La Justicia boliviana ordenó el 30 de diciembre pasado el arresto y la prisión preventiva por 4 meses del golpista Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz (una de las regiones más ricas del país) y ex candidato presidencial, que quedó detenido en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de La Paz.
En la causa judicial que investiga el golpe de Estado de noviembre de 2019 contra Evo Morales se acusa a Camacho de terrorismo y de promover la rebelión de las fuerzas armadas, delitos con penas de entre 15 y 20 años de prisión.
Camacho, que cuenta con el apoyo de los partidos de la derecha y de los principales sectores de las clases dominantes, denunció su detención como un “secuestro”. El departamento de Estado yanqui, uno de los principales impulsores del golpe durante el gobierno de Trump, emitió un comunicado exigiendo que se respete a la “oposición democrática”. También recibió el apoyo de la jerarquía eclesiástica, cómplice de la dictadura instalada mediante el golpe de 2019 que impuso a Jeanine Áñez en la presidencia, condenada a 10 años de prisión por la Justicia boliviana en junio de 2022.
El 31 de diciembre los sectores de derecha, mayoritarios en el estado de Santa Cruz, realizaron un paro cívico reclamando la liberación de Camacho, que incluyó el ingreso de manifestantes a las pistas de los aeropuertos regionales, cortes de rutas, ataques a oficinas de la Justicia y enfrentamientos con la policía. También se produjeron manifestaciones de los sectores populares y militantes del MAS (Movimiento al Socialismo) en el Alto, la Paz, celebrando la detención de Camacho y exigiendo justicia contra los golpistas.
Hoy N°1945 11/01/2023
