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02 de octubre de 2010

A cien días del gobierno de Cristina Fernández, el estallido de los estatales en Jujuy y la pueblada agraria, enfrentan la “inflación K” y el robo a los productores del campo.

Arde el campo

Hoy 1208

1. La rebelión jujeña
A 100 días de la asunción del gobierno de Cristina Fernández, el país se descose.
Luego de la pueblada pampeana que forzó la destitución del intendente de Santa Rosa, Jujuy está paralizada por la protesta social. Con el SEOM a la cabeza, los estatales ocuparon la Casa de Gobierno, bloquearon las entradas de la ciudad capital, San Salvador, y ganaron el apoyo de otros sectores.
La pueblada jujeña sacudió a la provincia, pese al asqueroso silencio de la mayor parte de la prensa del sistema, que mira hacia atrás, y se espanta recordando que Jujuy, en situaciones como esta, volteó a cuatro gobernadores y fue cabecera de las históricas Marchas Federales que minaron el poder de Menem.
Por otra parte, la lucha de los estatales por aumento de salarios se va extendiendo a numerosos lugares del país. Son luchas que golpean la receta kirchnerista de “ajustar” los presupuestos locales y provinciales a costa de los salarios de los estatales, el despido de los trabajadores en negro (contratados), y la política antifederal de no coparticipar los impuestos concentrándolos en una gran “caja” del gobierno nacional.
También, en Tucumán, combativas movilizaciones populares enfrentan la suba de tarifas del gobierno kirchnerista de Alperovich.

2. La rebelión agraria
La pueblada agraria contra la política del gobierno kirchnerista conmueve al país.
Comenzó con la jornada de lucha de Federación Agraria Argentina, por el precio del trigo, bloqueando las terminales portuarias de las cerealeras. El acto en Villa Constitución, muy grande, en el que hablaron Mario Fabro de Chacareros Federados y Ana María Riveiro del Movimiento de Mujeres en Lucha, marcaron la cancha con la posición de los pequeños y medianos productores: retenciones segmentadas, diferenciando a los pequeños y medianos productores, y coparticipables, para que vuelvan al campo para fomento de los productores.
El gobierno respondió con el anuncio del ministro de Economía, Lousteau, rebajando las retenciones al trigo (que los productores hace tiempo que cosecharon y vendieron), en un 0,9%, y al maíz un 0,8%, y aumentando las de la soja un 8,9% y las del girasol un 7,1%. Las retenciones son un impuesto que el gobierno cobra a los granos y otros productos cuando se los exporta. Sumados a otros impuestos que también pagan los productores, con el aumento el gobierno se apropia entre el 53% y el 58% de lo producido por la soja, que se exporta casi en su totalidad. El gobierno le metió la mano en los bolsillos a los productores agrarios, les robó miles de millones para engordar su “superávit fiscal”.
La respuesta fue inmediata y forzada por la combativa espontaneidad que brotó desde abajo, convocando al paro agrario. Miles de productores se lanzaron con sus tractores a las rutas. Sólo en Córdoba fueron 1.900 tractores. Asambleas, cortes, piquetes y actos se multiplican en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, entre otras provincias. Las asambleas y cortes de rutas impusieron la prolongación del paro hasta el miércoles 19, empalmando con el fin de semana largo. Para los tres días hábiles de esta semana, están programados más de cien cortes.

Los cuervos
El gobierno está acosado por el estallido de la inflación que él mismo provoca, en primer lugar, con su política de mantener un dólar alto para subsidiar a los grandes exportadores, y comprar dólares con los que hasta ahora lo único que ha hecho es pagar la deuda externa al FMI. No sería extraño que el aumento de esas compras de dólares sea para pagarle al contado al Club de París, destrabando el negociado del tren bala; negociado que necesita para “cerrar” la operación financiera de la compra del 15% de YPF.
En segundo lugar, la carestía estalla porque la soja va desplazando a la ganadería, el tambo, la horticultura, los cultivos regionales, etc., provocando el encarecimiento de los alimentos que consume el pueblo.
La soja tiene su cadena de “ganadores” —terratenientes, pooles, monopolios, aceiteras y sojeras—, que desemboca en un embudo: la exportación de soja y aceite a China. Ese es el eje estratégico de la política kirchnerista.
Los terratenientes se pliegan al paro, pero se han llenado los bolsillos con la política kirchnerista de libertad de arrendamientos (alquiler de campos), con precios leoninos de $ 1.000 a $ 1.500 la hectárea, por adelantado. Los pooles, puro capital financiero, han amasado fortunas. Son cuervos que saquean a los productores. La tierra se ha ido concentrando y extranjerizando en manos de grandes terratenientes (Grobocopatel, Irsa, etc.). Los monopolios productores de insumos, aceite y exportadores de granos hacen ganancias fabulosas.
Cuando el gobierno, para aumentar su “superávit fiscal” saquea a los productores, terratenientes, pooles y monopolios, que son del riñón de las clases dominantes, ponen el grito en el cielo porque el aumento del robo del Estado a los productores les achica la tajada que ellos roban a los productores, a quienes consideran su propio coto de caza.
Es notable la hipocresía del gobierno: trata de descalificar la justa lucha de los productores acusándolos de oligarcas mientras se reúne, en secreto, con los verdaderos oligarcas como Miguens, el presidente de la Sociedad Rural.
La CGT, que alguna vez tuvo en su programa la reforma agraria, ahora, por boca de Moyano, apretado por la oscura muerte del tesorero del gremio camionero, se suma a la patota kirchnerista que acusa de “golpista” a la rebelión de los productores agrarios.
Con leyes reformistas, como la de arrendamientos y el monopolio estatal de las exportaciones de granos en los años ‘50, gran parte de la renta agraria quedaría en manos de los productores y de las necesidades del país. Pero pedirle a este gobierno una reforma progresista o nacionalista es pedirle peras al olmo. Para el kirchnerismo, el campo es para “los grandes”: uno de los máximos exponentes de ese sector, el senador Urquía, acaba de obtener, por ley, una aduana propia, y es “un empresario ejemplar” según Cristina Fernández.

3. Rebelión y fractura
El gobierno enfrenta dos problemas. Uno es la rebelión de los productores del campo, que incluye la oleada de lucha de los obreros rurales de muchas provincias, la silenciada lucha de los campesinos pobres y pueblos originarios por la tierra, la protesta de los productores horticultores, ganaderos y tamberos por la política que lleva a la liquidación de esas producciones. Ahora se sumó el estallido de la pampa húmeda, que se extiende hacia el norte y el sur agrícola ganadero.
Muchos de los que hoy están en las rutas votaron a Cristina Kirchner, sin imaginar que, en sus primeros cien días de gobierno, les iba a aumentar dos veces los impuestos hasta casi duplicarlos (del 28% al 44%). En la bronca agraria hay, también, un sentimiento de sectores que se sienten estafados por el gobierno.
El otro problema del gobierno, es la fractura entre los de arriba: ya habían pasado a la oposición terratenientes ganaderos, tamberos y de otros sectores agrarios, y ahora se suman terratenientes y otros sectores del complejo sojero. Estos sectores son parte histórica del bloque de las clases dominantes. Y el grupo de terratenientes, pooles y monopolios sojeros son parte del sector hegemónico del bloque dominante, que tiene como expresión política al gobierno de los Kirchner. Es decir, la fractura es en la base de sustentación del gobierno kirchnerista.
Las retenciones, junto a impuestos como el IVA que pagan hasta los desocupados, son la base de “la caja K” que el kirchnerismo usa para “reconstruir el Estado”, como anunció Cristina Fernández. Eso incluye desde los “gastos” para borocotizar el PJ y los movimientos sociales, los de montar sistemas de espionaje en la Capital Federal, pagar deuda, etc. Hasta ahí están de acuerdo todos los de arriba. Pero el kirchnerismo carga en la misma cuenta el armado de su propio aparato político y social, los subsidios a empresarios amigos, el uso del Estado para sus negocios como la compra del 15% de YPF, y contra esto chillan los poderosos del campo.

4. La unidad obrero-campesina
A cien días del nuevo gobierno, la pueblada jujeña, las movilizaciones tucumanas, la extensión de la lucha de los estatales y docentes, muestran que el pacto con Moyano no garantiza el techo salarial.
El gobierno creía que podía aislar y derrotar esas luchas, pero lo sorprendió la rebelión de los productores del campo, y que en ella haya aparecido un programa como el que se lanzó en Villa Constitución y está presente en asambleas y cortes de ruta, reclamando retenciones segmentadas y coparticipadas, junto a la exigencia de precios sostén en origen y créditos promocionales para los pequeños y medianos productores, y a la lucha histórica por la tierra.
La corrida que derrumbó al quinto banco de inversión de Estados Unidos, Bears Stearns, que había sobrevivido a la crisis de 1929, provocó la caída de las bolsas de valores en todo el mundo, y confirmó la gravedad de la crisis económica que azota al corazón del sistema capitalista-imperialista mundial. Las ilusiones sobre un supuesto “desacople” de las economías de países como la Argentina, se fueron al diablo.
Lo que se vienen son tormentas económicas, sociales y políticas. Y la simultaneidad de los estallidos y paros obreros con la rebelión de los productores del campo, crea condiciones para avanzar en la unidad que es la base para enfrentar la política kirchnerista. Los trabajadores en las ciudades y los productores en el campo cortan las calles y las rutas, siguiendo el camino abierto por el Argentinazo. Es el camino opuesto a la “reconstrucción” del Estado oligárquico-imperialista para el que trabaja la presidenta.