La Agencia de Administración de Bienes del Estado inició un proceso para licitar 30.000 hectáreas de campos de las Fuerzas Armadas, cambiando la modalidad que existía hasta el año pasado, cuando el mismo Estado producía en esas tierras a través de un acuerdo con el INTA.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado inició un proceso para licitar 30.000 hectáreas de campos de las Fuerzas Armadas, cambiando la modalidad que existía hasta el año pasado, cuando el mismo Estado producía en esas tierras a través de un acuerdo con el INTA.
En 2013 el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) habían firmado un acuerdo para que las tierras de las Fuerzas Armadas sean producidas por el mismo Estado. Así, por ejemplo, en la campaña 2013/2014 se llevó adelante la siembra de 18.639 hectáreas en campos de las Fuerzas Armadas en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Para la campaña 2014/2015 se pasó a un plan de 24.060 hectáreas, con apoyo en la gestión y la administración de una empresa vinculada con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Ahora, el gobierno macrista decidió dar de baja ese convenio de 2013 y encarar un proceso de licitación a consorcios privados de un total de 30.000 hectáreas de las tres fuerzas.
De acuerdo al primer resultado de esa licitación, en el Campo General Paz del Ejército en Ordoñez, Córdoba, sobre 4.396,6 hectáreas para soja, se adjudicaron a Cresud 2.027,7 hectáreas y a MSU 2.073,1 hectáreas. Entre estos dos grupos monopolizaron el 93% del total. La primera empresa, ligada a IRSA, de la familia Elsztain (ver nota en página 10), cultivó en la campaña pasada en la Argentina 211.776 hectáreas, entre tierra propia y alquilada. Un monstruo semejante es MSU, de la familia Uribelarrea, que monopoliza en cultivos más de 150.000 hectáreas.
Al restante 7% sólo pudieron acceder a través de la licitación, Porcimonte SA, una firma regional, que hará 47,5 hectáreas y el productor Gabriel Caon, quien sembrará 248,3 hectáreas del cultivo.
Como se está viendo, al sacar al INTA de la gestión, sin una política que permita el acceso a esas tierras a pequeños y medianos productores, los beneficiarios de las licitaciones no podían ser otros que los grandes monopolistas de la tierra en Argentina, como son Elsztain y Uribelarrea.
