La base de este proyecto es un censo del que participaron miles de compañeras y compañeros en todo el país, que sirvió para poner en números la terrible situación en que viven millones de compatriotas en villas y asentamientos. Así se creó el Registro Nacional de Barrios Populares, y se impulsa una ley que el Ejecutivo elevará al Congreso para urbanizar estos asentamientos y avanzar con acuerdos para que sus habitantes se transformen en propietarios.
El coordinador del Movimiento de Desocupados y Precarizados de la CCC, Juan Carlos Alderete, nos decía: “Nosotros fuimos partícipes del relevamiento que se hizo con un primer objetivo que es que le puedan llegar los servicios a las villas y asentamientos, a los barrios populares. Y que tengan una legalidad en el domicilio. Junto con esto impulsamos la regularización dominial de todos los que viven en estos barrios. Ahora el propio gobierno aparece dispuesto a aceptar esta regularización, que abarca más de 4.000 villas y asentamientos en todo el país.
“Hay distintos problemas para avanzar en esto. En algunos lugares es el dinero para la expropiación de tierras, en otros, decisiones políticas, en algunos más problemas de infraestructura. Nosotros planteamos que esta ley que va a presentar el gobierno tiene que tener un presupuesto acorde al objetivo, porque si no va a ser imposible llevarla a cabo”.
Registro Nacional de Barrios Populares
El Registro Nacional de Barrios Populares, que está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, sobre el resultado del censo, estableció que hay 4.228 villas y asentamientos en el país. Estos barrios populares cubren una superficie de 415,5 km2, dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y en esas tierras viven aproximadamente 3.5 millones de personas.
El Proyecto de Ley presentado por el gobierno al Congreso propone que se declare “de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles” que componen el Registro Nacional de Barrios Populares. El proyecto, además, faculta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para realizar convenios con provincias y municipios para la transferencia de estos inmuebles y para establecer mecanismos de compensación impositiva.
Sobre este aspecto, Alderete nos decía que “Nosotros propusimos, pero no está en el proyecto de ley que manda el gobierno, que se haga un Banco de Tierras que sea el organismo que administre esta regularización, e incluso que se encargue del cobro de las cuotas si corresponde. Porque el proyecto de ley no aclara totalmente qué organismo se va a hacer cargo de esto”.
La preocupación de Alderete es totalmente válida, si recordamos que esta AABE es la que ha usado el macrismo para inventariar las propiedades del Estado, y habilitar la venta de miles de inmuebles y tierras.
El censo estableció que, en estas villas y asentamientos, el 93,81% no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.
A partir de este Registro Nacional de Barrios Populares se consiguió la entrega de Certificados de Vivienda Familiar por parte de la Anses, que son los que posibilitan, como explicaba Alderete, establecer el domicilio y que el que allí vive pueda pedir la conexión a los servicios como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; reclamar el acceso a los centros de salud y educación, entre otras conquistas hoy tan lejanas en los barrios populares. Hasta el momento, ya fueron entregados 94.692 certificados.
Una lucha de años
Nos dice el dirigente de la CCC y del PCR que “La lucha por regularizar las viviendas en las villas y asentamientos es muy vieja en nuestro país. Muchos, y se lo dijimos al gobierno, tenemos experiencia ya que venimos de esas peleas, como en el caso mío y de otros compañeros como el Tano Nardulli que conocemos el proceso en las villas de Capital federal antes de la dictadura. En este caso en particular había una traba legal que es que la vivienda tenía que tener una superficie mínima para poder regularizar. Planteamos que se hagan ordenanzas o leyes particulares en los distritos que hay problemas especiales como este caso de la Ciudad de Buenos Aires.
“Planteamos también la experiencia que hicimos en Matanza con el Barrio Elena, donde la gente estuvo dispuesta a pagar los terrenos, pero con cuotas acordes al ingreso familiar, accesibles.
“Consideramos que esto es un avance de la lucha de estos años. Sabemos que el macrismo va a querer adueñarse de este proyecto, pero como siempre decimos, no importa, lo que importa es que salga la ley. Y ya sabemos, como con todas las leyes que conseguimos, que hay que hacerlas cumplir”.
Hoy N° 1713 18/04/2018
