“La situación en los barrios no se sostiene más, ya pasaron los 90 días desde la sanción de la Ley de Emergencia Social y el gobierno viene siendo lento para implementarla”, arranca el compañero Juan Carlos Alderete. A continuación informa que en la reunión del 23 en Desarrollo Social -de la que participaron Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Mario Quintana (vicejefe de Gabinete), Juan Grabois de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Gustavo Menéndez de Barrios de Pie, Emilio Inzaurraga (presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz), y el obispo Fernando Maletti de la diócesis de Merlo-Moreno-, el planteo de la CCC fue: “Se implementa la ley o se rompe el Consejo de la Economía Popular”. En este sentido, “las tres organizaciones nos hemos puesto firmes. La reunión ha sido muy tensa porque le hemos dicho al gobierno que no entendemos la demora de la implementación de la ley”.
—¿Qué análisis hacés de la reunión con el gobierno?
—Seguramente hay una decisión política. Ellos tomaron una decisión para favorecer a otros sectores como los grandes exportadores en la Argentina. Han pasado 90 días de la votación de la ley y la situación de los compañeros se ha agravado enormemente; por lo tanto, el gobierno se tiene que hacer cargo. Les planteamos la realidad de nuestros compañeros de un extremo al otro del país, que están en lugares y pueblos donde el Estado nunca ha tenido una presencia, que viven en el desamparo total. Les planteamos que queremos una fecha de implementación de la Ley de Emergencia Social, y dijeron que sería para los primeros días de abril.
Les hemos dicho que los programas sociales tienen que ir al encuentro del empleo formal. Pero tampoco somos ilusos y si no hay un cambio de la política económica, no va a haber trabajo formal. Hablan de que se recuperaron 40 mil puestos de trabajo, pero se perdieron 300 mil, y día a día vemos cómo siguen despidiendo. Por eso le hemos dicho que queremos una inscripción temprana de los compañeros, porque todo lo que propone la ley, lleva un tiempo para su aplicación.
Tiene que haber plazos; los compañeros tienen que entrar ya a los programas sociales, y organizarse en unidades productivas. Hay que presentar un registro de la economía popular y atar el salario social complementario, que hoy sería de $4.030, la mitad del salario mínimo, a los futuros incrementos de este último. Siempre que demuestre que está en una unidad productiva.
—¿En qué consiste este nuevo registro?
—Hay una cantidad de compañeros que no tienen nada, porque el gobierno sigue prometiendo obra pública pero hace tiempo dejaron de construir viviendas, dejaron de estar en la pequeña y mediana obra pública. También les hemos propuesto que la reglamentación de la ley diga que el 25% de la obra pública del país la hagan a través de cooperativas tradicionales. Ellos dijeron estar de acuerdo y quedaron en ver de qué forma se reglamenta.
Nosotros hemos insistido en que somos una organización respetuosa de los acuerdos. Por eso les hemos dicho que salgan ellos a aclarar, que se autocritiquen, por esta demora de la implementación de la ley. Además, que aclaren que las organizaciones sociales no vamos a manejar los 30 millones de pesos como quieren hacer creer algunos periodistas…
Si esta ley no tiene una aplicación, le hemos dicho, nuestra organización, la CCC, es la última reunión en la que participa porque automáticamente renunciamos y nos vamos.
Desde el gobierno plantearon una “mesa política”, con funcionaros de distintos ministerios, que se reúna para destrabar políticamente lo que surja en el Consejo que establece la Ley de Emergencia.
—Raúl Castells ha salido a atacar por los medios estos acuerdos, ¿qué opinión te merece?
—Efectivamente, ha salido a decir que el gobierno compró nuestro silencio por 55 millones de pesos. En la reunión le pedimos al gobierno que salgan a aclarar esto, porque es una provocación.
Sabemos que Castels es un provocador pago por los gobiernos. Ya lo hizo con Duhalde, y ahora recibe beneficios del gobierno nacional; entonces sale a provocar en programas cirqueros, funcionales a Macri, ensuciando a nuestra organización. Ya lo hicieron otros que estuvieron en nuestra organización, queriendo embarrar la CCC con sus mentiras. Así están ellos… pero nuestra organización siempre ha demostrado que es independiente de cualquier gobierno.
Será que esos periodistas tienen miedo frente a la oleada del pueblo en la calle. Pero si grandes masas se vuelcan a la calle es porque el gobierno es sordo ante la emergencia que sufre la gente, agravada por esta política. El gobierno, ahora que las encuestas para las elecciones no le dan bien, cuando se le acaba el sueño del cheque electoral en blanco, muestra su verdadera cara gorila y amenaza con la represión a la protesta popular.
—La CCC viene sufriendo atentados… los últimos el del local en Salta y el otro en Rosario…
—Primero que nada, todos tenemos que estar preparados en la organización, porque por todo lo que venimos haciendo, y los pasos que hemos dado hasta ahora, siempre vamos a recibir provocaciones de distintas fuerzas políticas y del gobierno, de los servicios de inteligencia. Por eso tenemos que resguardar y ser cuidadosos. Repudiamos enérgicamente lo que ha sufrido la CCC de Salta y de Rosario, y agradecemos la solidaridad que muchas organizaciones nos han hecho llegar. También repudiamos el enjuiciamiento que sufre el compañero Pérsico.
—La CCC, CTEP y Barrios de Pie realizaron una asamblea este fin de semana…
—El sábado 25 realizamos una reunión federal de delegados convocada por el triunvirato de organizaciones de la economía popular (CTEP-CCC-Barrios de Pie) donde participó el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) para analizar la situación general del país, realizar un balance del Plan de Lucha y debatir los detalles de la propuesta de implementación que el Ejecutivo presentó el jueves 23. Fue importante la participación en las cuatro jornadas de marzo, con las ollas populares el 15.
En primer lugar acordamos mantener la unidad en la negociación con el gobierno, esto es no ir a negociar cada organización por separado. El gobierno nos quiere desunidos y peleados. Se resolvió mantener el estado de alerta y movilización en espera del cumplimento de los compromisos asumidos por el poder Ejecutivo nacional. Adherir y acompañar la movilización convocada por las CTA el día 30 de marzo del corriente, en el marco de la movilización de los docentes llamada por Ctera. Adherir y acompañar el paro nacional del 6 de abril convocado por la CGT y la CTA realizando asambleas en los barrios y unidades productivas para debatir la situación actual de los trabajadores y los avances en la implementación de la ley de emergencia social, con ollas y actos, como es nuestra forma de lucha.
Llamar a un acto unitario junto a las centrales sindicales para la primera semana de mayo con todos los sectores que sea posible unir, con el objeto de reafirmar la unidad de los trabajadores y debatir un programa socioeconómico vertebrado en el derecho a la tierra, el techo y el trabajo para todos.
—Van a una importante reunión de mesa de Desocupados de la CCC…
—Exacto, es importante que toda la mesa de la Corriente Clasista y Combativa participe, aunque sea con un solo delegado. Se va a realizar el 8 y el 9 de abril en Aguilares, Tucumán. Hay que tener en cuenta que el 6 de abril hay un paro, por eso es importante que los compañeros tomen medidas para llegar a tiempo porque pensamos dar comienzo a esa reunión el sábado 8 a las 10 de la mañana.
Es sumamente importante, además, que cada Mesa tenga un técnico para el seguimiento de cada una de los logros conseguidos con la Ley de Emergencia Social, porque no podemos perder el tren en esta ocasión.
