Reproducimos extractos del documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia leído al cierre de la marcha de Congreso a Plaza de Mayo:
Reproducimos extractos del documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia leído al cierre de la marcha de Congreso a Plaza de Mayo:
Jorge Julio López fue uno de los 30.000 luchadores que desapareció la dictadura. Sobrevivió y se sumó a la pelea contra la impunidad de los genocidas. Testimonió en el Juicio por la Verdad, fue querellante en la causa contra el represor Miguel Etchecolatz y declaró en ese juicio. El mismo día en que los abogados de Justicia Ya! debían alegar en su nombre pidiendo perpetua para Etchecolatz, Julio fue secuestrado y desaparecido por segunda vez.
El Estado encubrió la desaparición. Aníbal Fernández dijo que estaría “tomando mate en lo de su tía”. Cada fuerza de seguridad simuló una búsqueda por su cuenta. Lanzaron versiones y pistas falsas. Por más de nueve años, el gobierno anterior silenció la ausencia de López. Y nunca se investigó a Etchecolatz y los genocidas que él denunció, ni a su entorno, ni la pista de la maldita Bonaerense.
Ahora el gobierno macrista, con aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quiere a Etchecolatz y demás genocidas en sus casas. Dilata los juicios de lesa humanidad como la causa ESMA. Y desde que asumió promueve la reconciliación con los genocidas, como el decreto de autonomía de las Fuerzas Armadas y el 2×1 de la Corte Suprema. Pero la enorme movilización contra ese fallo mostró la resistencia popular a esos planes. Por eso hoy volvemos a decir:
Cárcel común y efectiva a Etchecolatz. Continuidad de los juicios, sin dilaciones. Castigo a todos los genocidas, sin prisión domiciliaria ni absolución. No a la reconciliación y a la “teoría de los dos demonios”. No a la injerencia de las FF.AA. en la vida social y la represión interna. No a las bases militares extranjeras.
A once años de la desaparición de Julio López, estamos ante una nueva desaparición forzada: la de Santiago Maldonado, a manos de la Gendarmería. El gobierno nacional y el Estado son responsables.
Como antecedentes tuvimos la represión en Pepsico, la compañera Julia Rosales, referente de la CCC baleada en Capital y las amenazas a miembros de la APDH Matanza.
Preparan un proyecto para que las Fuerzas Armadas intervengan en la “lucha anti-narcotráfico y anti-terrorismo”, retomando así la senda que inició el gobierno anterior al designar al genocida César Milani al frente del Ejército.
Toda esta ofensiva represiva del gobierno y los gobernadores tiene un claro objetivo: avanzar con más ajuste, saqueo y una nueva reforma laboral flexibilizadora. Y por eso también se niegan a prorrogar la Ley 21.160 que suspende los desalojos a territorios en conflicto con las comunidades originarias.
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Apertura de todos los archivos de la dictadura. Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados. Derogación de las leyes “antiterroristas”.
Y también exigimos: No a los despidos, la reforma laboral, los tarifazos y la entrega.
Basta de encubrimiento, impunidad y represión. Fuera Bullrich y Nocetti. Libertad a Facundo Jones Huala, Agustín Santillán, Milagro Sala y demás presos por luchar. Aparición con vida ya de Julio López y de Santiago Maldonado. Juicio y castigo a los culpables. 30.000 compañeros desaparecidos, ¡presentes!
