La prensa reaccionaria brasileña está lanzando una serie de ataques contra la Liga de Campesinos Pobres (LCP), que actúa principalmente en el estado de Rondonia, en la región de la Amazonía occidental fronteriza con Bolivia. El Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos (Cebraspo) teme que las acusaciones puedan ser el inicio de una campaña de criminalización y represión contra esa organización campesina. En su reciente informe se basan las siguientes notas.
Mentiras, persecución y asesinatos
A fines de marzo, bajo el título “Brasil tiene guerrilla”, el conocido semanario Isto É afirmó que “hay guerrilla en Brasil” y que “el grupo armado tiene nueve veces más combatientes del que el PCdoB reunió en Araguaia [la guerrilla de los años ’60]”. Afirma que existirían 20 campamentos guerrilleros en 15 bases entre los estados de Rondonia, Pará y Minas Gerais. El artículo pretende mezclar a la supuesta guerrilla con el contrabando de armas y drogas.
Apenas días más tarde, la misma revista reprodujo delaraciones en que el gobernador del estado de Rondonia reivindica la acción “directa e inmediata” de las Fuerzas Armadas Brasileñas para acabar con el supuesto movimiento guerrillero. Con la única base de declaraciones de policías ligados a los latifundistas de la zona, y de terratenientes conocidos por la falsificación de las escrituras de sus “propiedades” y por sus crímenes contra los campesinos, los artículos completan sus difamaciones contra la LCP atribuyéndole asesinatos y jornadas de entrenamiento con las FARC colombianas en la región.
Obviamente, la publicación oculta los crímenes que los “grupos de tareas” de los latifundistas y de la policía vienen cometiendo desde hace décadas contra los campesinos pobres, y que la LCP denunció hace ya 3 años ante el ministro de Reforma Agraria del gobierno de Lula.
Efectivamente, la campaña de prensa fue el preanuncio de nuevos y feroces ataques contra los campesinos pobres. El miércoles 9 de abril, un centenar de hombres encapuchados y fuertemente armados ingresaron disparando al campamento “Conquista de la Unión”, en el municipio de Campo Novo (Rondonia), asesinando a 15 personas y llevándose a otras como rehenes. La policía cercó la zona y los cuerpos “no fueron encontrados”.
En noviembre de 2007 las difamaciones contra la LCP habían sido iniciadas por la revista de circulación nacional Veja, que vinculó a la LCP en Pará (Amazonía oriental) a la guerrilla peruana de Sendero Luminoso.
Días después de la publicación, la gobernadora de Pará –que pertenece al PT, el partido del presidente Lula– lanzó la “Operación Paz en el Campo”, un verdadero operativo terrorista en el que unos 200 campesinos de los 1.500 que ocupaban la hacienda Forkilla, en el sur de Pará, fueron detenidos, golpeados y torturados. Dos de los ocupantes serían asesinados en las semanas siguientes.
“Andrajosos”
Usando la etiqueta de “terroristas”, la prensa amiga de los terratenientes distorsiona el carácter de las organizaciones campesinas y justifica y convoca a la represión paramilitar y estatal. En la última década son innumerables las masacres de poblaciones indígenas y campesinas, siempre ocultadas, nunca investigadas.
Por su brutalidad la masacre de Corumbiara (Rondonia, 9 de agosto de 1995) repercutió internacionalmente. Decenas de campesinos fueron asesinados por pistoleros y policías. Cientos de presos fueron torturados durante más de 24 horas. Un año después (en 17 de abril de 1996) se produjo la masacre de Eldorado de Carajás, en el Estado de Pará: 19 campesinos que participaban de una marcha fueron brutalmente asesinados por la policía militar. Todos esos crímenes siguen impunes hasta hoy.
La prensa reaccionaria llama “andrajosos” a los campesinos pobres. Sus patrones latifundistas mueven los hilos de las acciones muchas veces conjuntas de pistoleros y policías para expulsarlos de los asentamientos que ocupan para trabajar y sobrevivir.
Junto con eso se multiplican los asesinatos de dirigentes campesinos, de abogados, padres y activistas sociales que apoyan a los campesinos en lucha.
Reino del latifundio
Desde los tiempos coloniales, cuando los conquistadores portugueses dividieron al Brasil en capitanías hereditarias y concedieron las “sesmarias” (origen de los actuales latifundios), poco o nada cambió de la estructura latifundista del campo brasileño, remachada con la primera Ley de Tierras de 1850. Las relaciones semifeudales que todavía pesan con sangre sobre el campesinado pobre son herederas del viejo latifundio basado en el trabajo esclavo.
La publicidad oficial sobre el “vigoroso programa de reforma agraria” del gobierno de Lula se choca con la dura realidad diaria. De 380 millones de hectáreas, el 50% pertenece a los grandes latifundistas con propiedades de más de 1.000 hectáreas. De 5,5 millones de propiedades, apenas 55 mil concentran casi 200 millones de hectáreas. Hay 5 millones de familias de pequeños propietarios, y otros 5 millones de familias de campesinos sin tierra.
Los terratenientes resguardan a balazos, frente al hambre de tierras de esos millones, su monopolio de la tierra y del “agronegocio” sojero, ganadero, maderero y minero.
La prensa servil levanta a esos pulpos sanguinarios, muchos de ellos asociados al capital imperialista, como empresarios progresistas. Y lo del gobierno de Lula no es silencio, sino complicidad. En la Amazonía, la Medida Provisoria 422 transfirió al “agronegocio” 60 millones de hectáreas de tierras públicas; otras 13 millones de hectáreas de selva fueron concedidas por la Ley 11.284 (02-03-2006) a grandes monopolios madereros extranjeros.
Para los campesinos, nada. De a miles son expulsados por la devastación del medio ambiente para abrir nuevas áreas para pasto y plantación de soja y de caña. Frecuentemente el Instituto oficial para la reforma agraria (Incra) actúa como cómplice de los latifundistas. Y el Estado como su gendarme: el gobierno federal envió en abril 150 soldados de la Fuerza Nacional de Seguridad a Tailandia –ciudad del nordeste de Pará– para reprimir una ola de más de 20 ocupaciones de tierras.
