La política del gobierno de Macri y su pacto con el FMI llevaba antes o después a la devaluación y corrida cambiaria que se produjo tras la paliza en las PASO. La misma significa un nuevo hachazo a los salarios, jubilaciones y demás ingresos en pesos de todos los trabajadores del campo y de la ciudad. Y beneficia a los grandes terratenientes y monopolios exportadores y financieros posicionados en dólares, que presionaban especulando con la previsible devaluación que produciría la política de hambre, entrega y represión del macrismo. Frente a esto es necesario redoblar la organización y la lucha para que el 27 de octubre se ratifique y extienda el repudio a esta política expresado en las urnas el 11 de agosto, luchando por las emergencias planteadas y peleando por multiplicar los votos al Frente de Todos.
Tras la habilitación de la brutal devaluación del peso y la mayor suba en la tasa de interés que paga el Banco Central a la usura financiera, que profundiza la destrucción del trabajo y la producción nacionales, el presidente Mauricio Macri anunció que “le pidió a su gabinete un paquete de medidas para llevar alivio (¡sic!) al bolsillo de los argentinos”. Un anuncio electoralista con medidas limitadas hasta las elecciones de octubre y que no alcanzan para paliar mínimamente el efecto destructor provocado por devaluación y suba de las tasas de interés realizadas.
Por eso es legítimo el reclamo de que el paliativo de $5.000 a los empleados públicos nacionales se extienda a todos los trabajadores provinciales y municipales, a todos los jubilados y pensionados, etc., haciéndose cargo el Estado nacional del déficit que eso provocaría a las provincias o municipios. Además de un aumento inmediato por decreto de $5.000 en el salario mínimo y en todos los salarios privados garantizando su financiamiento a tasas interés mínimas, reabriendo las paritarias.
También es necesario que los monopolios y grandes terratenientes beneficiados por la devaluación devuelvan algo con el aumento segmentado de las retenciones a las exportaciones de granos, carnes y de todos los productos de la canasta familiar para que el aumento del precio del dólar no se traslade a los precios internos. Y que esos fondos se destinen a la emergencia alimentaria, a la prórroga y aumento del salario social complementario y a la devolución del IVA directamente a los consumidores de todos los bienes (que son 50 y no sólo los 15 anunciados) y del IVA a los servicios de quienes tienen la tarifa social, pesificando las tarifas y combustibles como planteó Alberto Fernández. Además, es necesaria que la ampliación de la moratoria fiscal para las Pymes y los pequeños productores agrarios sea a tasas de interés mínimas, con reducción de las tasas que tienen que pagar para tomar créditos, y ampliando los plazos de los mismos.
Redoblamos la lucha por las emergencias:
Alimentaria. En la Argentina se producen alimentos para 400 millones de personas, pero 3.400.000 personas pasan hambre, es necesario incrementar el presupuesto para los merenderos y comedores escolares y comunitarios.
Salarial. Inmediato aumento de los salarios y jubilaciones. Reapertura de las paritarias.
Habitacional. Impulso de una reforma integral urbana y rural que permita el acceso a una vivienda digna para todos los habitantes.
En violencia hacia las mujeres. Presupuesto para desplegar en todo el país las medidas de asistencia y prevención para acabar con la violencia y los femicidios.
En adicciones. Garantizar la atención, acompañamiento y tratamiento con enfoque comunitario e integral del consumo problemático.
De los originarios. Presupuesto para que se cumpla la ley 26.160 de relevamiento de las comunidades en todo el país. Urgente sanción de la ley de propiedad comunitaria, garantizando la posesión y propiedad de las tierras de las comunidades y la ayuda necesaria para sus condiciones de vida y trabajo.
En salud y educación. Garantizar salarios dignos con un solo cargo y edificios seguros. Boleto gratuito, becas y útiles escolares a los estudiantes. Más inversión en ciencia y tecnología.
En las libertades públicas. Libertad a las y los presos políticos. Plena libertad de funcionamiento y protesta a las organizaciones populares. No al gatillo fácil, la discriminación y la estigmatización.
Defender el trabajo y la producción
Suspender los despidos por 2 años, respetando los derechos laborales, sindicatos y convenios colectivos de trabajo. No a la reforma laboral. 82% móvil para los jubilados. Fortalecimiento de la economía popular mediante políticas públicas que garanticen el acceso a derechos laborales y salariales. Destinar el 25% del presupuesto de la obra pública a las cooperativas de trabajo. Reforma agraria para garantizar la producción y el acceso a la tierra de pequeños agricultores y los originarios. Medidas para las economías regionales: tarifa social, créditos accesibles y compra estatal.
Un país soberano
Suspensión del pago e investigación de la deuda contraída con el FMI y demás deudas. Defensa de la moneda nacional para impulsar el trabajo y la producción nacional, y no la especulación financiera. Nacionalización del comercio exterior y recuperación de los recursos naturales. Defensa de la Banca Pública. Reforma impositiva: que paguen más los que ganan más. Impuesto de emergencia a las grandes fortunas, la especulación financiera, los monopolios y los latifundistas. Defensa de la soberanía de las Islas Malvinas e islas y aguas del Atlántico Sur usurpadas.
Hoy N° 1779 21/08/2019
