La empresa Aluar –Aluminio Argentino–, del grupo Fate-Aluar que preside Javier Madanes Quintanilla, es la única firma en Argentina que produce aluminio crudo y una de las más importantes de América Latina. Con el monopolio en el país de ese insumo básico, su actividad abarca desde la obtención de aluminio en estado líquido hasta la fabricación de productos elaborados que se destinan a las industrias del transporte, packaging, construcción, electricidad, medicina y tratamiento de aguas.
Actualmente menos de un tercio de su producción es absorbida por el mercado interno, mientras que más de dos tercios (alrededor de un 70%) se destinan a la exportación, al igual que sucede con FATE, la hoy principal firma productora de neumáticos en el país, que le dio origen. Lo cual identifica a las dos ahora, junto a las grandes cerealeras y mineras imperialistas en el país, como otras grandes beneficiarias de la devaluación macrista: sus ingresos en dólares prácticamente se han duplicado en pesos, mientras los salarios de sus trabajadores siguen siendo los mismos.
Aluar ocupa más de 3.000 trabajadores en base a los cuales produjo 433.478 toneladas de metal y facturó más de 600 millones de dólares, según el último balance cerrado en junio de 2014. En la actualidad, la planta productora de aluminio primario cuenta con ocho salas que albergan un total de 784 cubas electrolíticas (hornos en los cuales se obtiene el aluminio en estado líquido mediante el proceso de electrólisis). Se trata de un proceso que requiere un consumo muy grande de energía eléctrica.
El consumo de Aluar, en base a las operaciones actuales de la planta en Puerto Madryn, supera los 400 millones de vatios anuales, equivalente a lo que gasta una ciudad de un millón y medio de habitantes en un año. La energía eléctrica para este proceso proviene de la Hidroeléctrica Futaleufú (bajo el control total de Aluar), y de una planta térmica a gas de ciclo combinado. Aluar cuenta, además, con una fábrica de ánodos (un suministro básico requerido por el proceso electrolítico) cuya producción asegura el autoabastecimiento.
Aluar, como toda empresa capitalista monopolista, no ha tenido ni tiene reparos en recurrir a la superexplotación obrera, directamente o a través de empresas contratistas. Por ejemplo, todavía se recuerda que, en 1993, al amparo de la política menemista y argumentando el retraso cambiario de entonces, Aluar decidió de manera unilateral una rebaja generalizada de salarios del 25 por ciento, y amenazó con despidos generalizados si los trabajadores no lo aceptaban. También es responsable por la sangre de la decena de obreros, en su mayoría hermanos bolivianos, que murieron y mueren por su responsabilidad en las condiciones en que trabajan sus contratistas.
Pero, sobre todo, Aluar es el principal ejemplo de una empresa monopolista montada y expandida a costa de la utilización del poder del Estado y el saqueo del erario público. Su origen se remonta a la dictadura del general Alejandro Lanusse, cuando este se impone en la disputa interna sobre sus rivales Onganía y Levingston, en 1971, como reflejo del poderío que ya había alcanzado entonces la penetración en la Argentina del socialimperialismo de Rusia, en disputa principalmente con el imperialismo de Estados Unidos. El dictador Levingston le había otorgado Aluar a la firma norteamericana Kaiser, y luego Lanusse anuló la decisión de Levingston y entregó Aluar a FATE, la firma del grupo Madanes-Gelbard, los principales testaferros del socialimperialismo soviético entonces en la Argentina (Recordemos que Gelbard fue condecorado posteriormente en Moscú, cuando llegó a ser el ministro de Economía impuesto por Lanusse, en 1973, al tercer gobierno de Perón).
El saqueo del Estado
Bajo la dictadura de Lanusse, el grupo Madanes-Gelbard invirtió en la construcción de la planta de Madryn 10 millones de dólares. Y el Estado a su servició invirtió 474,5 millones en el puerto de aguas profundas y en la hidroeléctrica Futaleufú, las líneas energéticas necesarias y un acueducto hasta la fábrica, para proveerle la electricidad y el agua gratis entonces. Todo esto tan escandaloso que el gobierno de Isabel Perón, fallecido su marido y desplazado Gelbard del ministerio, promovió con sectores del radicalismo (entre ellos, Solari Irigoyen), la creación en 1975 de la Comisión Bicameral investigadora especial de estudio del contrato Aluar-Estado Nacional. El proyecto de expropiación tenía que tratarse en el recinto el 24 de marzo de 1976, lo que fue uno de los desencadenantes del golpe de Estado de ese día, encabezado por el sector prorruso de Videla-Viola.
La empresa fue protegida durante la dictadura, y luego beneficiada con la estatización de las deudas por Sigaut-Cavallo al final de la misma, herencia que por “razones de Estado”, no cuestionó siquiera el alfonsinismo ni posteriormente el menemismo. Es más, al amparo de la entrega menemista, en 1994 Aluar se apropió de la hidroeléctrica Futaleufú y asociándose con Cammuzzi se quedó con la línea de transmisión eléctrica hacia el sur, Transpa. Tras la crisis de 2001, Aluar se benefició intensamente con la pesificación de las deudas, y con la devaluación aumentaron en un 300% las ganancias de sus exportaciones. A ello se sumaron posteriormente los beneficios que obtuvo durante el gobierno de Kirchner, una de cuyas primeras medidas fue extenderle las líneas eléctricas que llegaban desde Futaleufú, Neuquén, a Chole-Choel (Valle Medio de Río Negro), hasta Puerto Madryn, integrándolas al sistema interconectado nacional.
En la tribuna del Coloquio de Idea de 2007 (foro de “los grandes empresarios”), Cristina Fernández entonces candidata a presidente de su marido Néstor Kirchner, remarcó como ejemplo del papel del Estado en apoyo a la iniciativa privada, el contrato con Aluar. Allí se refirió además que el día anterior había estado con su marido en el acto de anuncio de inversiones de Aluar, en un remake de un acto realizado en mayo de 2005, que había contado con la entusiasta presencia del presidente Kirchner. Tras esa visita, se le dieron a Aluar 690 millones de pesos de los 1.200 millones presupuestados ese año para fomentar la producción y el empleo, supuestamente para las Pymes –más de la mitad de lo presupuestado se lo dieron a esa sola empresa–, con una excepción fiscal que significaba 3.382.353 pesos de subsidio por cada nuevo puesto de trabajo (hoy, n° 1183, 12/9/ 2007).
Un monopolio imperialista
Como decimos arriba, anulando el anterior contrato del dictador Levingston con la norteamericana Kaiser, en 1971 el dictador Lanusse concedió Aluar al grupo encabezado por Manuel Madanes y José Ber Gelbard, llegando este último en 1973 a ser ministro de Economía durante el último mandato de Perón. Tras el golpe de Estado de 1976, Gelbard decidió exiliarse a Estados Unidos, donde murió. Antes de eso transfirió todas sus acciones a la familia Madanes, que también eran los tenedores mayoritarios de las acciones de FATE.
Tras la muerte de Manuel Madanes en 1988 y, en el contexto de la caída del Muro de Berlín en 1990 y la feroz disputa entre los sectores dominantes en la ex Unión Soviética, sus sucesores se vieron involucrados durante varios años en una serie de disputas familiares por el mando del consorcio de empresas controladas en Argentina a través de ellos. Los hijos de Manuel fueron objeto de denuncias e investigaciones por la gestión de capitales, obras de arte, acciones y otros bienes mediante operaciones offshore en las Islas Cook, Bahamas, Islas Vírgenes y Panamá, con conexiones a cuentas en bancos de Suiza. El escándalo estalló tras los datos sobre operaciones en paraísos fiscales a escala mundial distribuidos en 2013 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el mismo que ha sido noticia estos días por sus investigaciones que involucran a numerosos jefes de Estado y personalidades en cuentas de ese tipo (“La familia Madanes, millonarios con un imperio offshore”, en www.lanacion.com.ar › Economía › Offshore leaks, 26 abr. 2013).
La crisis derivó en un sinfín de denuncias en juzgados de Argentina, EEUU y Suiza, que acabaron apartando a los hijos de Manuel de los mandos del grupo industrial. Desde entonces quedó a cargo Javier Madanes Quintanilla, único hijo de Adolfo Madanes, el otro fundador de FATE y la empresa productora de aluminio. Javier Madanes Quintanilla quien, junto a su madre Dolores Quintanilla, figuraba como propietario de la mayor parte del paquete accionario de la compañía desde mediados de los años 90, adquirió el control absoluto del consorcio con el 70% de participación en Aluar y un poder semejante en FATE. Escribiendo sobre su historia, Carlos Echagüe concluye que “el grupo que hoy preside Madanes Quintanilla sigue siendo uno de los principales monopolios controlados por el imperialismo ruso” (ver Argentina. Declinación de la soberanía y disputa interimperialista, Anexo 2. El grupo Aluar-Fate, Editorial Agora, Buenos Aires, 2004).
Por el origen de los fondos en el Estado Nacional y en la superexplotación de los trabajadores, tanto en su construcción como en su posterior expansión, y por tratarse de una empresa que tiene el monopolio exclusivo del aluminio en el país y el poder formidable que da el control de ese insumo básico, en manos de personeros de un imperialismo, es necesaria la recuperación de esa empresa a favor de los trabajadores y la producción nacional. Lo que requiere su expropiación por el Estado, bajo el control de sus trabajadores y con la participación de todos los sectores de la industria nacional que producen con ese insumo básico.
