Bajo la forma de una Carta Abierta al pueblo brasileño y a la comunidad internacional, emitida en Rondonia, Brasil, el pasado 23 abril, numerosas organizaciones y personalidades populares responsabilizaron al gobierno brasileño de Dilma Rousseff por los asesinatos de un profesor y varios campesinos en el Estado brasileño de Rondonia.
Bajo la forma de una Carta Abierta al pueblo brasileño y a la comunidad internacional, emitida en Rondonia, Brasil, el pasado 23 abril, numerosas organizaciones y personalidades populares responsabilizaron al gobierno brasileño de Dilma Rousseff por los asesinatos de un profesor y varios campesinos en el Estado brasileño de Rondonia.
El profesor Renato Nathan Gonçalves Pereira era un activista que apoyaba a las comunidades campesinas en esa región selvática del sur del Brasil fronteriza con Bolivia, trabajando por la alfabetización y organización de escuelas en el campo. Detenido en un retén de ruta, fue asesinado a quemarropa por policías disfrazados de civil el 9 de abril. Los policías estarían involucrados en varios crímenes y asesinatos de trabajadores y campesinos en la región de Buritis al mando de terratenientes y grileiros (hacendados que se apropiaron de tierras con documentos falsos).
El hecho se produjo después de una serie de asesinatos de campesinos por todo el país -Valdir Dias Ferreira, Milton Santos Nunes y Celestina Leonor Nunes en Minas Gerais, y Antonio Tiningo y Pedro Bruno en Pernambuco-, con el silencio y la complicidad del gobierno brasileño. Además de eso varios campesinos continúan arbitrariamente detenidos por luchar por la tierra.
El gobierno de Dilma ha apoyado a los terratenientes a través de acuerdos con su bancada en el Congreso para la aprobación de un Código Forestal que viola las normas de protección ambiental y -al igual que su antecesor Lula Da Silva- ha hecho poco o nada por la Reforma Agraria, además de silenciar o ser cómplice de asesinatos, prisiones y desalojos forzados de campesinos y sus simpatizantes. Los grandes emprendimientos del gobierno, como las obras de las usinas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, en Rondônia y Belo Monte en Pará, se llevaron a cabo con el desalojo de comunidades locales, pescadores, pueblos ribereños e indígenas, y con la brutal represión de trabajadores en huelga.
Las organizaciones y personalidades firmantes exigen al gobierno brasileño que detenga inmediatamente las matanzas de campesinos y sus simpatizantes, las detenciones arbitrarias y los desalojos forzados. Exigen también el castigo de las personas directamente comprometidas en esos crímenes.
