Esta presentación fue hecha por más de 1300 dirigentes de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, la CTA Autónoma y partidos políticos como Unidad Popular (UP), Partido del Trabajo y del Pueblo, Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, entre otros.
Entre los fundamentos, presentados en un escrito firmado entre otros por Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz – SERPAJ), Nora Irma Morales de Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Claudio Lozano (Unidad Popular), Juan Carlos Alderete y Elena Hanono (PTP), se afirma: “Los acuerdos con el FMI realizados en el año 2018, que implicaron el mayor endeudamiento de la historia de la Argentina, no contó con la participación de la ciudadanía en la dirección de los asuntos público de forma directa ni por medio de los representantes libremente elegidos. Cabe destacar que el Congreso no tuvo ninguna intervención. Esto constituye una clara violación de los artículos 4, 75 inc. 4 y 7, y 76 de la Constitución Nacional y de numerosas leyes.
“Por lo tanto, estamos frente a una ostensible violación al art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dispone: “1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.
“También implica una violación ostensible del art. XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que dispone: “Artículo XX. Toda persona, legal- mente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres”.
“Un monto similar a la totalidad de los desembolsos efectuados por el F.M.I fueron utilizados -conjuntamente con las reservas internacionales- en el mismo período para la formación de activos externos, sin que se hayan tomado medidas tendientes a limitar o impedir esta situación hasta septiembre de 2019.
“En una economía que históricamente encuentra en la restricción externa (esto es, la insuficiencia crónica de divisas) uno de los principales límites al desarrollo, los más de USD 86 mil millones que se fugaron en concepto de formación de activos externos tienen su equivalencia en términos de menor crecimiento e inversión, mayor desempleo y deterioro en la distribución del ingreso.
“La Oficina Anticorrupción, en su denuncia penal, detalló que se omitió deliberadamente recurrir al Congreso Nacional para contraer y posteriormente ampliar el empréstito contraído con el FMI durante el 2018.
“Por esta razón, este endeudamiento impuesto pone en riesgo el cumplimiento del art. 26 Desarrollo Progresivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.
“El actual gobierno, si bien a través de sus organismos de control como la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Procuración General del Tesoro manifestaron la inconstitucionalidad del acuerdo con el FMI por no haber contado con la aprobación del Congreso ni siquiera la intervención del Presidente, pretende cerrar un nuevo acuerdo con el FMI convalidando lo realizado por la anterior gestión sin previo declarar la inconstitucionalidad y nulidad del acuerdo con el FMI realizados en el año 2018. También están en juegos los derechos sociales, económicos y ambientales de la población.
“Un nuevo acuerdo con el FMI, que convalide una toma de deuda histórica sin que la ciudadanía haya ejercido su derecho de tomar parte en el gobierno de su país, constituirá el mayor fraude democrático y estafa en la historia de la Argentina con relación a la toma de deuda. Esto violación de los derechos políticos de la población argentina será grave y de naturaleza irreparable.
“Durante el año 2020, se pagaron intereses al FMI por U$D 1.320 millones. En el año 2021 se pagaron U$D 961 millones de intereses. Un total de U$D 2.282 millones. También se habrían pagado otros U$D 390 millones en noviembre de 2021. En el mes de diciembre, se pagarán otros U$D 1.884 millones (Fuente: Información mensual del balance cambiario y evolución de reservas internacionales BCRA). Estos pagos se están realizando sin cuestionar la legalidad y constitucionalidad de la deuda.
“Por este motivo, se solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos humanos a fin de que a través del otorgamiento de una medida cautelar ordene al Estado Argentino a que no apruebe ninguna ley, acto de gobierno o un nuevo acuerdo con el FMI que implique convalidar y reconocer la constitucionalidad y legalidad del endeudamiento que surge de los acuerdos con el FMI realizados durante el año 2018 que no contaron con la intervención ni aprobación de ningún representante electo por la ciudadanía ni por el órgano democrático por antonomasia que es el Congreso Nacional”.
Hoy N° 1896 12/01/2022
