Durante 26 días de abril, 17.000 trabajadores de la construcción de la gran represa de Jirau -sobre el río Madera, en el límite entre los estados centrales de Rondonia y Amazonas- pararon en protesta por los salarios y las pésimas condiciones de trabajo y de vida, y exigiendo el cumplimiento del acuerdo resultante de la gran huelga de marzo-abril de 2011.
Durante 26 días de abril, 17.000 trabajadores de la construcción de la gran represa de Jirau -sobre el río Madera, en el límite entre los estados centrales de Rondonia y Amazonas- pararon en protesta por los salarios y las pésimas condiciones de trabajo y de vida, y exigiendo el cumplimiento del acuerdo resultante de la gran huelga de marzo-abril de 2011.
El gobierno desencadenó una brutal represión, enviando en avión más de 400 efectivos de la policía militar y de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) que allanaron el campamento de las obras. Más de mil trabajadores fueron despedidos sumariamente “con justa causa” o forzados a renunciar, y los demás obligados a trabajar bajo la amenaza de rifles y otras armas. Desde el 5 de abril permanecen detenidos en Rondonia 11 trabajadores, que fueron humillados y tratados como delincuentes.
Según la información oficial, los trabajadores habían incendiado más de 30 estructuras y saqueado tiendas de la compañía constructora Camargo Correa. Pero el fuego, según denunciaron los trabajadores, fue iniciado por la propia empresa con el fin de acusar a los trabajadores de “delincuentes” para ganar una disputa legal sobre los seguros y para justificar un adicional de más de 1.000 millones de reales en la financiación de la obra.
Por encima de los sindicatos traidores
La represa de Jirau es parte de las obras hidroeléctricas, termoeléctricas y petroleras encuadradas en el “Programa de Aceleración del Crecimiento” (PAC) que el ex presidente Lula y la actual presidenta Dilma Rousseff pusieron en marcha en la región amazónica.
La mayoría de los trabajadores de Jirau y otros lugares de trabajo del PAC son traídos de las regiones más pobres de Brasil, alojados en viviendas precarias, sometidos a un régimen de superexplotación, sujetos a frecuentes accidentes en el trabajo en los que se producen muertes, mutilaciones o lesiones, en zonas donde cunde el paludismo y otras enfermedades, y son reprimidos diariamente por los supervisores, guardias de seguridad y la policía.
Esto ya había motivado durante 10 días de marzo y abril del año pasado la mayor lucha obrera que se recordaba en Brasil en décadas (ver hoy, 27/04/2011), protagonizada por 80.000 trabajadores de diversas obras y también con centro en Jirau. En esos días, unos 20.000 peones que trabajaban en la construcción de la gigantesca represa hidroeléctrica incendiaron decenas de ómnibus, oficinas de la constructora Camargo Correa, dormitorios y cajeros electrónicos, en una rebelión “salvaje” que pasó por encima de las direcciones sindicales colaboracionistas. También entonces el gobierno de Rousseff reprimió con la policía militar.
En los últimos meses también estallaron disturbios y huelgas en las centrales hidroeléctricas de Belo Monte en Pará, y Garibaldi en Santa Catarina. También pararon en todo Brasil los trabajadores de las obras de los estadios para el Mundial 2014. También allí se protesta contra las pésimas condiciones de trabajo, humillaciones de los gerentes, alojamientos precarios, comida en mal estado, accidentes constantes, mala calidad del transporte y otros abusos sufridos en las obras.
Los compañeros de Liga Operaria informan que uno de los elementos del gobierno más activos en la represión a los trabajadores es Gilberto Carvalho, el ministro-jefe de la Secretaría General de la Presidencia, conocido organizador del sistema de recaudación de coimas para los dirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sumido hasta el cuello en el caso del asesinato en 2002 de Celso Daniel, ex prefecto de la ciudad paulista de Santo André, crimen que hasta hoy permanece encubierto. Antiguo líder de la central obrera CUT, ahora opera como empleado de los grandes contratistas, en particular Camargo Correa y GDF-Suez.
La sombra de la represión es siempre inseparable de las políticas desarrollistas, que fundan su “atracción” de la inversión extranjera sobre gravosas concesiones a los monopolios imperialistas. Las cor- poraciones de las grandes potencias, acosadas por la crisis económica mundial que golpea a sus países de origen, necesitan hoy más que nunca esas concesiones, mediante las cuales descargan la crisis sobre los pueblos del “tercer mundo”. En sintonía con esas necesidades el gobierno de Dilma, que en febrero anunció recortes presupuestarios para 2012 por 55.000 millones de reales (32.000 millones de dólares), recortará los fondos de los ministerios de Salud, de Ciudades y de Defensa, pero no los destinados a los monopolios que construyen las obras del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).
