El 18 de septiembre se cumplen dos años de la desaparición de Jorge Julio López. Marcharemos, convocados por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de Congreso a Plaza de Mayo, para denunciar y para exigir.
Para denunciar que, no sólo Julio sigue desaparecido, sino que los autores de su secuestro permanecen impunes; que también están impunes y sin investigación clara los autores de las amenazas e intimidaciones a querellantes y testigos de los juicios a los genocidas, como los responsables del secuestro de Gerez y Pouthod.
Para denunciar que el gobierno de los Kirchner se desentiende de su responsabilidad y encubre y silencia la desaparición de Julio.
Para exigir al gobierno la aparición con vida ya de Julio y el castigo de los responsables políticos y materiales de su desaparición.
Marcharemos para denunciar que la mecánica con la que se desarrollan los juicios a los genocidas, juicios que son un extraordinario triunfo de la lucha popular, ha hecho que después de 4 años de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, sólo un puñado de represores hayan sido condenados. A pesar de las palabras condenatorias hacia los crímenes de la dictadura los gobiernos de Nestor Kirchner y Cristina Fernández no tomaron las medidas políticas necesarias para garantizar el castigo a todos los culpables.
Siguen sin ser exonerados los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que actuaron durante la dictadura. Siguen en sus puestos jueces y fiscales cómplices. Siguen sin anularse los decretos de indulto.
Estaremos en la calle para exigir que se abran los archivos de la dictadura y que se juzgue a los represores por campo y por todos los compañeros detenidos-desaparecidos.
Marcharemos para denunciar que este gobierno, que se dice defensor de los derechos humanos, no sólo sostiene la impunidad que dice combatir, sino que avanza día a día en la represión a las luchas populares.
Su respuesta a las demandas de diferentes sectores de nuestro pueblo es la utilización de la gendarmería y las fuerzas de seguridad en las calles, las patotas y la criminalización de las protestas. Cada día se suman más procesados por luchar, mientras permanecen presos hace más de dos años los trabajadores de Las Heras.
El gobierno de los Kirchner, aceptando las exigencias de los yanquis, sancionó la ley antiterrorista, instrumento preparado para ser aplicado en la represión política.
Reivindicamos el derecho de nuestro pueblo a luchar y exigimos al gobierno la libertad a los presos políticos, amnistía a los luchadores populares procesados y derogación de la ley antiterrorista.
Es necesario demostrar una vez más, en las calles, la falsedad de los Kirchner, que, debilitados por la evidencia de sus negociados y de su corrupción, del pago de una deuda usuraria, que igualmente sigue aumentando, de su política entreguista y antinacional, pretenden seguir presentándose como adalides de los derechos humanos y tratando de ocultar su carácter profundamente antidemocrático.
El jueves 18 de septiembre, a las 17.30 nos convocamos en Congreso para marchar a Plaza de Mayo.
02 de octubre de 2010
