Apartir de algunos hechos delictivos de repercusión mediática, ocurridos en la zona norte del Gran Buenos Aires, en las últimas semanas se levantaron voces pidiendo la reducción de la edad de imputabilidad de los menores. El gobierno de Scioli respondió diciendo que está de acuerdo con reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que implicaría juzgar y condenar a chicos que acaban de terminar la escuela primaria.
El problema de la delincuencia es un tema grave y complejo que afecta a todos los sectores sociales.
El hecho de que existan menores que delinquen y que estén dispuestos a morir o matar es un signo claro de la falta de oportunidades para grandes sectores de la población y es consecuencia del aumento de la pobreza y desigualdad social en los últimos años, así como de la extensión del negocio de las drogas. Por sentido común, no se puede entender la conducta de un menor sin conocer la situación que atraviesa la familia con la que convive.
Los mismos diarios que informan sobre homicidios supuestamente cometidos por menores dan cuenta del espectacular aumento de los casinos y locales de juego en la provincia de Buenos Aires, asociados a los líderes políticos y mafias policiales. Del mismo modo es conocida la participación y complicidad de las fuerzas de seguridad en el campo del delito.
En esta situación bajar la edad de imputabilidad serviría únicamente para otorgarle a la justicia y a la policía del gatillo fácil “vía libre” para perseguir a los jóvenes de los barrios más pobres. La experiencia demuestra que la mano dura nunca ha sido el instrumento adecuado para resolver los problemas de la llamada “inseguridad”.
En los últimos años todas las políticas de mano dura, como el “meter bala” de Ruckauf, han fracasado. La única solución para el problema de la delincuencia consiste en un cambio de política para que el Estado se haga cargo de la situación de abandono en la que se encuentran millones de familias en la Argentina y la puesta en debate entre las grandes masas de los modos en que podamos incidir para abordar esta dura problemática.
Jóvenes pobres en el blanco del Estado
Un ingeniero es asesinado en su casa de Acassuso, zona norte del Gran Buenos Aires. Minutos después, se pone en marcha una maquinaria infernal, desplegando campaña en los medios de comunicación y a través de declaraciones de funcionarios municipales, provinciales y nacionales, para poner el blanco en los jóvenes “de los barrios de la hambruna”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli, se adelanta a las apariciones televisivas de Blumberg, y reclama que se baje la edad de “imputabilidad” a los menores (léase: se los pueda meter presos en cárceles comunes), actualmente en 16 años, a los 12 años. Luego, al conocerse el proyecto que enviará a la Legislatura, la edad se fijó en 14. De ser así, los jóvenes podrán ir presos, pero no casarse, ni sacar registro de conductor, etc.
Daniel Salcedo, titular de la Bonaerense, para reforzar los argumentos de su jefe dijo que los menores cometen “un millón de delitos al año, en la provincia”. Según datos judiciales del 2006 –últimos disponibles– hay 89.181 causas judiciales protagonizadas por menores. Menos del 10%.
El mismo Scioli, revelando la esencia de su “política social”, se encargó de aclarar que “hay 400 mil menores sin trabajo ni estudio en la provincia”, que tenía “mucha bronca” por el asesinato del ingeniero, y que había que “trabajar mucho”.
No perdieron tiempo. Eso sí, en vez de atender los reclamos de los jóvenes, como los presentados por la JCCC con su plan de “Indigencia 0”, volvieron a rodear La Cava, una de las villas más grandes del conurbano, con la Gendarmería. La Bonaerense reforzó sus razzias en los barrios, y cualquier pibe o piba están más expuestos que nunca a que los maten a palos o los metan presos.
El gobierno nacional, como siempre, trata de hacerse el distraído para no tener que decir cosas políticamente “incorrectas”, mientras en el Presupuesto 2009, al tiempo que reduce el monto destinado a lo social, aumenta en un 13,8% el dinero para “Defensa, Seguridad Interior, Sistema Penal e Inteligencia”, llegando a 25% en algunos rubros. El objetivo obvio es “recuperar” las calles por parte del aparato del Estado.
Como lo vienen planteando distintas multisectoriales, el camino es enfrentar la política de estos gobiernos, que lo único que le ofrecen a la juventud de los barrios es desocupación, paco, prostitución o delincuencia, para, con la lucha, lograr conquistas en el plano del trabajo, la educación, el deporte y la recreación.
