El jueves 14 se dictaron las sentencias de prisión perpetua al último presidente de la dictadura Reynaldo Bignone, al ex subcomisario y ex intendente de Escobar Luis Abelardo Patti, al ex general Santiago Omar Riveros (responsable del centro de detención de Campo de Mayo junto con Bignone), y al ex agente de Inteligencia del Ejército Martín Rodríguez, en el juicio seguido en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín por los asesinatos y torturas de Gastón Goncalvez y Diego Muñiz Barreto (ex diputado nacional), y por los secuestros de Juan José Fernández, Osvaldo Ariosti (fallecidos), y de Guillermo y Luis Rodolfo D’Amico y Carlos Daniel Souto (desaparecidos) durante la última dictadura militar. El ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini, superior de Patti en 1976, recibió una pena de seis años de prisión. Todas las condenas son de cumplimiento efectivo en cárceles comunes.
Estas condenas son un avance en la lucha contra la impunidad, y así fueron recibidas por los familiares de las víctimas, que colmaron la sala y estallaron en abrazos y aplausos al conocerse las sentencias. En la misma, además, se encontraban otros familiares de desaparecidos de la zona norte como David Magnarelli, hijo de nuestro querido Miguel Magnarelli, secretario de la JCR de la Zona Norte secuestrado en Escobar el 1 de septiembre de 1976. Estaban presentes integrantes de organismos de derechos humanos.
Una vistosa y ruidosa delegación del PCR, la JCR y la CCC se plantó en las puertas del Tribunal haciendo oír sus consignas de “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, mientras que organizaciones sociales y políticas afines al gobierno se instalaban en un predio aledaño, donde estaba convocado un festival posterior a la lectura de la sentencia.
En el juicio, el dictador Bignone reivindicó el terrorismo de estado, y negó legitimidad a los juicios. El ex intendente de Escobar no se encontraba presente, alegando su estado de salud tras un accidente cerebrovascular.
Esta condena es producto de la larga lucha de nuestro pueblo por el juicio y castigo a los responsables de infames crímenes contra el pueblo. Si bien en el fallo los crímenes investigados son señalados como “delitos de lesa humanidad”, se muestra el límite de este tipo de juicios, donde los familiares de las víctimas, y ellas mismas tienen que ser los que promueven las causas.
El gobierno nacional sigue sin abrir los archivos del Estado, lo que impide saber la responsabilidad de cada integrante de la dictadura; en estos juicios no se vinculan las causas, y no son realizados bajo la figura de genocidio (de un Estado que llevó adelante un plan de represión) sino como crímenes comunes. Esto lleva que sean, 28 años después del fin de la dictadura, sólo 204 los condenados.
