El 11 de mayo, el Décimo Tribunal de Garantías Penales del Guayas declaró culpable, de sabotaje y terrorismo a Mery Segunda Zamora García, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE).
El 11 de mayo, el Décimo Tribunal de Garantías Penales del Guayas declaró culpable, de sabotaje y terrorismo a Mery Segunda Zamora García, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE).
Mery Zamora, reconocida dirigente gremial, es perseguida por el gobierno de Rafael Correa, que ha utilizado la justicia adicta para acusarla de “incitar a estudiantes del colegio Aguirre Abad, en Guayaquil, para que salgan a las calles el 30 de septiembre de 2010, durante la insurrección policial en contra del gobierno”. La Fiscalía basó su acusación en el artículo 158 del Código Penal, en el capítulo de Delitos de Sabotaje y Terrorismo, que señala una reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años para quien “destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos”.
La condena de Zamora, entre 8 y 12 años, será apelada por los abogados defensores. El del Movimiento Popular Democrático (MPD) denunció que la audiencia se hizo a puertas cerradas, y mantuvo una concentración de apoyo a la dirigente docente en las puertas del juzgado.
El PCML del Ecuador, en su diario En Marcha afirma que “Queda claro que la justicia está al servicio del Ejecutivo que pretende imponer una condena de 8 a 12 años de prisión, con el fin de callar la voz de una madre, maestra y luchadora social que ha defendido la educación pública, gratuita y de calidad así como los derechos de los niños y jóvenes a acceder a este derecho consagrado en la Constitución.
“La profesora Mery Zamora al respecto manifestó “vamos a seguirle dando la cara a toda clase de persecución política de este gobierno, sin miedo y con dignidad”, a la vez que manifestó que continuará luchando y demostrando su inocencia, aunque es evidente que existe una persecución política en su contra”. Expresamos nuestra solidaridad con Mery Zamora y todos los perseguidos por luchar en defensa de los intereses de los trabajadores.
