“El sueldo de policías y docentes es insuficiente. Pagamos lo que podemos. Hay que empezar a diferenciar entre los que se esfuerzan y los que no. Discriminar a unos de otros. Los que van a trabajar y los que se aprovechan y no van. En octubre vamos a evaluar a todos los chicos de secundaria y primaria. Lo que nos va a permitir reforzar a los docentes. Darles herramientas”. Estos son fragmentos de los dichos de la gobernadora Eugenia Vidal, en la entrevista que le realizó Nelson Castro en el programa El juego limpio, emitido por TN el jueves 1º de septiembre (el mismo día en que miles de docentes realizábamos un paro).
En pocas palabras la señora gobernadora expresa, sintética y descarnadamente, sus objetivos más cercanos en Educación:
1- Establecer sueldos “diferenciados” entre “los que van y los que no van a trabajar”. No aclara si pretende eliminar nuestros derechos (por ejemplo licencias por enfermedad y otras) modificando la Ley 10.579 (Estatuto Docente) o implementando una “Bonificación por presentismo” violatoria de esa ley (tal como ya se hace en Mendoza con el “Ítem aula” o como se hizo en época de Duhalde con el “presentismo”).
2- “Evaluar” a los docentes a través de una prueba, estandarizada y externa, respondida por… los alumnos. En otras palabras, si los alumnos responden incorrectamente el cuestionario múltiple choice la responsabilidad es… de los docentes. Si la gobernadora Vidal expuso tan “unidas” estas dos cuestiones es porque así las está pensando.
Estamos en contra de que nuestro sueldo pase a depender del “mérito” de trabajar enfermo o de los “resultados” que logren nuestros alumnos. El proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del cual construimos conocimientos junto con nuestros alumnos, es complejo. Requiere que lo evaluemos cotidianamente. Y así lo hacemos. Porque la evaluación es un aspecto propio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluamos el desempeño de nuestros alumnos a la par que evaluamos autocríticamente nuestras estrategias. Evaluamos las condiciones en que nos desempeñamos y las condiciones de vida de nuestros alumnos. Y evaluamos las políticas educativas de los gobiernos, a quienes no dejamos de reclamar por soluciones en infraestructura, comedores, cobertura de cargos, salarios que nos permitan vivir, y un largo etcétera. Por la larga experiencia en las aulas, los docentes sabemos que con solo una prueba escrita anual no se puede evaluar a los alumnos, mucho menos el desempeño de los educadores.
¿Por qué Macri y su ministro de Educación recurren a evaluaciones externas y estandarizadas, descontextualizadas, en lugar de consultarnos a los docentes que conocemos la Educación desde adentro? ¿Por qué la gobernadora y Finocchiaro no convocaron nunca a las Jornadas Institucionales establecidas en el Estatuto Docente? ¿Acaso el debate democrático en cada escuela les asusta? ¿Temen que una evaluación seria, integral, elaborada colectivamente ponga en evidencia a los verdaderos responsables de la grave situación de la escuela pública? ¿Les preocupa que desentrañemos los objetivos que se ocultan detrás del Operativo Aprender 2016?
Afirman que dicho operativo sirve para “la obtención y generación de información oportuna y de calidad”. Parece que ignoran que desde las escuelas, en todos los niveles y modalidades, se elevan mensual y trimestralmente datos cuantitativos acerca de matrícula, sobre-edad, calificaciones, a través de planillas de PIC, SIC y TIC, cuadernillos, cuadros, que son controlados por inspectores y a su vez elevados a nivel distrital, regional y provincial.
Como señalamos más arriba, los docentes practicamos la evaluación continuamente, porque no hay proceso educativo posible sin evaluación. Pretender “sensibilizarnos” para imponer “la cultura de la evaluación” al margen de esos procesos es una contradicción en sí misma: un oxímoron. Lo cual evidencia su profunda ignorancia del campo educativo o sus malas intenciones. O ambas cosas. Pretenden que aceptemos, validemos y naturalicemos estas pruebas anuales, diseñadas fuera del ámbito educativo por empresas privadas (monopolios extranjeros dedicados al negocio de la educación ¿Cuánto nos costará este Operativo?), estandarizadas (no reconocen la diversidad cultural, social, económica y regional de las comunidades educativas), descontextualizadas (el contexto no es una escenografía de cartón pintado, sino problemáticas reales que afectan a los alumnos, a sus familias y a nosotros, y obviamente inciden y condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje).
El Operativo Aprender 2016 reduce el rol docente a ser simples veedores o aplicadores. El aplicador solo vigila que los alumnos “no se copien” durante la prueba. Los veedores, a su vez, controlan que los aplicadores cumplan su rol. El rol docente desaparece. La designación como aplicador o veedor se ha presentado como carga pública, lo cual es falso. Dicha tarea no está incluida en nuestro contrato de trabajo como docentes. Por lo tanto no pueden obligarnos. Tenemos derecho a renunciar a tal designación.
El Operativo Aprender 2016, nada tiene que ver con aprender ni con enseñar
Esta “evaluación” solo puede brindar un dato estadístico, parcial y estático sobre los resultados de la prueba. A todas luces, de nada sirve para mejorar la educación. A imagen y semejanza de Chile, México, Colombia o EEUU, al gobierno solo le puede servir para: Responsabilizar a los docentes de la crisis educativa. Justificar la discriminación salarial mediante el salario por mérito. Categorizar las escuelas con consecuencias presupuestarias. Afectar la estabilidad laboral, Imponer contenidos en función de los beneficios de los “inversores”, en particular monopolios extranjeros y terratenientes.
Aparece con este Operativo el tema de la calidad educativa. Y lo que el macrismo entiende por calidad. Lo que se trasluce de su discurso, es que la vinculan a la eficiencia y a la productividad, conceptos propios de la lógica empresarial. Esto no es nuevo. En los ’90 sufrimos una andanada mercantilista sobre la escuela pública acorde con la política privatista de Menem… El gobierno del matrimonio Kirchner con la Ley de Educación Nacional modificó la cáscara de la Ley Federal, pero mantuvo sus núcleos duros. Mantuvieron el discurso de “educar para el trabajo” mientras en el país creció el trabajo… tercerizado, flexible, informal y precario. El trabajo en negro llegó al 40%.
Ahora Macri, en su afán de atraer “inversores extranjeros”, se compromete a regalarles, no solo, rebajas impositivas (megaminería; exportadores de granos y oleaginosas), facilidades para despedir trabajadores, negocios con ganancias garantizadas, cientos de miles de hectáreas de tierra sin limitaciones, sobreprecios (petróleo, gas, grandes obras de infraestructura), sino también la adecuación de la Educación a la voracidad de monopolios y terratenientes. Así ha agravado la crisis social y laboral y por ende la crisis educativa.
El Operativo Aprender 2016 es la punta de lanza de esta nueva arremetida mercantilista sobre la Escuela Pública. Pretenden disciplinarnos y transformarnos en docentes dóciles que impulsemos que nuestros alumnos terminen siendo graduados dóciles, plenamente adaptables a los requerimientos empresariales; trabajadores de bajo costo y desechables.
A medida que este debate se extiende por las escuelas, que los docentes vamos desentrañando los objetivos no dichos de este operativo y se extiende el rechazo al Operativo Aprender 2016. Es necesario que compartamos estos debates con nuestros alumnos y sus familias.
Desde cada escuela, hagamos públicas nuestras conclusiones y la decisión de rechazar y renunciar a ser parte del Operativo, y exigir que se dé cumplimiento al Estatuto del Docente y se vuelva a convocar a las Jornadas institucionales de capacitación en servicio.
