El “traslado” a la justicia civil, decretado por la Suprema Corte de Justicia el 13/2, de la jueza Mariana Mota, quien venía actuando consecuente y valientemente en decenas de causas penales contra los responsables de los crímenes de la larga dictadura militar fascista, 1973-85, que en su mayoría se han mantenido impunes por décadas, es sin duda un duro golpe reaccionario contra la larga y justa lucha popular por verdad, justicia y castigo. Esto en un país donde hubo cientos de luchadores populares desaparecidos y asesinados, y donde decenas de miles fueron torturados.
Quien toma la decisión es la Suprema Corte de Justicia, un órgano reducido y privilegiado de esta democracia burguesa, que muestra claramente su despotismo, su reaccionarismo y cómo defiende en última instancia el orden establecido para la explotación de la mayoría del pueblo.
Trasladan con una burda argumentación a la jueza Mota, con la clara intención de sacarla de los juicios mencionados y del caso del avión de Air Class, desaparecido misteriosamente hace unos meses, lo que ha generado una gran indignación popular y una justa movilización el propio 15/2.
La Suprema Corte de Justicia toma la decisión que viene impulsada por el propio presidente Mujica, que lo planteó públicamente hace unos meses en su audición radial, a raíz de las declaraciones de la jueza Mota al periódico Página 12 de la Argentina y por el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, que ha defendido con uñas y dientes la Ley de Impunidad y que recientemente impidió su ingreso al Batallón de Infantería Blindado N° 13 y al Servicio de Material y Armamento del Ejército, para identificar los lugares de torturas.
Esta acción tiene que ver con los embates de la crisis económica internacional, capitalista-imperialista, en la región y el país y la necesidad de la oligarquía y el imperialismo de descargar sus efectos en las espaldas de los trabajadores y el pueblo. Para esto históricamente las clases dominantes y los gobiernos reaccionarios han necesitado usar el aparato represivo, porque la lucha obrera y popular es inevitable.
Este es el sentido principal que tiene este traslado, asegurar la impunidad a los viejos represores y asegurarle también a los futuros represores que no van a ser tocados cuando sean convocados a la acción.
En esta situación están pesando también las próximas elecciones y la necesidad del gobierno oportunista del Frente Amplio de, por un lado asegurarle a las clases dominantes un continuismo sin cambio “de las reglas de juego” en estos temas de la impunidad y los impuestos. Mientras por otro lado monta una campaña demagógica simulando cierto “progresismo” contra una Su- prema Corte de Justicia “reaccionaria”, que lo es, en torno al ridículo impuesto a la concentración de la tierra, el ICIR, que más que un impuesto es una propina de pocos dólares por hectáreas que valen miles. Junto a la “defensa” de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad, que de hecho no ha logrado avances importantes contra la impunidad.
Pero la realidad es innegable, el gobierno del oportunismo impulsa la concentración de la tierra, su extranjerización y los monocultivos forestal y sojero; así como la consolidación de la impunidad y la permanencia y preparación del aparato represivo.
Ante esta grave situación convocamos a la clase obrera y al pueblo uruguayos, que supieron luchar y derrocar con heroísmo la dictadura militar fascista, a una gran movilización a nivel nacional por la restitución inmediata de la jueza Mariana Mota a su cargo, en defensa de las libertades públicas, contra la impunidad y por juicio y castigo a los responsables de los crímenes de la dictadura.
¡Tiranos temblad!n
Partido Comunista Revolucionario
del Uruguay
