A diez años del primer cruce a Fray Bentos, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) difundió diez puntos que señalan la vigencia del reclamo que tuvo lugar debido a la presencia inconsulta e ilegal de Botna-UPM a orillas del río Uruguay.
A diez años del primer cruce a Fray Bentos, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) difundió diez puntos que señalan la vigencia del reclamo que tuvo lugar debido a la presencia inconsulta e ilegal de Botna-UPM a orillas del río Uruguay.
En el marco de una exitosa caravana que contó con la participación de varios miles de vecinos, junto al río y de cara a la empresa, la ACAG dio a conocer su proclama en la cual volvió a manifestar la falta de respuestas a una lucha que no tiene más dueño que al pueblo de Gualeguaychú.
Proclama completa
“Han pasado diez años y hoy, como ayer, nuestra lucha sigue siendo por la vida. Por el derecho irrenunciable de vivir en un ambiente sano y es nuestra obligación para con las generaciones futuras de que dispongan de un mejor ecosistema. Por eso, esta bandera no conoce de fronteras y sí de hermandades. Debe unir a los pueblos y no separarlos.
Nuestra interpelación está dirigida a ambos gobiernos, para que asuman la real representación de su pueblo y no terminen siendo meros administradores de poderosos intereses económicos bajo las promesas de mejor futuro que solo traen aparejadas más pobrezas y dramas sociales. Cuando quienes deben hacerlo no lo hacen, los pueblos se movilizan, por eso hoy aquí como hace diez años reclamamos:
1. El 4 de octubre de 2003, el presidente municipal de Gualeguaychú, acompañado por numerosos ciudadanos, se presentó ante las autoridades uruguayas. Expresaron el rechazo a la instalación de plantas de celulosa en esta región, que se venían anunciando desde distintas empresas y países. Similar presentación fue realizada ante las autoridades argentinas Hemos avanzado desde entonces en la información sobre las consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana y llegamos a la conclusión que Gualeguaychú no aceptará nunca un emprendimiento que es ilegal y contaminante.
2. En todas las instancias y lugares, donde pudimos, hemos expresado una y mil veces y de múltiples maneras, tanto a las autoridades Uruguayas como a las Argentinas y a las de otras Instituciones del mundo, como a la ciudadanía en general, las razones que avalan nuestra postura. Todas basadas en que Botnia contamina.
3. El gobierno uruguayo ha tenido siempre oídos sordos a nuestros reclamos. Ha sostenido una permanente actitud de exaltar las supuestas bondades de estas fábricas y hasta ha dado informaciones inexactas a su pueblo respecto al carácter contaminante de Botnia-UPM.
4. El presidente de la ROU (José Mujica) reconoció recientemente en forma pública que Botnia-UPM contamina, al decir que “si se disminuye la cantidad de fósforo que emite la planta será menor la contaminación producida”.
5. También el canciller Héctor Timerman ha reconocido tardíamente los índices de contaminación. Ocultando durante mucho tiempo datos que se conocían y que no fueron suministrados a la población afectada y a los sectores interesados.
6. Por esos motivos, nos oponemos a que se autoricen mayores niveles de producción a una empresa que de por sí contamina con los actualmente autorizados por el gobierno uruguayo. También rechazamos la instalación de nuevas plantas de celulosa en la cuenca del río Uruguay.
7. Responsabilizamos una vez más al gobierno uruguayo y a la empresa Botnia-UPM, por la contaminación ambiental producida y por la afectación de la salud humana (como se demostró recientemente al tener que evacuar personas de urgencia por organismos de salud de ambos países), y por la tendenciosa información que sobre la misma brindan al pueblo uruguayo. Res- ponsabilidad que también le cabe a nuestro gobierno.
8. Pedimos una vez más al gobierno argentino que actúe con firmeza y responsabilidad, priorizando la salud de los habitantes y del río. Condenamos la actitud de haber ocultado información durante tanto tiempo, bajo excusas absolutamente injustificadas y pretendiendo ignorar que Botnia-UPM contaminaba. Nos solidarizamos con los asambleístas denunciados y querellados injustamente por el Gobierno ante la Justicia Federal. Impugnamos la tardanza en haber reconocido la afectación que sufre nuestro río Uruguay, luego de varios años de conflicto en los que se omitió actuar en defensa de la salud pública como del ecosistema. Exigimos en defensa del derecho humano a vivir en un ambiente sano y que despliegue un accionar concreto y efectivo, que supere los discursos y deje de lado las debilidades exhibidas frente a los atropellos uruguayos.
9. La Caru no puede ser un organismo burocrático e indolente, que en vez de administrar el río se conforma con administrar la contaminación. Debe, entre otras cosas, incluir su apertura a la participación ciudadana y que garantice el derecho de acceso a la información pública, garantizando el acceso a la información pública, encargándose de cumplir activa y públicamente con el mandato del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, junto al Comité Científico y examinar y controlar como allí se dispuso.
10. Este conflicto solamente terminará cuando se erradique la planta de Botnia-UPM y desaparezca la causa que perjudica la unión de dos Pueblos hermanos”. Sí a la vida-Fuera Botnia-UPM de la cuenca del Río Uruguay.
Asamblea Ciudadana
Ambiental Gualeguaychú
