Debido a estas agresiones se realizaron denuncias penales por lesiones y amenazas. A su vez, se presentaron tres hábeas corpus a su favor (medida que apunta a controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como también para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes).
La Multisectorial de la Mujer de Jujuy quiso presentar una nota ante la Sala II de la Cámara Penal, pero el Tribunal no quiso recibirla. En esa nota se solicitaba que autoricen a Romina a estudiar, tratándose de un derecho constitucional, y que cuiden su integridad física. Mirta Tejerina también realizó la denuncia ante el Inadi nacional.
Ante el ataque que sufrió Romina, la “respuesta” fue encerrarla en una habitación, totalmente aislada, con vigilancia, sin poder recibir llamadas telefónicas ni salir, ni comunicarse con otras internas… “como un perro”, como sostiene Romina en su carta (ver recuadro).
Los recursos –ante este agravamiento de sus condiciones de detención con el argumento falaz de “cuidar su seguridad”– fueron presentados, uno por la Casa de la Mujer Maria Conti –firmado por su presidenta Elsa Colqui– en el Juzgado de instrucción del Dr. Arostegui. Otro por Mirta Tejerina ante el juez Gutiérrez, y el tercero por su abogada defensora ante el juez de ejecución de la pena de prisión, el Dr. Llermanos, quien presidió el tribunal que la condenó.
El juez Gutiérrez hizo lugar al habeas corpus, por lo que se terminó con el aislamiento de Romina dentro del penal. Igualmente, la familia y el movimiento de mujeres debe seguir alerta, ya que esta situación puede modificarse en cualquier momento.
La Multisectorial de la Mujer de Jujuy, dentro de las actividades por el 8 de marzo, se dirigió a tribunales el lunes 9 –luego de dejar una nota con los reclamos en Casa de Gobierno– entrevistándose con el juez Llermanos. Allí se exigió que se autorice a Romina a estudiar una carrera universitaria, lo que ya se le negó mediante oficio la semana pasada.
El juez Llermanos planteó que la ley no permite que ella estudie, pero que analizaría la situación.
Ante lo descabellado de no dejar estudiar a una persona privada de libertad, se inicia desde Jujuy una campaña nacional exigiendo se la autorice a realizar sus estudios.
Esto a la par de seguir la lucha por el indulto del gobernador, y por la aprobación de la ley que incorpore la figura del infanticidio al Código Penal de la nación.
02 de octubre de 2010
