta pelea entre empresarios y trabajadores el gobierno intentó aparecer en un primer momento como un espectador que a lo sumo “sugería” no sobrepasar el 26% de aumentos, porque según los funcionarios, ese es el porcentaje en que las mediciones oficiales ubican la inflación.
Sin embargo, y más allá de las direcciones sindicales conciliadoras como es el caso de la UOM, Uocra o Comercio, hasta ahora ha sido muy difícil cerrar en esa cifra. Y a medida que se tensan las negociaciones el rol del gobierno como condicionador de las mismas va quedando más al descubierto.
Una de las primeras señales de que la posición gubernamental sería inflexible en torno a no cerrar acuerdos por encima del 26/27% llegó cuando desde Trabajo se negaron a homologar el acuerdo que la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y el sindicato de Empleados de Comercio tenían cerrado. Carlos de la Vega, presidente de la cámara empresaria alertó que el Gobierno se negó a homologar el “aumento de sueldo cercano al 30 por ciento” que estaba cerca de acordarse. El Sindicato de la Carne pasó por la misma situación tras cerrar acuerdos cercanos al 31,5% que luego no fueron homologados.
Esta semana los medios y funcionarios oficialistas presentaron en sociedad el supuesto cierre de acuerdos paritarios con los principales gremios como Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Sindicato de Empleados de Comercio y al Sindicato Único de Trabajadores de Edificio de Renta y Horizontal (Suterh). Sin embargo al día siguiente la negociación en Comercio volvió a trabarse y se suspendió la firma del acuerdo definitivo por el incremento salarial que llegará al 27% en dos tramos. A su vez, varias cámaras de la industria metalúrgica cuestionaron el entendimiento sellado entre la UOM y una de ellas (Adimra) denunció que la suba real en la actividad supera el 27,8% anunciado. Estos anuncios generaron también malestar en las bases e incluso algunas seccionales demostraron su descontento. Y es que por mandato del congreso de delegados de la UOM realizado en Mar del Plata en abril se había acordado lograr que el salario inicial trepe de 6.400 a 8.500 pesos, lo que equivale a un alza de 32%. Con el acuerdo firmado esta semana, el salario más bajo será de $ 8.160, a partir de julio. En el sector de los estatales la bronca erupcionó de la mano de ATE quienes además fueron excluidos de la discusión que llevó adelante UPCN.
La pelea de fondo
La paritaria aceitera, con una contundente medida de fuerza y una gran demostración de unidad, hizo crujir el relato de las “paritarias libres” y dejó al descubierto el verdadero rol del gobierno en estas negociaciones entre las empresas y los trabajadores.
Esta discusión cobra relevancia si se analiza en el marco de los últimos datos del Indec según los cuales la mitad de los ocupados remunerados de la Argentina tenía ingresos por menos de $5.500 por mes al cierre de 2014, año en el que se produjo un deterioro en la distribución del ingreso.
La medición, realizada por el Indec, arrojó también que el 25% de los ocupados (4 millones de trabajadores) cobrará menos de $3.000 en el mismo período. El cuadro se completa si se considera que en total había entonces 1.200.000 desocupados, sin ingresos o que reciben una mínima “prestación por desempleo”.
Poniendo el eje en discutir un aumento que cubra las necesidades básicas de los trabajadores más allá de los porcentajes (cifra que el equipo económico del sindicato fijó en $14.931, lo que sería un 42% de aumento) dejó “en orsay” no sólo a los gremios cercanos al gobierno que negociaron y siguen negociando cifras que no superan el 27%, sino a los funcionarios que intervinieron en un primer momento desde una supuesta posición “neutral” y terminaron bloqueando incluso acuerdos aceptados por las grandes empresas.
Este lunes (al cierre de esta nota) la Federación Aceitera ha convocado a una gran asamblea nacional de obreros aceiteros ante la Planta Santa Clara de Molinos ubicada en calle Uriburu 3364 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Mientras se espera también que, tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, extendida por el gobierno hasta su plazo máximo a los gremios agrupados en la CGT San Lorenzo, los trabajadores de los 11 gremios adheridos a la central lancen un paro por tiempo indeterminado sumándose reclamos similares a los de aceiteros.
German Mangione
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