A un mes del violento desalojo, y luego de varias jornadas de lucha, acampe en la ruta y cortes simultáneos con la solidaridad de organizaciones gremiales y sociales se avanzó en la firma del acta acuerdo con el compromiso de entrega de 25 has por familia, cortes de casa, asistencia alimentaria y compromiso de gestionar el cese de la persecución judicial a los campesinos y los periodistas procesados.
A un mes del violento desalojo, y luego de varias jornadas de lucha, acampe en la ruta y cortes simultáneos con la solidaridad de organizaciones gremiales y sociales se avanzó en la firma del acta acuerdo con el compromiso de entrega de 25 has por familia, cortes de casa, asistencia alimentaria y compromiso de gestionar el cese de la persecución judicial a los campesinos y los periodistas procesados.
Bajo un árbol y con custodia policial se firmó luego de cuatro horas de discusión el acta acuerdo por el cual el gobierno provincial se compromete a otorgar en las cercanías tierra a 26 familias afectadas por el desalojo. Los municipios de San Pedro y B. de Irigoyen comprometieron soluciones con viviendas de madera, y asistencia hasta recuperar la producción el Ministerio del Agro.
En medio de la reunión llegaron 26 citaciones enviadas por el juez Cuenca de San Vicente para los campesinos. El Ministerio de Derechos Humanos, que no se animó a asistir a la reunión, fue comprometido a gestionar el cese de la causa ante el juez. Al mismo tiempo las familias abandonaron el corte de la ruta que llevaban en forma intermitente desde hace casi un mes. El día anterior en el marco de un paro y jornada de lucha llamada por la CTA se realizó un corte total de la ruta y en Posadas convocada por la CCC, el CTA, organizaciones sociales y partidos (PCR, PO, UP) se realizó un acto de repudio a la represión y en solidaridad con los campesinos desalojados. En horas de la tarde se organizó en la Facultad de Humanidades de la UNAM una charla y presentación de un video sobre la represión que congregó numerosos estudiantes. Todo este accionar conjunto y unido colaboró con el avance hacia la devolución de la tierra y vuelta a la producción por parte de los campesinos.
Fue una lucha muy dura y larga, pero el gobierno provincial quedó acorralado por el repudio al desalojo y la represión fascista. El anuncio del gobernador Closs el 1° de Mayo no descomprimió la situación porque, mintiendo sobre una supuesta “reforma agraria”, se vio forzado a anunciar que la provincia tomaría a su cargo las más de 30.000 has. ganadas con la lucha en la zona de Pozo Azul que consiguió la Ley de Arraigo y Colonización 4093 en el año 2004. Sólo se había mensurado el perímetro luego de casi 10 años. Ahora comprometió las mensuras y el avance en la ley. Dijo uno de los campesinos: “hace 10 años luchamos varios años y cortamos 45 días la ruta para conseguir la tierra con la Ley; ahora fueron necesarios 30 días de corte para que avance la aplicación; sólo ese lenguaje entiende este gobierno”. El camino a recorrer no será sencillo, y se necesitará el apoyo de todas las organizaciones populares y las organizaciones campesinas existentes como ocurrió ahora para enfrentar el desafío de organizar y asignar los lotes con la participación de los más de mil incluidos en la Ley. Para ello, como siempre ocurre intentarán crear conflictos y divisiones para diluir la lucha e impedir el avance. Ya lo han hecho estos años con el funcionamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar por medio de sus distintos coordinadores y políticas que apuntan a poner un “corralito“ a las organizaciones de campesinos, con supuesta democracia participativa, y encerrarlos en la lógica de los pequeños proyectos para algunos y los “foros” que la Secretaría financia, forzando que estén dirigidos por “amigos” subordinados a la Coordinación Provincial y Nacional de la Secretaría dirigida por Pérsico. En caso contrario los desarma o divide. En este caso no lo han logrado, y la lucha de los campesinos acompañados por otras organizaciones del campo, gremios y organizaciones sociales y políticas ha triunfado.
