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04 de marzo de 2015

Reproducimos un comunicado firmado por la Junta Promotora del Frente Popular, la CTA y CCC de Mar del Plata a instancias de los despidos de los trabajadores de la pesca.

Argen-pesca, un conflicto evitable

La situación en el Puerto de Mar del Plata

Los abajo firmantes ponemos en conocimiento público que, desde el mes de diciembre del año 2014 un grupo de trabajadores de la firma Argen pesca S.A., inició un reclamo laboral solicitando a su empleadora la registración de sus contratos, el pago de los haberes adeudados y a partir del cierre de la empresa, el pago de sus indemnizaciones legales.

Los abajo firmantes ponemos en conocimiento público que, desde el mes de diciembre del año 2014 un grupo de trabajadores de la firma Argen pesca S.A., inició un reclamo laboral solicitando a su empleadora la registración de sus contratos, el pago de los haberes adeudados y a partir del cierre de la empresa, el pago de sus indemnizaciones legales.
Para una mejor comprensión del presente conflicto, es necesario referirse a la situación social de la actividad y en particular a la problemática general de los fileteros, envasadores, peones y demás trabajadores de la pesca en esta ciudad.
Desde hace mucho tiempo vemos la reiteración de conflictos en el sector y además, los Tribunales de Trabajo de este Departamento Judicial están inundados de reclamos laborales y sentencias contra cooperativas de trabajo y las empresas que las crean a los fines de evadir sus obligaciones legales, como consecuencia del fraude que han implementado hacia los trabajadores del pescado.
Este conflicto, en consecuencia, no es un hecho aislado sino que forma parte del contexto político, social, económico y jurídico, a partir de la formación indiscriminada de cooperativas, que fueron funcionales al modelo flexibilizador que se instaló en el país en las décadas pasadas, generando la des-sindicalización de los trabajadores, la destrucción de puestos de trabajo estables e instalando la precariedad, el fraude en el sector y una gran evasión de recursos pertenecientes al estado.
Es harto conocido un mecanismo de fraude que les asigna a las cooperativas, por lo general insolventes, la función de “proteger” a sociedades solventes, quienes obtienen el verdadero rédito sin hacerse cargo de los costos y cargas propios de la actividad. De todas formas, aunque las cooperativas sean solventes, igual existe fraude, ya que lo trabajadores no participan en la toma de decisiones, ni mucho menos en la distribución de las ganancias, ya que las pseudo cooperativas de trabajo se han convertido en una forma burda y rebuscada de eludir el cumplimiento de las leyes por parte de las empresas portuarias y bajar costos laborales para aumentar su rentabilidad.
Para los trabajadores “asociados a la fuerza”, el ejercicio de sus derechos resulta imposible, ya sea como asociado, y mucho menos como dependiente, ya que no son notificados de las asambleas, ni participan de reuniones de administración, y mucho menos toman parte en las decisiones. Es paradójico ver a los dueños de las cooperativas enriquecerse rápidamente, mientras que los asociados se empobrecen cada vez más.
Si el Inaes o IPAC, (entes encargados de controlar el funcionamiento de las cooperativas de trabajo), investigaran si se cumplen las normas cooperativas respecto de los asociados o no, los resultados arrojarían un informe negativo en la mayoría de los casos y de esta forma se evitaría el fraude. Podemos observar entonces que no se garantiza a los obreros el trabajo, ni las utilidades, ni la participación, ni la información de decisiones, lo único que se garantiza es la evasión del cumplimiento de cargas sociales y laborales por parte de las empresas dueñas y proveedoras de pescado. Para que este perverso sistema de explotación laboral funcione, necesita la tolerancia, inacción o connivencia de parte de organismos y funcionarios del estado que no actúan aplicando la legislación vigente para erradicar este sistema.
 
El Estado no revierte 
el trabajo en negro
Así, desde entes como el Ministerio de Trabajo Nacional y Provincial, se repiten año tras año esquemas de fiscalización o inspección que han resultado inútiles para revertir el trabajo no registrado o fraudulento en el sector. La AFIP-DGI y la Justicia Federal no investigan ni condenan a los evasores. Organismos como el Inaes–IPAC no efectúan los controles en forma eficaz para verificar y controlar el buen funcionamiento de las cooperativas de trabajo. Por otra parte desde el Estado, sistemáticamente se asiste a los empresarios del sector con subsidios económicos, gasoil subsidiado, reducción en retenciones, condonaciones de deudas etc. Finalmente hay que revisar la legislación local que promueve la radicación de empresas en el parque Industrial General Savio-Batan, exigiendo a las mismas el respeto y cumplimiento de la normativa previsional y laboral vigente. Este conflicto es la consecuencia, del sistema perverso de explotación instaurado en el sector y la falta de decisiones políticas para resolverlo definitivamente.
 
¡Emergencia socio-ocupacional en el Puerto de Mar de Plata ya!
 
 Exigimos que se declare la emergencia socio-ocupacional en el puerto de la ciudad de Mar del Plata y en todas las cadenas que componen la industria.
 Prohibición de despidos.
 Ampliación del listado, reconocido por la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Trabajo, de 9.200 trabajadores afectados a la industria pesquera.
 Subsidio para todos los trabajadores que se encuentren afectados por la falta de trabajo y la parálisis de la industria.
 Blanqueo inmediato de todos los trabajadores del sector.
 Suspensión de cortes de luz y gas y demás servicios hasta que se normalice la situación laboral, no solo para trabajadores y trabajadoras de la pesca, sino para todos los afectados por el desempleo. 
 Puesta en funcionamiento, por parte de los trabajadores, de aquellas empresas que generen despidos masivos, presenten quiebra o realicen fraude laboral, exigiendo el apoyo municipal necesario y su expropiación por parte del gobierno provincial en beneficio de sus trabajadores.
 Intervención efectiva y eficaz de los organismos competentes para erradicar el fraude laboral y trabajo no registrado en el sector.
 Exigir a las empresas que se radiquen en el Parque Industrial de General Savio el estricto cumplimiento a la normativa laboral. 
 
Firman: Junta Promotora Frente Popular General Pueyrredón.
 CTA Regional Mar del Plata.
 CCC Regional Mar del Plata, Batan.