De los nuevos proyectos hay dos que tienen que ser aprobados por el Senado, el de prórroga de impuestos y el de Presupuesto 2018, en la sesión convocada para el viernes 29 de diciembre.
De los nuevos proyectos hay dos que tienen que ser aprobados por el Senado, el de prórroga de impuestos y el de Presupuesto 2018, en la sesión convocada para el viernes 29 de diciembre.
Por la modificación de la fórmula de movilidad se verán afectados los futuros ingresos de 6,6 millones de jubilados y pensionados, 8,5 millones de asignaciones por hijo (AUH y asignación familiar de los trabajadores que aportan) y alrededor de 1,4 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas (como las de los veteranos de guerra). El régimen que la nueva ley anula retroactivamente, vigente desde 2009, garantizaba la actualización semestral de las prestaciones en dos momentos del año (marzo y septiembre) y se basaba en un índice que ponderaba en un 50% la variación de la recaudación y en un 50% la variación de los salarios. De aplicarse esta fórmula, y considerando los últimos datos publicados, el haber mínimo debería aumentar de $7.246 a $8.260 en el mes de marzo de 2018, es decir una suba del 14,0%. La nueva fórmula de movilidad se basa en un 70% en la variación inflacionaria (IPC) y en un 30% en la variación de los salarios (Ripte), y se aplicará en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. La primera actualización se hará efectiva a partir de marzo de 2018 y el coeficiente arroja un alza del 5,7%, con lo cual el haber mínimo subirá de $7.246 a $7.659.
El gobierno nacional se apropiará así de un ahorro $60.600 millones en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y pensiones no contributivas durante el año próximo, ya que son fondos que no quedarán en la Anses, cuando el relato oficial es que se hace esto para garantizar su financiación. La base de esta apropiación, lograda a expensas del poder adquisitivo de los sectores más desprotegidos de la población, no proviene únicamente del cambio de los parámetros de la fórmula sino del reemplazo de un semestral por un índice trimestral. Como la próxima actualización de marzo de 2018 contempla las variaciones de precios y salarios ocurridas entre julio y septiembre de 2017, en lugar de considerar las variaciones acumuladas entre julio y diciembre, el aumento aplicado del +5,7%, queda muy por debajo del aumento previsto por la norma anulada, del 14%, como señalamos arriba.
El bono que otorgará el gobierno por sólo el mes de marzo no alcanza para cubrir la pérdida en los ingresos ni siquiera para ese mes. Dicho instrumento contempla el pago por única vez de $400 para los beneficiarios de la AUH (las asignaciones familiares quedan afuera), de $375 para aquellos con haberes jubilatorios menores a $10.000 que ingresaron por moratoria y de $750 sólo para los jubilados con más de 30 años de aportes que cobran menos de $10.000. Al ser un bono por única vez, se consolida para siempre la reducción de lo sustraído en la actualización de marzo. Por eso el bono, estimado en $ 4.000 millones, no representa ni el 7% de los $60.600 millones que dejarían de percibir los sectores afectados por la reforma previsional, y que se seguirá quitando en los años venideros, pues las actualizaciones con el nuevo índice se harán siempre sobre los básicos disminuidos en marzo de 2018.
Cómplices y beneficiarios
Este robo a todos los sectores afectados por el cambio en el índice de ajuste en las distintas prestaciones a cargo de la Anses, es equivalente al efecto de la modificación en el reparto de los recursos en el pacto pampa con las provincias, ya que sólo por el cambio de destino de dos impuestos, la Anses dejará de percibir alrededor de $65.000 millones el año próximo. Esto es así porque al derogarse el artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, el organismo dejará de percibir $128.000 millones, que no llegan a compensarse con la asignación del 100% de lo producido por el Impuesto al Cheque (+ $63.000 millones). A lo que se sumará en el futuro la reducción progresiva de los aportes patronales (parte del salario diferido de los trabajadores) hasta los $12.000 del salario bruto, actualizable por la inflación. Beneficio para todas las patronales, ya que es aplicable a todos los salarios y no sólo para los que blanqueen o tomen nuevo personal, como se pretende justificar la medida. Tampoco se diferencia entre los grandes monopolios y terratenientes, y las Pymes, ya que “todos deben tener un trato igual” según la filosofía de Macri
El robo a las prestaciones previsionales que implican tanto la reforma previsional como la reforma tributaria se vincula a la desfinanciación de la Anses, como un “ahorro fiscal” necesario para compensar,total o parcialmente, el incremento de los pagos que el Estado tiene que realizar en otros rubros, fundamentalmente en el crecimiento de los intereses de la Deuda Pública, que en el proyecto de Presupuesto 2018, se incrementa en una cifra también equivalente a los $63.000 millones. Precisamente, el cambio de la fórmula, como ha aclarado el propio gobierno, es lo que piden el FMI y la OCDE, y formaparte del paquete de medidas comprometido por el presidente Macri ante los acreedores y banqueros norteamericanos durante su viaje a Nueva York, a principios de noviembre, apenas pasadas las elecciones legislativas del 22 de octubre. Tema del que no se habló durante campaña, habiendo incluso el mismo gobierno desmentido en forma expresa las versiones de un proyecto de reforma previsional del Ejecutivo para después de los comicios de octubre, a través de su Jefe de Gabinete Marcos Peña, en declaraciones producidas en agosto pasado. Claro que para Macri, son deleznables los gobiernos que priorizan “la primacía del interés nacional”, como sostuvo en el foro de la Organización Mundial del Comercio, precisamente unos días antes de que se debatiera el paquete de proyectos en el Congreso.
Por todo esto es necesario que los senadores no aprueben a libro cerrado el proyecto de reforma impositiva como viene de Diputados, reviendo en particular todos los puntos que aumentan el desfinanciamiento del Anses, como es el caso de lo que perderá con el reparto de los impuestos específicos para el sistema previsional y la reducción gradual e indiscriminada de los aportes patronales y la reducción indiscriminada en el impuesto a las ganancias de las grandes empresas, que también afectara lo que reciban de coparticipación las provincias. Y es necesario seguir la lucha en las calles y en los tribunales para que no se aplique la ley de reforma previsional por su inconstitucionalidad manifiesta en el robo del poder adquisitivo de todas las prestaciones sociales, y exigir que se restituya a la Anses todo lo que se le pretende quitar con la reforma impositiva, como tributo a los monopolios imperialistas y latifundistas y a los usureros imperialistas.
